Dolors López pide reuniones con los grupos en el Congreso contra la discriminación económica a los familiares de muertos por suicidio

"Si el suicidio ya parte tu vida en dos, no se puede cargar económicamente a las familias". Con esas palabras anunciaba la activista contra el tabú del suicidio Dolors López hace escasos meses una campaña de recogida de firmas para modificar la Ley de Contrato de Seguros. En concreto, su artículo 93, que permite a las compañías aseguradoras no abonar la indemnización por suicidio a los familiares si el suceso se da en el primer año después de haber contratado la póliza. 

La recogida de firmas no ha llegado al mínimo requerido de medio millón para que se tramite en el Congreso de los Diputados, pero López, autora de varias guías de prevención frente al suicidio, activista para erradicar su estigma y madre de una niña que decidió acabar con su vida, busca ahora abrir otras vías y pide reuniones a los grupos parlamentarios para poder modificar la norma.

Una ley que data de 1980

“Salvo pacto en contrario, el riesgo de suicidio del asegurado quedará cubierto a partir del transcurso de un año del momento de la conclusión del contrato”. Es lo que especifica el artículo 93 de la Ley 50/1980, de 8 de octubre, de Contrato de Seguro. Eso implica que, si la persona que muere ha contratado un seguro menos de un año antes de acabar con su vida, sus familiares no reciben el pago de la indemnización. 

Esa opción, la de excluir a los familiares del cobro, no está prevista en caso de ningún otro tipo de muerte lo que, para Dolors López, es una muestra más de la estigmatización que todavía hoy rodea al problema social del suicidio.

“El suicidio sigue siendo un tabú que está en la base del reproche moral y social de la comunidad”, lamentaba López cuando presentó la campaña de recogida de firmas. “Esta razón puede estar influyendo, sin explicitarlo, en que en distintos países y códigos jurídicos (entre ellos España) se contemple en el suicidio la posibilidad de un fraude en el seguro”, añade.

Pide que se cubra desde la firma del seguro

Ese periodo de carencia previsto en la norma, que data de 1980, tiene incluso más consecuencias. “Hay aseguradoras que, amparándose en eso, directamente no pagan aunque haya transcurrido el año”, denuncia, y considera que la discriminación que ello supone “atenta contra los derechos de la ciudadanía”.

Por eso, la activista -y desde principios de año, concejal socialista en el Ayuntamiento de València-, propone una nueva redacción para el artículo 93: “El asegurador deberá cubrir el riesgo de suicidio del asegurado desde el momento de la entrada en vigor del contrato de seguro de vida. Esta cobertura será aplicable independientemente de cualquier condición o cláusula adicional prevista en el contrato, salvo aquellas condiciones que se refieran a la comprobación de la veracidad de la información proporcionada por el asegurado en la declaración inicial del estado de salud”.

Solicita reuniones con los grupos

La iniciativa no ha llegado al mínimo requerido de firmas, 500.000, para que su toma en consideración sea debatida en el Congreso de los Diputados. Aun así, López ha acudido este lunes a la Oficina del Censo Electoral, en Madrid, para depositar las firmas que ha recogido, que son miles aunque prefiere no indicar la cifra exacta. Cree que el hecho de no haber llegado a esa cifra es un indicador más de “la alarmante persistencia del tabú en torno al suicidio que aún tenemos como sociedad”.

Pero no tira la toalla: pide ahora reunirse con los representantes de los grupos en la Cámara Baja para explicar su propuesta y que pueda llegar al Pleno por otra vía. “La ILP pretendía corregir una injusticia, y abordar en un debate el espanto del suicidio”, indica. E insiste en que no se puede mirar hacia otro lado ante “la desgarradora realidad de 11 personas de promedio que se quitan la vida cada día en España”.

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