El trabajo se acumula en el juzgado de la dana: más de 100 testigos y riesgo de cuatro funcionarias menos

La causa judicial que investiga la gestión de la dana acumula ya abundante documentación sobre lo ocurrido el fatídico 29 de octubre de 2025. La jueza instructora, Nuria Ruiz Tobarra, ha tomado declaración ya a más de medio millar de personas, entre afectados, familiares, peritos, testigos e investigados. Pero el trabajo en una macrocausa como esta no cesa. La magistrada ha prorrogado la instrucción durante al menos seis meses ante la cantidad de testificales todavía pendientes y las diligencias todavía por practicar.

En total, hay más de un centenar de testigos que todavía han de pasar por el juzgado de Catarroja para prestar testimonio. Altos cargos del Gobierno Valenciano, alcaldes de casi una treintena de localidades afectadas por las inundaciones, trabajadores del departamento de Emergencias de la Generalitat Valenciana, bomberos forestales o técnicos de la Confederación Hidrográfica del Júcar (CHJ) constituyen la nómina de testigos que, algunos con fecha y otros sin ella, siguen a la espera de desfilar ante la magistrada.

En el Consell, quizá las figuras más destacables que todavía no han ido a declarar son las de la vicepresidenta y exconsellera de Servicios Sociales, Susana Camarero, en relación con los 37 fallecidos usuarios de la teleasistencia que murieron en la dana, así como el secretario autonómico de Familia y Servicios Sociales, Ignacio Grande, que se quedó conectado al Cecopi cuando la consellera se fue a un acto de premios de la patronal valenciana aquella tarde. También la entonces portavoz y consellera de Hacienda, Ruth Merino, que acompañó al entonces president, Carlos Mazón, en la reunión con los sindicatos el mediodía del 29 de octubre.

En cuanto a la Conselleria de Emergencias -en aquel momento, Conselleria de Justicia- está previsto que comparezcan tanto la exdirectora general de Prevención de Incendios Forestales, Rosa Tourís, como el coordinador de medios naturales de la Agencia Valenciana de Seguridad y Respuesta a las Emergencias, Luis Saenz, cuya testifical está señalada para el próximo 23 de abril. También pasará a declarar el subdirector general de emergencias, Jorge Suárez, que ya ha comparecido una vez en la causa de la dana, dividida en dos jornadas al ser su testifical especialmente relevante, pues era el técnico de mayor rango presente en el Cecopi, por debajo de la exconsellera Salomé Pradas y el 'número dos' de Emergencias, Emilio Argueso. La jueza le ha citado el próximo 4 de mayo para que aclare detalles sobre las revelaciones de los últimos cuatro meses en la investigación.

Siguen pendientes de señalamiento otros testigos como el jefe de prensa de Pradas, Héctor González, dos periodistas del equipo de prensa de Emergencias, el chofer de la exconsellera de Interior y el jefe de prensa de la Diputación de Valencia, Vicent Tafaner, que acompañó aquel día al president de la corporación provincial, Vicent Mompó.

27 alcaldes y alcaldesas, y trabajadores de la CHJ y la Generalitat

En esta situación se encuentran un total de 25 alcaldes y alcaldesas, y dos ex regidoras, de los principales municipios afectados por la dana del 29 de octubre. Esta semana, la jueza de la dana abrió el turno de los responsables locales con la citación del alcalde de Utiel, Ricardo Gabaldón, para el próximo 7 de mayo, y de la exalcaldesa de Chiva, Amparo Fort, para el día 22 del mismo mes El resto de primeros ediles siguen sin señalamiento para sus comparecencias.

Entre ellos destaca, por ejemplo, la alcaldesa de València, María José Catalá; la alcaldesa de Torrent, Amparo Folgado; el de Alfafar, Juan Ramón Adsuara; o el alcalde de Aldaia, Guillermo Luján. También están citados la alcaldesa de Quart de Poblet, Cristina Mora; el alcalde de Riba-roja de Túria, Roberto Raga; o el de Cullera, Jordi Mayor. La que fuera primera edil de Requena, Rocío Cortés, que abandonó su cargo tras una moción de censura, deberá comparecer también. A ellos se suman los alcaldes de Algemesí, Carlet, Picanya, Paiporta, Catarroja, Sedaví, Massanassa, Benetússer, l'Alcúdia, Guadassuar, Cheste, Turís, Pedralba, Montserrat, Godelleta y Sot de Chera.

Por otro lado, tras una primera negativa por parte de la jueza a indagar en la actuación de los agentes medioambientales de la Confederación Hidrográfica del Júcar (CHJ), en cuanto a la vigilancia de barrancos el día de la dana, la Audiencia consideró que sería útil. Tras ello, la magistrada ha llamado a declarar como testigos a una decena de agentes, de los cuales solo cuatro tienen fecha para el próximo 12 y 15 de mayo.

El juzgado de Catarroja seguirá viendo pasar trabajadores de la administración autonómica también. Hay una docena de bomberos forestales, dependientes de la empresa pública de bomberos, la SGISE, a la espera de declarar, entre ellos un jefe de Bomberos de Alzira, que deberá comparecer por segunda vez el 8 de mayo para aclarar qué quería decir cuando le dijo en febrero a la exconsellera Pradas que a ella le habían "cortado las alas" sus "jefes". Además de él, está prevista la declaración de otros dos agentes el 13 de mayo. A ellos se suman otros 21 agentes medioambientales dependientes de la Conselleria de Medio Ambiente que no tienen fecha, y una trabajadora del 112 que pasará a testificar el 27 de abril.

Asimismo, la jueza tomará declaración el 15 de abril a la meteoróloga de À Punt Victoria Roselló, que advirtió aquella jornada de los peligros que acarreaba el temporal. Lo hará también el día 20 de abril con la jefa de Protección Civil del Gobierno, que aquella tarde planteó a la jefa de servicio de Emergencias el envío del ES Alert sobre las 18.30 horas, hora y media antes de que se enviara. La directora de un centro de día de Picanya, que acabó inundado por la riada, completa la larga nómina de testificales pendientes, en este caso tendrá lugar el 25 de mayo.

Los cuatro funcionarios

Mientras, la jueza de la dana se encuentra ante el riesgo de perder, al menos temporalmente, a cuatro funcionarias que trabajan en las tramitaciones relativas a la macrocausa, que cuenta con una cuarentena de acusaciones, además de las defensas de los dos investigados. La Conselleria de Justicia ha decidido no prorrogar 200 plazas de refuerzo que están vigentes hasta finales de junio para estabilizar las plazas, entre ellas cuatro de las cinco que estaban adscritas a los juzgados de Catarroja. Una decisión que genera incertidumbre sobre qué pasará cuando las interinas abandonen sus plazas.

La jueza emitió un auto este viernes considerando que prevé una "gran dilación" en la instrucción de la causa de esta "supresión". "La eliminación prácticamente total de medios personales y la insuficiencia de los medios materiales afectan ineludiblemente a la instrucción del procedimiento", señaló en su resolución judicial, donde acordó el cese de las transcripciones de las declaraciones testificales, que a partir de ahora solo dejarán constancia mediante grabación. La Conselleria asegura que, una vez expiren las plazas de refuerzo, se crearán plazas estructurales que se cubrirán con comisiones de servicio cuyos plazos se acortarán "al máximo".