Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Unos 100.000 migrantes de la Comunitat Valenciana tienen dos meses y medio para regularizar su situación

El Gobierno aprueba la regularización administrativa extraordinaria de personas migrantes que ya residen en España y autoriza a entidades sociales a realizar los trámites

La apertura del plazo de solicitudes será el próximo jueves 16 de abril de manera telemática. El sistema de cita previa para la tramitación presencial de solicitudes se habilitará ese mismo día, si bien la atención presencial comenzará el lunes 20 de abril

Manifestación por los derechos de las personas migrantes, en Valencia.

Manifestación por los derechos de las personas migrantes, en Valencia. / Francisco Calabuig / LEV

Mónica Ros

Mónica Ros

València

Dos meses y medio. Del 16 de abril al 30 de junio. Ese es el plazo que tienen las 100.000 personas migrantes que viven en la Comunitat Valenciana de manera irregular para conseguir los "papeles". El Consejo de Ministros ha aprobado el Real Decreto que dará comienzo al proceso de regularización administrativa extraordinaria para miles de personas migrantes que ya residen en España. La norma se publicará en el Boletín Oficial del Estado el miércoles 15 de abril, y entrará en vigor al día siguiente de su publicación, el jueves 16.

De esta forma arranca el procedimiento para que aquellas personas que se encuentran en situación administrativa irregular y aquellas que han solicitado protección internacional puedan acceder a una autorización de residencia y trabajo legal siempre que cumplan los requisitos. Este permiso tendrá una vigencia inicial de un año que luego hay que renovar.

Los requisitos

Los solicitantes tendrán que acreditar encontrarse en el país desde antes del 1 de enero de 2026 y haber permanecido en España de forma ininterrumpida al menos cinco meses antes del momento de presentación de la solicitud. Además, será requisito imprescindible carecer de antecedentes penales y no suponer una amenaza para el orden público, la seguridad pública o la salud pública.

La ministra, Elma Saiz, ha declarado que "con este proceso se pretende garantizar los derechos de las personas migrantes y dotar de seguridad jurídica al sistema" y ha recordado que "el plazo estará abierto hasta el 30 de junio".

Silvana Cabrera, miembro de Regularización YA, advierte que la cifra de personas a las que afectará el proceso de regularización es de difícil estimación tras los movimientos de población posteriores a las catástrofes climáticas y a la búsqueda de empleo (temporeros). Sin embargo, los investigadores de la Universitat de València (UV) o de la Universidad de Alicante apuntan a que entre un 10% y un 12% de los extranjeros empadronados carecen de papeles en regla. Solo en la provincia de València serían en torno a 40.000 y en la Comunitat Valenciana se estima que la cifra alcanza los 100.000.

El sector primario español ha aplaudido la regularización extraordinaria de medio millón de migrantes aprobada por el Gobierno ante la falta de mano de obra en un sector que es difícil de entender sin empleados extranjeros; ya suponen el 37 % de afiliados al sistema agrario. De hecho, la Comunitat Valenciana es la tercera autonomía con mayor número de afiliados extranjeros al SEA, en concreto, 27.662 personas

Desde el movimiento Regularización YA afirman que este proceso es una cuestión de justicia, pero también de cohesión social y salud económica. Sin embargo, conocen el sistema y saben que está saturado. Alertan de que las oficinas de Extranjería de València y Alicante ya están saturadas, y que una regularización masiva sin un refuerzo de personal podría frustrar las expectativas de las miles de personas.

Asociaciones y ONG para tramitar expedientes

Ante esta situación, el ministerio ha decidido habilitar como "entidades colaboradoras" a asociaciones que trabajan con el colectivo vulnerable para que puedan presentar los expedientes en la plataforma habilitada para la administración y para los abogados de extranjería. Eso sí, sin pago alguno lo que ha generado "que muchas entidades no se hayan presentado porque al final es mucho trabajo pero es una oportunidad que no podemos perder".

El proceso de regularización estatal ya tuvo un ensayo general durante la dana del 2024. El temporal dejó al descubierto la vulnerabilidad extrema de las 40.000 personas en situación irregular que residían en la "zona cero". La imposibilidad de acceder a ayudas públicas por carecer de un NIE forzó a la Delegación del Gobierno a realizar una regularización extraordinaria. Sin embargo, y aunque se estimaba que la medida afectaría a 40.000 personas, solo la consiguieron 23.000 afectados principalmente por la obligación de presentar el certificado de empadronamiento, documento que se consideró indispensable.

Suscríbete para seguir leyendo

Tracking Pixel Contents