Primeras alegaciones contra la defensa de Mazón en la dana: "Su deber es colaborar con la justicia"

Empiezan a llegar las primeras alegaciones contra el recurso del expresident de la Generalitat Valenciana, Carlos Mazón, para evitar ser testigo en la causa de la dana y poder ser citado como 'preinvestigado' con todos sus derechos. El sindicato FETA-CGT ha presentado un escrito de oposición a las pretensiones de Mazón y pide a la sección segunda de la Audiencia Provincial, la que ha de resolver la cuestión, que avale la postura de la jueza Nuria Ruiz Tobarra para que el exjefe del Consell acuda a declarar como testigo, con obligación de decir verdad.

La defensa del expresident alegó que la jueza de la dana "mantiene viva una dinámica investigadora" donde Mazón "continúa situado en el centro de las diligencias" de cara a una "futura imputación" aunque el Tribunal Superior de Justicia (TSJCV) haya rechazado por el momento su responsabilidad penal, lo que considera una "contradicción insalvable". Pero el sindicato, representado por el letrado Joan Comorera, rechaza de plano este razonamiento y sostiene que su premisa "no solo es incorrecta, sino que ignora deliberadamente el pilar sobre el que descansa la decisión recurrida": que Mazón ha sido citado como testigo precisamente porque el alto tribunal rechazó que hubiera indicios contra él. Por tanto, recalca, "su deber es el de colaborar con la justicia aportando la información de la que disponga para el total esclarecimiento de los hechos".

En cuanto a la supuesta contradicción denunciada por la defensa del exmandatario, la federación sindical la califica de "meramente aparente" y la atribuye a una "interesada confusión entre ser objeto de investigación y ser fuente de prueba". Las diligencias que la instructora viene acordando, como la declaración de la entonces portavoz del Consell, Ruth Merino, o la averiguación sobre comunicaciones mantenidas con su jefe de Gabinete, José Manuel Cuenca, no constituyen a juicio de la organización "una investigación material encubierta [...] sino actos de instrucción necesarios para esclarecer la totalidad de los hechos".

"La investigación no gira en torno a la actuación del señor Mazón con el fin de construir una imputación contra él [...] sino que se sirve de la información que él puede aportar, como testigo cualificado, para comprender la actuación de las personas que sí ostentan la condición de investigadas y el contexto en el que se tomaron (o no se tomaron) determinadas decisiones", abunda la argumentación de la acusación popular, que insiste en que la personación no puede basarse en "hipótesis o sospechas sobre el devenir de la instrucción".

Así, el sindicato hace suya la justificación de la magistrada al sostener que la legislación española no contempla una figura intermedia como el "testigo asistido" que sí existe en otras legislaciones como la francesa, y va más allá al tildar la tesis central del recurso de Mazón de "sofisma que pretende paralizar la instrucción impidiendo que la jueza cumpla con su deber de esclarecer los hechos". Sostiene que acusar a la instructora de perseguir "una imputación futura" equivale a presuponer "una actuación contra legem y en fraude procesal, una acusación de extrema gravedad que no se sustenta en prueba alguna"

Por ello, concluye el escrito que la única vía procesalmente correcta es precisamente la que ha adoptado la instructora: tratar a Mazón "como lo que es a día de hoy, un testigo", y practicar las diligencias pertinentes para obtener su testimonio.

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