La consulta del Gobierno a las comunidades sobre el reglamento de costas no modificará los criterios de deslinde

Se consultará a las comunidades autónomas pero eso no modificará ningún criterio de los deslindes ya aprobados. El Gobierno de España ha asegurado en una serie de respuestas parlamentarias que se sentará con las autonomías litorales en algún formato que “garantice la participación” de estas para abordar la modificación del Reglamento General de Costas. En concreto, pedirá expresamente informes de las administraciones autonómicas. Pero esos informes, sean sus conclusiones cuales sean, no podrán alterar los criterios técnicos de deslinde ni afectar a las concesiones de carácter no económico.

Así lo han indicado desde el Ejecutivo, que también ha recalcado que el cambio en el reglamento no contempla acortar los plazos de concesión que ahora rigen en el dominio público marítimo-terrestre. Por contra, se prevé ampliar a 75 años el periodo para cultivos marinos, que ahora se cifra en 50 años en la legislación de 2014. El Ejecutivo considera que estas medidas “garantizan la seguridad jurídica y la gestión integrada del litoral conforme al marco comunitario”.

Es una pieza más en la batalla que Gobierno y Consell mantienen a cuenta de los deslindes. En febrero, el Consejo de Ministros aprobó recurrir al Tribunal Constitucional la ley de la Costa Valenciana. Se había abierto una comisión bilateral entre ambas administraciones, pero no llegó a buen puerto.

En la guerra abierta por la costa

De los 32 puntos que el Gobierno señalaba de la ley valenciana por invadir competencias estatales solo han quedado para el recurso dos: el que permite la declaración de núcleos urbanos con especial valor etnológico y el del inventario de bienes incluidos en el dominio público marítimo terrestre.

Ambos preceptos suponían una forma de tratar de evitar los llamados deslindes, el derribo de viviendas en zonas de avance costero. En este sentido, el Ejecutivo central considera que los deslindes, uno de los objetivos con los que la Generalitat impulsó su norma, no son solo competencia exclusiva del Estado, sino que son líneas de protección de la costa frente a los avances del cambio climático, cuando la Generalitat busca frenar los deslindes, se instala en el negacionismo climático.

Por otra parte, desde el Gobierno central han indicado que se han respetado los plazos establecidos en la normativa vigente durante lo que lleva de tramitación de esta modificación de este Reglamento y no se han reducido respecto a lo contemplado en la Ley del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas y del Gobierno.

De esta manera, explica que la intención del Ejecutivo de cambiar el Reglamento se ha sometido a consulta previa desde el 4 hasta el 19 de febrero de este año. Una vez recabadas las observaciones se ha elaborado un borrador de texto, que ha sido sometido a audiencia e información pública desde el 9 de marzo hasta el 1 de abril de 2026.

El dictamen del Consejo de Estado se solicita en un momento posterior de la tramitación y según dice el Gobierno se recabará de acuerdo con lo establecido en la normativa. Por último, ha señalado que la propuesta normativa no coincide con el texto del Real Decreto por el que se modifica el Reglamento General de Costas que fue declarado nulo por el Tribunal Supremo (TS) en enero de 2024 debido a la falta de consulta pública durante su elaboración.

Otras preguntas parlamentarias

Así ha respondido a una batería de preguntas sobre la modificación del Reglamento de Costas registradas en la Cámara Baja por las parlamentarias 'populares' Rosa Quintana Carballo y Ainhoa Molina. En ellas, las diputadas han inquirido sobre si el Ministerio dispone ya de un borrador articulado de la modificación reglamentaria y, en caso afirmativo, sobre por qué no se ha hecho público durante la consulta previa.

Asimismo, han preguntado sobre si la propuesta coincide con el texto del Real Decreto por el que se modifica el Reglamento General de Costas, y sobre si el Ministerio ha solicitado ya un informe al Consejo de Estado sobre la adecuación del procedimiento elegido. Además, han pedido saber qué razones "objetivas" justifican que la tramitación de la consulta pública de una regulación "tan esencial" se haya "limitado" al plazo mínimo de 15 días.

Por otro lado, las parlamentarias 'populares' han inquirido sobre si el Gobierno ha convocado la Conferencia Sectorial con las comunidades costeras antes de iniciar esta modificación y si ha solicitado algún informe a Galicia, "dada su especial afectación por extención de costa y concentración de actividades mar-industria.

Varias autonomías del litoral español celebraron en marzo la II Cumbre Nacional del Litoral que ha reunido este viernes en Valencia a representantes de gobiernos de autonomías con litoral para hacer frente común y reclamar al Gobierno que impulse una nueva ley de costas que aporte mayor seguridad jurídica y que sea "más actual, más real" y "más sensible a la realidad" de cada una de las regiones, así como que supere la actual "política de deslindes".

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