El Consell activa la negociación para reducir a 35 horas la semana laboral de sus 170.000 funcionarios

La Generalitat Valenciana tiene ante sí dos cuestiones clave que negociar con los sindicatos. Por una parte, la reforma del teletrabajo para los funcionarios, cuestión que la pasada semana ya se empezó a abordar con una primera propuesta muy positiva en opinión de las organizaciones sindicales. Y la segunda: la implantación de las 35 horas semanales en la jornada laboral de los empleados públicos de la Generalitat, que ascienden a cerca de 170.000 en total. La Conselleria de Hacienda y Administración Pública busca reactivar las conversaciones también sobre este segundo punto, que desde la Conselleria de Hacienda condicionan a su impacto económico.

Tras la presión de las organizaciones sindicales, la Mesa General de Negociación convocada para este viernes incluye en el orden del día precisamente esta cuestión: "Instar a cada mesa sectorial a negociar la aplicación de las 35 horas en su ámbito y las correspondientes adaptaciones en los términos del acuerdo de legislatura". Así, la idea es llevar a cabo las conversaciones por departamentos.

No hay que olvidar que la reducción de la jornada, como la ampliación del teletrabajo, es uno de los compromisos adquiridos por el Consell en aquel acuerdo de legislatura suscrito en 2024. Entonces, se pactó que la negociaría en un plazo máximo de dos años (2024-2026) pero a uno de que acabe el mandato, la negociación es todavía embrionaria. Una de las razones aducidas por la Conselleria de Hacienda y Administración Pública, que dirige José Antonio Rovira, es el impacto de la dana, que habría obligado a frenar muchas iniciativas que no tuvieran que ver con la catástrofe y la reconstrucción.

Así pues, la intranquilidad era creciente en las organizaciones sindicales, que apremiaban a emprender el proceso más pronto que tarde, sobre todo después de que el Gobierno central haya anunciado la implantación de esta reducción de jornada a partir de mayo para los funcionarios estatales. A la postre, el Acuerdo Marco para la administración del siglo XXI suscrito a nivel estatal en 2022 por UGT y CCO y el Gobierno central sentó las bases normativas de la reivindicación para poder aplicarla a todos los niveles, también en las comunidades autónomas.

En el ámbito de la sanidad, el sindicato CSIF reclamó a finales de marzo iniciar "de manera inmediata" la negociación en su mesa sectorial. En este sentido, si la Mesa General de Negociación da luz verde al mencionado punto, se podrán activar las conversaciones en cada una de las áreas. Los sindicatos pedirán que la reducción se aplique a todos los sectores.

La medida sobre la mesa implicaría la merma de la jornada laboral de los funcionarios en media hora diaria dado que actualmente trabajan 37,5 horas por semana. El reto está en hacer la transición atendiendo a la singularidad de cada departamento. Al fin y al cabo, no es lo mismo reducir la jornada en ámbitos de la administración general de la Generalitat, con horarios de oficina y equipos más estables, que en otros como Sanidad, Educación o Servicios Sociales, donde la rotación del personal puede ser mayor y el impacto de la medida puede afectar a la prestación de servicios esenciales.

Los datos más recientes, recogidos en un informe de la Sindicatura de Comptes al cierre de 2024, cifran en casi 170.000 los empleados públicos de la Generalitat Valenciana, entre funcionarios de carrera, personal estatutario y personal laboral. De ellos, la gran mayoría corresponde a la Conselleria de Sanidad y Educación, con 73.600 y 79.200 empleados públicos respectivamente, aunque fuentes sindicales señalan que estas cifras son mayores en la actualidad. En Justicia, el informe calcula que hay más de 6.700 empleados públicos, y en Servicios Sociales, Igualdad y VIvienda, más de 4.000.

El Consell estudia el impacto económico de la medida

Uno de los factores para aplicar la reducción de la jornada será el impacto presupuestario que tendría la iniciativa. De hecho, Hacienda emprendió un análisis en este sentido y, para ello, pidió al resto de consellerias que elaboraran un informe sobre el coste económico que podría tener en cada departamento. Por el momento, no se conocen las conclusiones de estos estudios, si bien fuentes internas consultadas por este diario, señalan que no se espera que la medida tuviera un coste en la mayoría de departamentos.

En cualquier caso, desde la Conselleria que lidera Rovira han venido recordando en los últimos meses que, desde que se firmó el acuerdo en 2024, se señaló que la medida estaría encima de la mesa pero "siempre teniendo en cuenta situacion presupuestaria y garantizando que su puesta en funcionamiento no afecte a la correcta prestación de los servicios públicos". Si bien los sindicatos replican que esta condición no estaba fijada en aquel pacto.

Cabe recordar que el Gobierno del Botànic ya intentó implementar la reducción de jornada en Sanidad, acordada para principios de 2025, pero no entró en vigor al no publicarse en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana (DOGV). Entonces, ya se calculó que se necesitarían entre 1.600 y 2.000 empleados más solo en el ámbito sanitario, con los recursos económicos que eso su pondría, sin tener en cuenta la dificultad para encontrar profesionales y cubrir plazas que ya existen. Con todo, a su llegada a la Generalitat, y tras un informe de la Abogacía de la Generalitat que declaró "nulo" el acuerdo por falta de consignación presupuestaria, el conseller acabó frenando la medida.

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