Seis de cada diez municipios valencianos siguen sin planes acústicos, incumpliendo la normativa autonómica

Seis de cada diez municipios valencianos siguen aún sin contar con planes acústicos municipales (PAM), una herramienta obligatoria para combatir la contaminación sonora en núcleos urbanos mayores de 20.000 habitantes. De las sesenta y ocho localidades que por volumen de población deberían contar con dicho instrumento, treinta y nueve incumplen la normativa autonómica. Así figura en la última actualización hecha pública por la Conselleria de Medio Ambiente. Lo cierto es que las primeras planificaciones aprobadas por la Generalitat constan de principios de siglo, tras la entrada en vigor en 2002 a nivel autonómico de la Ley de Protección contra la Contaminación Acústica.

Algunas de las actuaciones contempladas en los documentos facilitados en la web de conselleria continúan sin aplicarse, como certifican los informes anuales de colectivos ambientales como Ecologistes en Acció o la Agencia Europea del Medio Ambiente (Aema). La reciente decisión judicial que obliga al Ayuntamiento de València a adoptar medidas frente al ruido de los festivales en el entorno de la Ciutat de les Arts confirma el incumplimiento de los límites establecidos por ley y por las propias ordenanzas municipales, reabriendo también el debate sobre la tolerancia sonora en la ciudad.

Como se recordará, el fallo del Juzgado de lo Contencioso-Administrativo conocido hace unas semanas insta al consistorio a que actúe tras constatar que viviendas próximas a la Ciutat de les Arts registran niveles de hasta 80 decibelios (dBA) durante la celebración de eventos musicales en este recinto. Según la sentencia, dichos registros superan ampliamente los límites tolerables fijados por la normativa municipal, que establece máximos de 45 dBA nocturnos y 55 dBA diurnos para el interior de viviendas.

El PAM de València redactado en su día, con Rita Barberá al frente del gobierno municipal, ya realizaba entonces una radiografía del número estimado de personas expuestas al ruido por franjas horarias. Como estrategia a largo plazo se fijaba hace tres lustros en ese PAM la incorporación de la variable acústica en la toma de decisiones de las políticas de ordenación del territorio y de las infraestructuras de transporte.

Por una movilidad sostenible

Promover la movilidad sostenible era otra de las prioridades marcadas en una colección de actuaciones que incluían la restricción del tráfico rodado en el centro histórico y la reducción de velocidad en toda la ciudad-cuestión a la que el gobierno de Joan Ribó dió un impulso decidido-, o la elaboración de un plan director de bicicletas y otro para las zonas de ocio nocturno, el fomento del uso de neumáticos silenciosos, el control de la emisión sonora de obras y maquinaria o el control de los festejos en la vía pública. Hasta avanzaba la creación de un grupo de agentes especializados en materia ambiental que bautizaban como ‘Patrulla Verde’.

El PAM de Castelló, por ejemplo, contempla incluir la variable acústica en la compra y contratación de equipamiento y servicios municipales, tanto en vehículos como en los materiales. Además, se incluye que las actividades ruidosas, como la recogida de la basura, se limiten en número en franjas horarias precisas. En cuanto a la reducción del ruido por el tráfico rodado, el consistorio de la Plana recoge propuestas como la de la instalación de pantallas acústicas por parte de los promotores de nuevas unidades urbanísticas en áreas donde no se cumplan los objetivos de calidad acústica.

La sustitución de firmes con pavimento fonoabsorbente o la limitación de velocidad máxima a 30 km/h son otras de las alternativas propuestas en su día que se cumplen poco o solo en parte.

Medidas correctoras

En cualquier caso, la mayoría de planes acústicos municipales coinciden en medidas correctoras para los puntos más conflictivos que pasan por la vigilancia por agentes de la policía local y la suspensión de la concesión de nuevas licencias de actividades con ambientación musical. Algo a lo que se ha visto ahora abocado el consistorio de València. El aislamiento de las fachadas colindantes con las áreas más problemáticas es otra de las opciones. Lo cierto es que todos los PAM han de identificar las áreas acústicas existentes en el municipio en función del uso que sobre las mismas exista o esté previsto y sus condiciones, así como la adopción de medidas que permitan la progresiva reducción de sus niveles sonoros para situ arlos por debajo de los previstos en la normativa autonómica.

«Deberá proponerse un seguimiento de la efectividad de dichas medidas mediante la medición en continuo y monitorizada o mediante campañas de muestreo programadas», según Medio Ambiente. La suma de nuevos consistorios al listado que facilita la Generalitat es lenta, como demuestra que en estos últimos cuatro años se ha pasado de 22 municipios con PAM a 28. La tramitación es larga, recuerdan fuentes del departamento que dirige el conseller Vicente Martínez Mus. Entre las entidades locales que han cumplido figuran Almassora, Alzira, Burjassot, Sagunt, Xàtiva, Benicarló y Torrent, además de las tres capitales de provincia.

La propia Generalitat admite que los estudios realizados sobre contaminación acústica en la Comunitat Valenciana «evidencian la existencia de unos niveles de ruido por encima de los valores recomendados por los organismos internacionales y en particular por la Unión Europea, al superar los 65 dB(A) de nivel equivalente diurno y los 55 dB(A) durante el período nocturno». «Aunque los resultados indican que las ciudades grandes son más ruidosas que las pequeñas, muestran también, sin lugar a dudas, que es un fenómeno generalizado en todas las zonas urbanas, y que constituye un problema medioambiental importante en nuestro territorio», remarca. De ahí que se incida en que aunque la obligatoriedad de los PAM es para los consistorios con más de 20.000 habitantes, cualquier localidad puede redactar el suyo tras acuerdo plenario.

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