El PSPV eleva al TSJ la "opacidad" del conseller Marciano Gómez por el gasto a la sanidad privada

Los socialistas en las Corts han elevado al Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana el reparto de fondos a la sanidad privada que el Consell ha realizado y del que no ha dado explicaciones en la cámara valenciana. Así, se ha presentado ante el órgano judicial un recurso contencioso-administrativo de protección jurisdiccional de derechos fundamentales tras la negativa del conseller Marciano Gómez a informar a las Corts de esos pagos a empresas privadas a las que se han derivado operaciones, pruebas diagnósticas y lectura de informes en los ejercicios de 2024 y 2025.

La portavoz de Sanidad en las Corts, Yaissel Sánchez, afirma que es "políticamente inadmisible que haya un solo euro de dinero público que el Consell de Pérez Llorca no quiera decir en qué bolsillos privados los ha metido. No podemos tolerar esa opacidad con el dinero público, no es de recibo", ha señalado.

La parlamentaria ha recordado que el 24 de febrero registró varias solicitudes de documentación para que la Conselleria de Sanidad le informara sobre las cantidades económicas abonadas a cada uno de los centros sanitarios privados por la derivación de intervenciones quirúrgicas, la realización de pruebas diagnósticas y las lecturas e informes vinculados a pruebas, en 2024 y 2025. En la solicitud, teniendo el cuenta “la trayectoria obstruccionista y de opacidad del conseller”, ya se especificaba que esta información no está accesible en la Plataforma de Contratación del Estado y por ello se reservaba las acciones legales en caso de que Marciano Gómez se negara a aportar esa información.

Con fecha 2 de abril, transcurridos un mes y una semana, la parlamentaria recibió la respuesta del conseller, en la que agrupa esas tres solicitudes y otras dos para, contestando parcialmente a estas últimas, "intentar maquillar su negativa a aportar los datos económicos a los que la diputada tiene derecho", tal como determina el artículo 12 del Reglamento de las Corts, que señala que los parlamentarios, para esa labor de fiscalización que tienen encomendada, "tendrán la facultad de recabar los datos, informes y documentos administrativos, en papel o en soporte informático, de las administraciones públicas de la Generalitat, que obren en poder de éstas y de las instituciones, organismos y entidades públicas empresaria les dependientes de la misma".

Un precepto "con rango de ley", subraya Yaissel Sánchez, que el conseller "ha vulnerado flagrantemente". En su respuesta, afirma que, respecto a las cantidades económicas abonadas por la derivación de operaciones, pruebas diagnósticas y lectura o informes sobre pruebas, "hay que aclarar que durante el año 2025 se pudo incrementar la dotación presupuestaria inicial, lo que permitió poder pagar parte de las facturas del ejercicio anterior y hasta noviembre del propio año 2025, lo que hace complejo poder desglosar, como solicita su señoría, los pagos realizados entre las facturas correspondientes al año 2024 y las correspondientes a 2025". Con este argumento, niega todo dato o información.

A continuación, informa sobre las otras dos solicitudes que agrupa en su respuesta, referidas a las clínicas, entidades y empresas privadas que han participado en las derivaciones del servicio de radiología y las del Plan de Choque. Ni una sola cifra, ni total ni parcial, ni atendiendo a las obligaciones o a los pagos, en toda la respuesta, respecto a los desembolsos realizados por el Consell del PP a favor de la sanidad privada.

La "facilidad" de conseguir los datos

Los socialistas sostienen que es más grave todavía y una "tomadura de pelo" porque aseguran que el Consell puede obtener esos datos "con un clic". "¿Es que el Consell no sabe lo que ha pagado en 2024 y en 2025 a las empresas de la sanidad privada?", se pregunta Yaissel Sánchez, que recuerda que a través de las aplicaciones informáticas de la conselleria "se pueden conocer todos los pagos realizados a cualquier empresa solo con poner el NIF".

"La respuesta es una burla a las Corts intolerable; por eso, hemos tenido que acudir a los tribunales para que se restituyan los derechos de los diputados de las Corts" explica Sánchez. “Es tan ridícula la contestación que el conseller dice que es complejo lo que le pedimos pero ni siquiera se ha molestado en solicitar una prórroga de otros 20 días hábiles para contestarnos tras los 20 días hábiles iniciales", constata la diputada.

Además, califica de "intolerable" que el conseller "nos haga creer que no sabe ni lo que paga a las empresas privadas; lo que ocurre es que no quiere reconocer cómo está repartiendo entre determinadas empresas el negocio millonario en que ha convertido la sanidad de todos los valencianos. Y la realidad es que en 2025 hizo cuatro modificaciones de crédito para multiplicar por tres el presupuesto del año destinado a la privatización de la sanidad".