La jueza imputa a quince personas por el escándalo de Les Naus de Alicante, entre ellas Rocío Gómez, Pérez-Hickman y diez dueños de viviendas protegidas

Comienzan las imputaciones judiciales por el escándalo de las viviendas protegidas en el residencial Les Naus de Alicante. La magistrada que investiga las presuntas irregularidades en las polémicas adjudicaciones ha citado a declarar, en calidad de investigados, a un total de quince personas, entre las que se encuentran representantes políticos, altas funcionarias de la Administración local, técnicos y una decena de propietarios de viviendas de la urbanización de La Condomina.

Entre los delitos por los que se abrió esta causa figuran los de prevaricación, negociaciones prohibidas a funcionarios, información privilegiada, fraude a la Administración y fraude de ley. Un listado que, al igual que el de los imputados, puede ir sufriendo modificaciones a medida que avance la instrucción.

La magistrada Amparo Rubio, instructora del proceso, ha cursado las citaciones a instancia de los fiscales anticorrupción Pablo Romero y Fran Marco. En la causa están personadas tres acusaciones populares ejercidas por el PSOE, Ciudadanos y el sindicato ultra Manos Limpias.

Vínculos con el Ayuntamiento

Buena parte de las citaciones ponen el foco en personas vinculadas al Ayuntamiento. Tal es el caso de la exconcejala de Urbanismo Rocío Gómez, que dimitió tras estallar el escándalo al conocerse que había sido una de las agraciadas con un primer piso en el residencial, que permutó con un quinto de su suegro, al que también cita la jueza como imputado.

También figuran en esta primera remesa de imputados la jefa de Contratación del Ayuntamiento de Alicante, María Pérez-Hickman, que dimitió como directora general tras desvelar este medio que sus dos hijos y un sobrino tienen casas en Les Naus. Y el arquitecto municipal Francisco Nieto, vinculado a la gestión del expediente y beneficiario también de uno de los pisos.

El gerente y “el que visa”

La magistrada ha citado además a Francisco Ordiñana, gerente de Fraorgi, la empresa que gestiona la cooperativa, así como al arquitecto de la Conselleria de Vivienda Roberto Palencia, que validó los visados de las 140 viviendas, entre ellas la de su mujer, una arquitecta también funcionaria del Ayuntamiento de Alicante. Ciudadanos había solicitado su declaración como testigo, pero la Fiscalía reclamó su citación en calidad de investigado. Los cinco deberán comparecer el próximo 20 de mayo en el juzgado asistidos de abogado.

Segunda tanda

Para el 5 de junio se ha señalado una segunda tanda de declaraciones con otros diez investigados, todos ellos adjudicatarios de las viviendas protegidas. Entre estos propietarios se encuentran el suegro de la exconcejala, la tesorera del Ayuntamiento de Sant Joan, Sira Pérez, y la mujer del funcionario de la Generalitat expedientado.

Los diez aparecen señalados en el informe que Conselleria de Vivienda ha remitido al juzgado como propietarios que por algún motivo no reunían los requisitos para acceder a los pisos.

Sin aportar los ingresos

En el caso del suegro de Rocío Gómez (cuya excuñada también es vecina del residencial), la inspección realizada por el departamento que dirige Susana Camarero concluyó que “la unidad de convivencia tiene el pleno dominio de otra vivienda”, además de no haber aportado la documentación que acredite los ingresos de la suegra de la exedil.

También la falta de la documentación acreditativa de los ingresos de la unidad familiar durante 2023 va a llevar ante la jueza a otra de las adjudicatarias. Con domicilio fiscal en Alemania, la mujer presentó, tras un segundo requerimiento, un certificado donde consta que percibió 57.037 euros brutos en aquel país sin aportar dato alguno de su pareja.

Tesorera de Sant Joan

Ni ingresos ni propiedades de su cónyuge han sido aportados tampoco al expediente de su adjudicación por Sira Pérez, exinterventora de la Generalitat y actual tesorera del Ayuntamiento de Sant Joan a la que, al igual que al resto de los 139 vecinos de Les Naus, validó su visado el funcionario de Vivienda que, según la declaración de sus propios compañeros, admitió tras ser descubierto que la había “cagado”. La mujer de este empleado público es otra de los diez propietarios citada para declarar como investigada por, precisamente, no aportar “la documentación acreditativa de los ingresos ni de las propiedades del cónyuge”.

Propietarios con otras viviendas

En los casos de otros cuatro adjudicatarios que pasan a ostentar la condición de imputados coincide que uno de los miembros de la unidad familiar es titular del 100 % del pleno dominio de otra vivienda, uno de los requisitos que invalida poder acceder a una casa de protección pública. Se da además la circunstancia añadida de que en uno de los supuestos la vivienda también es de protección pública y, en otro, que además de la propiedad, los ingresos superan el máximo legal permitido. El mismo motivo, el de superar los ingresos, es por el que se llama también a declarar como investigados a los miembros de una pareja con una vivienda en el residencial.

Testigos

Antes de estas declaraciones habrá otra comparecencia de los funcionarios de la Conselleria de Vivienda que elaboraron el informe sobre las presuntas irregularidades. Han sido citados en calidad de testigos para el próximo 8 de mayo después que el pasado viernes ya comparecieran, también como testigos, tres empleados públicos del servicio territorial de la conselleria en Alicante, quienes aseguraron que el compañero que fue apartado por estos hechos, que ya se encuentra de nuevo en su puesto de trabajo, se ofreció a tramitar los visados de Les Naus.

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