El nuevo plan de vivienda estatal incluye una cláusula antifraude para "evitar escándalos como el de Les Naus de Alicante"

El Consejo de Ministros de este martes ha aprobado el Plan Estatal de Vivienda 2026-2030 con el que impulsará la construcción de vivienda pública y asequible, la rehabilitación del parque residencial, así como nuevas ayudas para facilitar el acceso al alquiler y a la emancipación de los jóvenes. Un plan que prevé una inversión global de 7.000 millones (a cofinanciar al 60% por el Estado y al 40% por las autonomías) de los que 798 corresponderían a la Comunitat Valenciana, la cuarta con mayor asignación por detrás de Andalucía, la Comunidad de Madrid y Cataluña. Un plan que incluye una cláusula antifraude para, literalmente, "evitar escándalos como el sucedido recientemente en Alicante", en alusión a la polémica adjudicación de viviendas del residencial de VPP de Les Naus a personas relacionadas con el Ayuntamiento de Alicante y con otras administraciones públicas gobernadas por el PP.

La cláusula estipula que todas las viviendas construidas o adquiridas con recursos procedentes del plan de vivienda se tendrán que adjudicar con criterios "objetivos, medibles, transparentes y trazables". El Ministerio de Vivienda y Agenda Urbana ejercerá, anuncia, un doble control para garantizar que se han respetado esas condiciones. El objetivo, garantizar que "ningún euro de financiación vaya para la especulación", ha indicado la ministra de Vivienda y Agenda Urbana, Isabel Rodríguez, en la rueda de prensa tras el Consejo de Ministros.

La Generalitat ya ha reaccionado al plan al que se ha dado luz verde el Consejo de Ministros para asegurar que llega "tarde y mal" (el Gobierno se comprometió a presentarlo a finales de 2025) y tiene "una gran parte ideológica en su aprobación". Además, "está hecho sin consenso con las comunidades autónomas", ha objetado la vicepresidenta primera y consellera de Vivienda, Empleo, Juventud e Igualdad, Susana Camarero.

La ministra ha explicado que el 40% del presupuesto del plan irá destinado a aumentar la oferta de vivienda protegida de manera permanente, otro 30% a la rehabilitación del parque de vivienda ya existente a través de ayudas específicas y el 30% restante irá destinado a ayudas como las destinadas a la emancipación juvenil, la reducción de la tasa de esfuerzo financiero y la intervención en zonas tensionadas.

El plan cuenta con el triple de inversión que el anterior y el Gobierno ha articulado la disposición presupuestaria para que en el segundo semestre del año el plan pueda desplegarse por todo el territorio, con la asunción por parte de la Administración General de todo el esfuerzo para este año, con el objetivo de que no haya "excusas" para no implementar el plan.

Publicidad y fiscalización

El Plan de Vivienda, que nace bajo el "paraguas" de la Ley por el Derecho a la Vivienda, persigue tres objetivos: construir, rehabilitar y proteger. Para ello, el Gobierno blinda la vivienda pública y protegida para que nunca se pueda especular con ella, condicionando la financiación de viviendas a que estas sirvan siempre al interés general; incorpora la cláusula antifraude en las adjudicaciones y ofrecerá datos públicos sobre el mercado de la vivienda para que no provengan de "portales privados con intereses privado".

Además, en un ejercicio de gobernanza participativa, el Consejo Asesor de Vivienda analizará el cumplimiento de este plan con carácter anual.

Asimismo, según ha indicado la ministra de Vivienda, el plan también realizará una laboral fiscalizadora de todas las administraciones para que el Ejecutivo central no pierda el control del desarrollo de las viviendas que son financiadas con dinero público a través de articular canales de transparencia y de acción con carácter semestral para poder hacer seguimiento.

El calendario que maneja el Gobierno, tras la aprobación en Consejo de Ministros del nuevo Plan de Vivienda es realizar en lo que queda de abril una ronda de reuniones técnicas bilaterales para la redacción del convenio y una comisión multilateral con las comunidades autónomas tras la aprobación del plan; y en mayo, llevar a cabo la primera conferencia sectorial para aprobar la distribución territorial de los fondos, ya acordados con las comunidades autónomas, con el objetivo de desplegar a partir del segundo semestre los efectos del plan.

