PP y Vox exportan a Extremadura el pacto valenciano

La música y la letra del pacto de gobierno sellado entre PP y Vox en Extremadura para investir a la popular María Guardiola como presidenta de la Junta suena casi a plagio en la Comunitat Valenciana, donde ambas formaciones han ido acordando medidas prácticamente calcadas en los últimos tiempos. De hecho, el documento firmado este jueves confirma que ese "modelo propio de relaciones con Vox" del que presume el PP valenciano comienza a exportarse a otros territorios donde estos dos partidos se necesitan para gobernar y, de alguna manera, pone negro sobre blanco el acuerdo alcanzado entre populares y voxistas para investir a Juanfran Pérez Llorca tras la dimisión de Carlos Mazón por la dana, que nunca llegó a plasmarse en un papel.

Como quería el president, no hay documento tangible de aquel pacto que le sirvió al PP para evitar las urnas en un momento en el que las encuestas detectaban una fuerte caída tras la crisis de credibilidad de Mazón. Pero muchas de las políticas que han ido acordando ambos partidos en las Corts desde entonces quedan ahora recogidas en el pacto extremeño. Como en el territorio valenciano, y pese a las diferencias sociodemográficas con Extremadura, Vox impone al PP un giro hacia las posiciones más radicales en inmigración, plantea profundas rebajas fiscales y exige un rechazo expreso al pacto verde europeo, al que el PP da apoyo en Bruselas, así como un apoyo expreso a las nucleares, con reducción de impuestos incluida como la ya aprobada por Mazón a Iberdrola.

Inmigración

Uno de los ejes centrales del acuerdo en Extremadura es el rechazo frontal a la inmigración. Vox deja su sello como también está haciendo en la C. Valenciana, donde está imponiendo sus tesis más duras sin que el PP de Llorca le frene los pies. “No más menores extranjeros no acompañados”, reza el título del primer punto de este apartado. Como Llorca, Guardiola transige y acepta "oponerse por todos los medios legales, jurídicos y políticos a cualquier mecanismo de reparto de inmigrantes ilegales" y no habilitar "ni una plaza más" de acogida.

También se comprometen a impulsar programas de retorno de los menores a sus países de origen, alegando que “deben estar con sus padres”; a “endurecer” el tratamiento "disciplinario" que reciben los chavales tutelados; a realizar pruebas de edad; a la "supresión total de subvenciones a ONG que favorezcan la inmigración ilegal" y a prohibir el burka y el nicab en espacios públicos. Medidas idénticas o muy similares en espíritu a las acatadas por el PP en la C. Valenciana.

Nucleares y campo

El acuerdo deja también patente la predilección de Vox por el voto del campo y su rechazo a la Agenda 2030 y el Pacto Verde Europeo, que ahora impone también al PP. Además de hacerse con la consejería de Agricultura (que también ocuparon en el Consell a inicio de legislatura), el acuerdo implica "blindar" la central de Almaraz y la eliminación de la ecotasa, aspectos ya consensuados en la C. Valenciana, donde PP y Vox han reafirmado su apoyo a Cofrentes y el Consell renunció a 14 millones de euros de recaudación por ese impuesto a Iberdrola.

Igualmente, el acuerdo extremeño replica otra de las exigencias de Abascal para investir a Llorca: la construcción de "embalses, presas, canales" y otras infraestructuras hidráulicas. En un plano más retórico, acuerdan manifestar un "rechazo explícito" a acuerdos europeos como Mercosur o el Pacto Verde Europeo.

Rebajas fiscales, desregulación y recorte a agentes sociales

Otro punto de evidente coincidencia con los acuerdos alcanzados por PP y Vox en la C. Valenciana es el impositivo. Ambas formaciones han aprobado de la mano numerosas rebajas de impuestos desde el inicio de la legislatura y así prevén hacerlo también en Extremadura. En concreto, han pactado reducir el IRPF de forma "progresiva", el impuesto de Sucesiones y Donaciones y el de Actos Jurídicos Documentados, todos ellos rebajados por la Generalitat.

También se exporta el espíritu desregulatorio demostrado por PP y Vox en territorio valenciano, que recaerá en Vox según el pacto de Extremadura. La Vicepresidencia y Consejería de Desregulación, Servicios Sociales y Familia "eliminará trabas burocráticas y administrativas y simplificará procedimientos y eliminará duplicidades". Igualmente, acuerdan otro aspecto ya ejecutado en la C. Valenciana: recorte de subvenciones a patronal y sindicatos, así como la "reducción al mínimo legal" de las ayudas a la cooperación internacional.

"Prioridad nacional" en ayudas o vivienda

Hay algunas excepciones, ya que Vox ha impuesto a Guardiola algunos puntos que no ha logrado introducir en las Corts. Por ejemplo, la "prioridad nacional" en las ayudas sociales o el acceso a la vivienda. En el reciente acuerdo sobre inmigración sellado en el parlamento valenciano, el PP negoció la retirada del punto en el que se pedía instar al Gobierno a dar preferencia a los españoles sobre los extranjeros.

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