El exgerente de los bomberos evita aclarar en el Congreso por qué se ocultaron vídeos del Cecopi

El exgerente de la empresa pública de bomberos (SGISE), Raúl Quílez, ha declarado este lunes en la comisión de investigación de la dana en el Congreso de los Diputados. Lo ha hecho en una intervención donde ha evitado responder a las preguntas que tenían que ver con los vídeos del Cecopi grabados por una productora contratada por la Generalitat. Vídeos cuya existencia negó a la jueza de la dana el departamento de Emergencias pero que acabaron saliendo a la luez. Quílez no ha querido responder y se ha remitido a su declaración en el juzgado de Catarroja.

Quílez alegó ante la jueza que él desconocía que existieran esos vídeos cuando ella preguntó y que fue más tarde, a raíz de la pregunta parlamentaria del grupo socialista, cuando consultó con la productora, desde donde le dijeron que había "otros vídeos". "Eso lo supe en torno a abril", explicó en su testifical. Fue entonces cuando, según dijo en Catarroja, se lo comunicó al conseller Juan Carlos Valderrama "para su información", aunque negó haber hablado de ellos con otras personsa, ni siquiera con la secretaria autonómica Irene Rodríguez, esposa de Quílez.

La magistrada afeó que la Conselleria de Emergencias negara la existencia de "soporte documental alguno" sobre el Cecopi pero Quílez se excusó en que los vídeos son "recursos de prensa pero no son vídeos específicos del Cecopi". Pero lo cierto es que cuando la conselleria tuvo conociemiento de estos vídeos ya no informó a la magistreada hasta que, meses después, RTVE emitió los brutos que había grabado À Punt, donde aparecía un cámara con un chaleco rojo de la mencionada productora. Un detalle que hizo saltar las alarmas y una de las acusaciones instó a pedir los brutos de esas cámaras. Fue entonces cuando la Conselleria los remitió, medio año después.

Tras la declaración en el juzgado, Quílez presentó su dimisión como director general de Innovación en Emergencias, y la secretaria autonómica, su esposa, fue cesada. La Conselleria de Emergencias negó que estos movimientos respondieran a una decisión disciplinaria y en el Congreso, Quílez ha insistido en que su dimisión "no tiene nada que ver" con lo que dijo en el juzgado. "Estaba decidido desde hacía antes", ha abundado.

Quílez ha descrito la dana como un "evento muy impactante", el más grave de Europa desde la Segunda Guerra Mundial, y que "los mecanismos que rigen la gestión de la dana son los que emanan de la legislación estatal". En ese sentido, preguntado por la organización de la emergencia, el exresponsable ha defendido la actuación de la administración autonómica: "Estuvieron tomando las acciones en función de la información que iba llegando", ha declarado". Y ha instado a "hacer una reflexión a nivel de todo el estado" sobre todo en cuanto a "los instrumentos técnicos", en referencia al sistema ES Alert. También ha considerado que "hay que revisar los planes de inundaciones de la Comunitat Valenciana y ver el papel de la Generalitat y los municipios".

El exdirigente ha asegurado que él "no tenía ningún papel operativo durante la dana" porque la empresa pública de la que era gerente se encargaba del personal de bomeros pero la gestión operativa de los bomberos forestales operativa no le correspondía -le atañe al Consorcio Provincial de Bomberos-. Así, ha asegurado que el único contacto que tuvo con la gestión de la emergencia aquella mañana fue a través de una llamada del director general de Extinción de Incendios, Alberto Martín, quien le pidió algún contacto de los bomberos forestales de Alzira ante las inundaciones que se estaban viviendo.

A partir de ahí, se enteró de la convocatoria del Cecopi a través de las redes sociales y a las 18 horas se le requirió su presencia en el Cecopi, el órgano que presidía la entonces consellera de Interior, Salomé Pradas, pero que no formaba parte de él. En su presencia, ha dicho que los técincos con mayor participación allí era el subdirector de Emergencias, Jorge Suárez, y el jefe de Bomberos, José Miguel Basset, pero ha dicho desconocer "las decisiones que tomaban a nivel operativo", al igual que los responsables de la Unidad Militar de Emergencias (UME).

Preguntado por la decisión de enviar un ES Alert, el exgerente de la SGISE ha explicado que la Confederación Hidrográfica del Júcar (CHJ) había alertado de una "posible rotura" de la presa de Forata y que a partir de las 19 horas empezó a haber "un intercambio de ideas" sobre el mensaje a enviar. ¿Había falta de información? "Habia una percepción en el Cecopi de que había un problema muy gordo en Utiel y un problema muy gordo de una posible rotura de una presa y todos pensamos inconscientemente en el año 89 por la presa de Tous, con la particularidad de la provincia de Valencia, que es la cantidad de gente en tránsito", ha declarado en la comisión.

También ha respondido sobre las dudas legales que planteó Pradas sobre el confinamiento de la población, por si era ilegal limitar la movilidad de la población. "Eran dudas que yo nunca me había planteado", ha dicho Quílez, quien ha admitido que era "una de las cuestiones" que se puso sobre la mesa.

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