Llega tarde y sin consenso

Al Consell, el plan de vivienda estatal no le convence, aunque anuncia que la apoyará. Susana Camarero ha recordado que el plan "llega tarde porque sustituye al plan que terminaba en 2025 y tenía que haberse aprobado en el último trimestre del año pasado para ser útil". A partir de ahí, ha apuntado, "lleva un proceso de bilaterales con las comunidades autónomas que tenemos que establecer, primero, cuánto dinero nos corresponde de ese plan estatal, qué proyectos se van a desarrollar y con qué cronogramas se van a hacer, entre otras cuestiones".

Eso implica que este plan "no va a estar en la Comunitat Valenciana vigente hasta septiembre o octubre, como pronto con los tiempos que marca el Gobierno". Circunstancia, a su vez, que provoca que "hasta el último trimestre de este año no vamos a poder sacar las subvenciones y hay 15.000 familias que van a optar a diversas ayudas de alquiler, bono joven o a la compra de viviendas en municipios de menos de 10.000 habitantes "que se van a ver perjudicados por este retraso que es absolutamente injustificable".

Camarero, que no ha entrado a valorar la cláusula antifraude, ha recalcado que "no se justifica un retraso que no va acompañado de una negociación de un pacto con las comunidades autónomas". En este sentido, ha hecho notar que el gobierno valenciano no conoce, como comunidad autónoma responsable en materia de vivienda, el texto del Plan Estatal de Vivienda pese a que las CCAA aportan el 40% de la financiación.

"Y aquí quiero explicarlo claramente: el Gobierno está hablando de 7.000 millones, cuando ellos ponen el 60%, rebajan la cuantía que ponían tradicionalmente, y las comunidades autónomas tenemos que poner el 40% multiplicando considerablemente el esfuerzo presupuestario", ha lamentado.

Aquí ha manifestado que desconoce "cuál es el dinero real que llega a la Comunitat Valenciana, pero sí que sabemos que aproximadamente tendremos que incrementar durante estos próximos cinco años 240 millones de euros desde la Comunitat Valenciana, una comunidad que está mal financiada y que no tiene resuelto el problema de la financiación". "El Gobierno nos exige este esfuerzo financiero sin decir y sin pactar cuáles son las medidas concretas que va a recoger este plan", ha afeado.

Zonas tensionadas y plan "ideologizado"

En la misma línea, ha reprochado que el plan "está ideologizado el plan porque hay una parte de ayudas que va a estar vinculada a la aplicación de la ley de la vivienda, en este caso de las zonas tensionadas". Una medida que, a juicio de Camarero, "ha fracasado" en ciudades donde se ha aplicado como Barcelona, donde "el esfuerzo financiero de las familias en alquiler está en el 46% cuando la media del Estado está en el 30%". "Por lo tanto, es una media fracasada que nosotros no vamos a avalar", ha abundado.

El Consell "echa en falta" en la propuesta estatal algunas cuestiones que ha ido reclamando en esas reuniones bilaterales --"pocas", ha incidido-- que han mantenido con el Ministerio, como la petición a otras carteras para la reducción del IVA para la construcción o las deducciones fiscales en el IRPF.

Cofinaciación

Preguntada por si esto quiere decir que la Generalitat no va a colaborar con el plan, Susana Camarero ha declarado que la administración valenciana "siempre colaboraremos porque la vivienda es prioritaria". "Hemos dicho desde el primer día que esta es la legislatura de la vivienda, por lo tanto, nuestra prioridad es la vivienda y no vamos a dejar de colaborar ni de apoyar aquellas cuestiones que vayan a la mejora de las política de vivienda, pero sí tenemos que denunciar cuando las cosas se hacen mal y, en este caso, el Gobierno lo ha hecho mal, no ha estado a la altura que se espera de un Gobierno que tiene que consensuar una política que además es competencia de las comunidades autónomas".

Frente al plan estatal, Camarero ha hecho hincapié en el Plan Vive Comunitat Valenciana, que tiene como objetivo la construcción de más de 10.000 viviendas de protección pública durante la presente legislatura. "Ya se han impulsado más de 4.500 viviendas, movilizando una inversión superior a los 1.000 millones de euros y beneficiando a más de 15.000 personas", ha indicado la vicepresidenta.

Pero más allá de las cifras, Camarero ha puesto el acento en el modelo. "Movilización de suelo, colaboración público-privada, simplificación normativa y apuesta decidida por la vivienda protegida. Un modelo que está permitiendo acelerar proyectos que durante años permanecieron bloqueados y al que ya se han adherido 319 municipios", ha expresado.

Suscríbete para seguir leyendo