La Diputación de Valencia pone en marcha la oposición para 66 plazas de administrativo

La Diputación de Valencia tiene prisa para sacar a oposición libre 66 plazas de administrativo en la institución provincial. Menos de dos semanas después de publicar el decreto que tumbaba el proceso selectivo por las irregularidades en las bases de las que había advertido Intersindical, el equipo de gobierno ya ha puesto en marcha la maquinaria para cubrir las 47 plazas C1 que se habían anulado, correspondientes a las ofertas de 2023, 2024 y 2025, y añadiendo además las de la oferta de 2026. Así las cosas, la oferta acumulada será de 66 plazas.

La mesa de negociación con los sindicatos abordó con los responsables de personal esta convocatoria en una reunión el pasado 9 de abril. Recursos Humanos está ultimando la confección de las bases, con las observaciones de los sindicatos, y se prevé que en los próximos días se apruebe el decreto de Presidencia y se publique en el Boletín Oficial de la Provincia (BOP) y en el Boletín Oficial del Estado (BOE).

Esta convocatoria ha despertado mucho interés entre los opositores a la administración de la provincia de Valencia. Fueron 6.000 personas aproximadamente las que optaban a las 47 plazas en el proceso selectivo del que finalmente se desistió.

Cabe recordar que aquella marcha atrás llegó después de que Intersindical presentara un contencioso señalando irregularidades en las bases. La intención inicial del área de personal era abrir estas plazas con un único examen teórico tipo test. La central sindical recordó que la normativa obliga a que al menos haya dos exámenes, un teórico y un práctico. Entendía además que esa fórmula supondría un agravio para funcionarios que entraron en convocatorias anteriores sometiéndose a procesos mucho más duros, de hasta tres y cuatro exámenes. Pero, además, sostenía que se quebraba el principio de mérito y capacidad.

Aquel proceso selectivo, el 3/25, se convocó el pasado 14 de noviembre. El 27 de noviembre hubo recurso de reposición contra las bases, que se estimó parcialmente, y que motivó que a principios de enero se planteara un segundo examen práctico, pero también de tipo test.

Sin embargo, no se modificaron las bases; ni se aclaraba a qué parte del temario correspondería el segundo ejercicio; ni si se podría llevar o no legislación; ni se abría de nuevo el plaza pese a haber modificado el proceso, alegó el sindicato. Eso llevó a STAS a acudir a la vía contencioso-administrativa al entender que no modificar las bases pese a haberse estimado las alegaciones creaba inseguridad jurídica.

Ahora, tras la marcha atrás y el replanteamiento de las bases se confía en que todo se acelere. Sobre todo teniendo en cuenta que el calendario electoral está en marcha y que la legislatura va a entrar en su último año. No suele ser habitual. De hecho, los procesos se suelen dilatar. Precisamente se están incorporando aún administrativos de la oferta de 2018, cuyo examen se celebró durante la pandemia en el estadio del Levante UD, hace ya cinco años.

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