El PP abre la puerta a privatizar la atención a las víctimas de violencia machista

El segundo proceso de "simplificación administrativa" del Consell podría provocar que entidades privadas se encarguen de la primera atención que han de recibir las víctimas de violencia machista a la hora de conocer los servicios a su disposición, como los itinerarios de inclusión, la mediación familiar o la atención psicosocial necesaria. Es la consecuencia de una de las enmiendas registradas por el PP al Simplifica II en su paso por las Corts, una modificación que además añade un giro en el modelo de gestión de residencias, revirtiendo el paso de las competencias municipales a la Generalitat que proponía el Botànic, lo que podría obligar a que sean ahora los ayuntamientos los que se hagan cargo de estos centros y sus costes.

Apenas una cara de folio dentro de una treintena de enmiendas y modificaciones en tres apartados de la ley de Servicios Sociales que promovió la izquierda en 2019 aparecen en el horizonte como una sacudida a la gestión de centros dedicados a la atención social. No es la primera de la legislatura, pero sí que supone, en caso de aprobarse (para lo que necesitará el apoyo de un grupo más en el parlamento valenciano), una llave para abrir las puertas a la privatización de varios servicios, según advierten ya formaciones de la izquierda, especialmente de aquellas residencias que se vayan a quedar bajo la competencia municipal.

Por orden, la enmienda presentada por el PP (único partido que conforma el Consell) cambia en primer lugar el apartado H del artículo 28. En este se indica que la Generalita tiene competencia en "los servicios de atención diurna y nocturna, de atención ambulatoria de alojamiento alternativo de la atención primaria de carácter específico en la presente ley, sin perjuicio de la delegación que, en su caso, pueda efectuarse en las entidades locales". Sin embargo, el PP añade a estos servicios los de "violencia de género y machista de la atención primaria de carácter específico" y adecúa el final para introducir que dará estos servicios "sin perjuicio de que puedan ser igualmente prestados por entidades locales y entidades privadas".

Esto permitiría que los servicios citados la pudieran acabar siendo ofertados por organizaciones privadas y no solo por administraciones públicas, algo que, por otra parte, supondría contradecir a la propia ley de Servicios Sociales que en su artículo 34 obliga a la Administración a proveer "mediante la modalidad de gestión directa aquellos servicios previstos en los artículos 18.1 y 18.2 apartados a, b, c y d", entre los que se encuentran específicamente citados los de violencia de género y machista.

Esta posibilidad afectaría a las funciones que realizan los conocidos "centros de crisis ", las oficinas de atención a víctimas del del delito o los centros de atención rurales donde se hacen tareas como la orientación jurídica y psicosocial, la atención psicológica, asesoramiento o actuaciones de acompañamiento en los itinerarios de inclusión. Estos cometidos hasta ahora los prestan principalmente trabajadores sociales públicos, ya que, cabe recordar, los servicios de atención secundaria (aquellos que van vinculados con un alojamiento residencial como los servicios de acogida) ya tienen posibilidad de ser gestionados por entidades privadas, entre ellas, organizaciones sociales.

Precisamente en lo relativo a la atención secundaria es el segundo apartado que modifica. Es la letra I que pasa de que "la provisión y la gestión de los servicios sociales de atención secundaria no podrán ser delegadas en las entidades locales" a que estos servicios sean competencia de la Generalitat "sin perjuicio de que puedan ser igualmente prestado por entidades locales y entidades privadas". Este cambio se complementa con la disposición transitoria primera en la que se mandataba la "transferencia de infraestructuras y equipamientos de atención primaria y de atención secundaria entre administraciones públicas", especialmente de los ayuntamientos a la Generalitat.

Ambas modificaciones unidas suponen un giro de la concepción de la ley del Botànic respecto a la gestión de residencias o centros de menores. El objetivo de la conselleria que entonces dirigía Mónica Oltra era que la Administración autonómica asumiera el control sobre estas competencias a fin de lograr un sistema lo más homogéneo posible impulsando por ley la transferencia del propio personal y las instalaciones. Ahora, esta idea no solo se frena sino que se revierte y se abre la puerta a delegar competencias en entidades locales como los ayuntamientos o las diputaciones.

"Es un paso más"

Frente a ello, la interpretación de Compromís es que este cambio es "un paso más" dentro de la estrategia del Consell para "desmontar el sistema público de servicios sociales". Según desgrana la diputada Nathalie Torres, la intención de la conselleria sería forzar a los ayuntamientos a hacerse cargo de los centros que están en construcción o acabados pero sin abrir (como el de Gata que visitó ayer el director general de Infraestructuras sociosanitarias, el Mislata, Casinos o Alpuente) y que ante la imposibilidad de hacer frente a los costes que conllevan acaben externalizando su gestión, algo que el propio cambio legal permitiría.

"Esto es un paso más hacia la privatización total", incide Torres quien insiste en que primero fue la ampliación del tiempo de gestión privada que PP y Vox pasaron de cinco a 12 años; después la reducción de la eliminación de plazas públicas obligatorias que debía ofrecer la iniciativa privada en residencias, pasando del 85 % al 30 % para después eliminar cualquier mínimo hasta acabar en la polémica sobre los trabajadores en centros de menores denunciada por UGT para privatizar su gestión.

Las enmiendas se presentaron la semana pasada en las Corts por todos los grupos y ahora falta su correspondiente negociación y votación. Para esto aún quedan un par de semanas. No obstante, parece difícil que ni el PSPV ni Compromís apoyen las modificaciones de los 'populares' en esta materia donde se han mostrado contrarios a revertir las acciones que llevaron a cabo cuando gobernaban hace tres años. La mirada estará puesta en Vox como único aliado viable de la formación conservadora para impulsar sus cambios.

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