Las víctimas de la dana piden "medios suficientes" para el Juzgado de Catarroja: "Necesitamos creer en la justicia"

El primer punto del manifiesto es claro: refuerzo de medios para la investigación judicial. Así lo detalla el documento que las tres asociaciones mayoritarias de víctimas de la dana llevaron a la reunión con el ministro de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños, en su reunión de esta semana. En concreto, piden "todos los recursos nevesarios" para el Juzgado de Catarroja encargado de la instrucción.

"Solo garantizando medios suficientes —personales, técnicos y materiales— se podrá desarrollar una investigación rigurosa, ágil y a la altura de la gravedad de los hechos", destacan en el manifiesto, que han hecho llegar este viernes a los medios.

Los recortes de funcionarios que la Generalitat proyecta en toda la Comunitat, con el cese de más de 200 empleados públicos al terminar un refuerzo temporal, indicaban que habría problemas en el juzgado de Catarroja. Pero la consellera de Justicia, Nuria Martínez, aseguraba: "seguiremos dando el soporte que precisa el juzgado de Catarroja con los medios materiales y recursos humanos necesarios para garantizar la correcta instrucción de la causa".

"La ciudadanía necesita creer en la justicia"

En el segundo de los puntos del manifiesto, defienden "una justicia independiente y creíble". "La ciudadanía necesita creer en la justicia. Y para ello es imprescindible que esta actúe sin interferencias políticas y sin ser utilizada como un instrumento para conseguir en los tribunales lo que no se logra en el ámbito político", destacan desde la Asociación de Víctimas Mortales Dana 29-O, la Associació Víctimes Dana 29 d'octubre de 2024 y la Asociación Damnificados Dana Horta Sud, que firman conjuntamente el manifiesto.

A juicio de las tres, "en los últimos tiempos, estamos asistiendo a una preocupante dinámica en la que procedimientos judiciales se alargan, se reabren o se impulsan incluso con bases muy discutidas o con escasos indicios, mientras que en otros casos, como el que nos ocupa, se levantan obstáculos que dificultan avanzar en la investigación".

"Esto alimenta una sensación social de desigualdad y arbitrariedad que erosiona la confianza en el sistema judicial. La justicia no puede convertirse en un “culebrón” ni en un espacio de confrontación permanente. Necesitamos una justicia en la que confiar, que no haga política judicial ni justicia política", indican.

El aforamiento de Mazón

Ya en declaraciones a las puertas del Congreso de los Diputados, Mariló Gradolí afirmaba este miércoles: "No puede haber aforamientos y este no puede ser una protección personal y que esté por encima de un derecho constitucional de tutela efectiva de las víctimas". En esta línea, y con el caso del expresident Mazón en mente, el tercero de los puntos es la revisión del uso de los aforamientos. "Queremos trasladar también nuestra profunda preocupación por el uso y la interpretación del aforamiento en este caso, en un momento en el que nos encontramos a la espera de la resolución del recurso de súplica ante el Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana", dicen.

Sobre los aforamientos en general, las tres asociaciones consideran que "es una garantía procesal, no un mecanismo de protección personal" y que su aplicación no puede desvirtuar su finalidad ni convertirse en un privilegio. "No entendemos que el Tribunal Superior de Justicia haya eximido de facto de la posición de garante a Carlos Mazón sin haberse completado la fase de instrucción", destacan en este sentido.

"Entendemos que Mazón debería estar siendo investigado"

Además, critican que el TSJCV haya optado por no asumir formalmente la causa, "pero al mismo tiempo haya realizado valoraciones sobre el fondo". "Esta actuación, ambigua y contradictoria, genera una situación de inseguridad jurídica que consideramos inaceptable y que interpretamos como una maniobra que deja al investigado en un limbo de protección mientras se cuestiona el trabajo de la jueza instructora y las legítimas reivindicaciones de las víctimas", reprochan.

"Queremos ser claros: entendemos que Carlos Mazón debería estar siendo investigado. No estamos juzgando ni señalando culpabilidades, porque sabemos que nos encontramos en fase de instrucción. Pero precisamente por ello, recordamos que la elevación de la causa al Tribunal Superior de Justicia por parte de la jueza instructora responde a la existencia de indicios que justifican su investigación", resume.

En conclusión, interpretan "las maniobras procesales orientadas a modificar este escenario como intentos de asegurarse una protección y una seguridad que no tuvieron las 230 personas que perdieron la vida el 29 de octubre".

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