Asociaciones contra la ludopatía piden vetar salones de juego a menos de 850 metros de parques y academias

Más limitaciones para el sector que las planteadas por la Conselleria de Hacienda en su actualización del decreto sobre el Juego. Es la petición hecha vía alegaciones por parte de la Red de Atención a las Adicciones, UNAD, una ONG constituida en 1985, que interviene en el ámbito de las adicciones con y sin sustancia y los problemas que derivan de ellas y entre estas está la ludopatía. De ahí las peticiones de cambio de la normativa que se encuentra en exposición pública y sobre el que la entidad reclama "actuar con mayor contundencia, priorizando la salud pública sobre la mera ordenación del sector".

"Consideramos que el Proyecto de Decreto no desarrolla de forma suficiente el mandato de la Ley 1/2020", señala la organización integrada por ocho asociaciones dedicadas a la lucha contra la ludopatía. Así, incide en que el texto actual "parece limitarse a una continuidad de las restricciones existentes en lugar de introducir instrumentos efectivos de planificación territorial que reduzcan la exposición real de la ciudadanía a posibles problemas o adicción al juego". Cabe recordar que entre sus medidas está prohibir nuevas licencias de bingos, salones de juego o máquinas tipo B (las comúnmente conocidas como “tragaperras” ) en hostelería.

En este sentido, y para evitar que el desarrollo reglamentario "no sea una oportunidad perdida para revertir la sobreexposición que sufren especialmente los barrios más vulnerables", una de las principales peticiones de sus alegaciones es ir más allá de lo que la ley del Botànic de 2020 llegó a plasmar. En esta, una de las grandes novedades fue la fijación de una distancia mínima de 850 metros entre los salones de juego y los institutos donde se impartiera Secundaria y Bachillerato así como los centros de salud, lo que impedía instalar nuevo e impedía la renovación de las licencias que decayeran, algo que PP y Vox cambiaron en 2023 permitiendo extender su autorización.

Ahora, a esta limitación, la Red de Atención a las Adicciones quiere añadir "otros espacios frecuentados por menores, tales como centros de ocio juvenil, instalaciones deportivas, parques y espacios públicos de uso habitual por población infantil y adolescente, centros de protección de menores, ludotecas, escuelas deportivas, academias de formación no reglada y centros culturales", un cambio que iría "en coherencia con los principios del artículo 3 y artículo 4 de la Ley 1/2020".

Las peticiones de modificación no quedan ahí. Esta entidad también reclama que se desarrolle uno de los mecanismos que se fija en la norma autonómica y de la que no hace mención el decreto: la declaración de zonas saturadas de establecimiento de juego. "La ausencia de esta figura consolida desigualdades territoriales en la exposición al juego, afectando especialmente a los entornos más vulnerables", justifica la asociación que además del desarrollo reglamentario de esta declaración, pide que en estas se suspendan las autorizaciones y se fijen "criterios objetivos de densidad poblacional y de vulnerabilidad socioeconómica del entorno".

"Impacto limitado"

Uno de los puntos que cambia el decreto que está impulsando el Consell es la prohibición de nuevas autorizaciones de máquinas de tipo B destinadas a locales de hostelería y similares. La asociación destaca la medida, pero agrega que su alcance "es limitado al no afectar al parque existente". Así, y dado que en estos locales "no hay control de admisión", la organización propone introducir "mecanismos efectivos de control en las máquinas situadas en locales de hostelería", un plan de limitación progresiva de estas máquinas y una "revisión del régimen de activación/desactivación previsto en la normativa sectorial".

Por último, esta organización afea que el decreto no incorpore algunas de las obligaciones establecidas en la ley "como los sistemas de detección precoz de conductas de riesgo, los protocolos de intervención y las obligaciones reforzadas para los operadores de juego" y considera que el plazo de cinco años previsto para que se realice un informe sobre el impacto del sector "resulta excesivo dado el carácter dinámico y la rápida evolución de los patrones de consumo" por lo que "se solicita la reducción del plazo de evaluación y el establecimiento de mecanismos de revisión periódica para garantizar la eficacia de la norma".

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