El síndic de Greuges irrita a Vox por la "prioridad nacional" y desvincula el "colapso" de los servicios sociales con la regularización

Es posible que la comparecencia de Ángel Luna este jueves en las Corts sea su último paso como síndic de Greuges por el parlamento valenciano, pero lejos de que ese hipotético último baile ante su fin de mandato (siempre que PP y PSPV logren un acuerdo para su sustituto) le haya generado melancolía, el defensor del pueblo valenciano ha dejado su tarjeta de visita en forma de reprimenda para cada uno de los grupos parlamentarios por la parte que les toca: el actual Consell, el anterior del Botànic o hasta el Gobierno central. Aunque en ningún caso el enfrentamiento ha sido tan directo como con Vox.

Por partes. El hecho de que la comparecencia haya sido en la Comisión de Peticiones y no ante el pleno (a raíz de un cambio del reglamento de PP y Vox) y que haya llegado con dos años de retraso (por la desidia de esa mayoría a citarlo), uniendo el informe de 2024 con el de 2025, ya subía el termostato dos grados antes de empezar. Y se ha notado. La polémica ha sido el primer toque que ha dado Luna nada más sentarse al lado de la presidenta de la cámara, Llanos Massó, advirtiendo del "ataque a la instituciones" y de que esto ha llegado por una "decisión política" que "alguien debería explicar".

Claro que eso ha sido solo el inicio, un preámbulo. El tono no ha descendido en cuanto Luna ha entrado en la materia analizada por los dos informes. A partir de ahí ha deshuesado las costuras de las instituciones autonómicas. Ha empezado por la dana, catástrofe que, en su opinión "ha demostrado el colapso de la Administración valenciana, si es que antes no estaba ya demostrado" y ha añadido a su reprimenda la "grave falta de cooperación entre las distintas administraciones", citando al Estado sobre el que luego ha criticado directamente por el retraso a la hora de convocar la Comisión Mixta.

Después ha incidido en los problemas habituales con tres puntos en el foco de la reiteración: Servicios Sociales, Vivienda y Transparencia, tres temas en los que ha criticado a izquierda y derecha. Del último, ha afeado la falta de respuesta a la ciudadanía (un 78 % de las quejas llegan con esta etiqueta) y la "inclinación autoritaria grave en el ejercicio del poder" que se estaba dando en muchos ayuntamientos al negar información a la oposición. "Y esto no va de colores políticos, hay de un lado y de otro", ha añdido.

También en cuestión de vivienda han podido sentirse aludidos el PP por el actual Consell y PSPV y Compromís por el Botànic. La cuestión: la necesidad de una ayuda urgente que se ha de activar para aquellas personas que se han quedado sin vivienda y le reclaman una a la Administración. Es un derecho reconocido en la ley de 2017 impulsada por las izquierdas y que hasta 2023 socialistas y valencianistas no cumplieron con esa obligación económica. Duró dos años. Porque en 2025, el Consell del PP la eliminó. Hasta ahora.

Y luego está el tema de los servicios sociales. Luna ha sido duro con el modelo planteado por el Botànic en la ley de 2019, señalándolo como un "sistema absolutamente burocratizado" y donde le da muchas competencias a las autoridades municipales sin dotarlas de recursos. La situación no ha cambiado, de hecho, las quejas sobre este suponen el 40 % del total de las que recibe la institución y ha criticado que los servicios sociales locales se han convertido en un "cajón de sastre que sirve para todo menos para lo que tiene que servir".

Contra l'Estatut

Ahí ha entrado en la actualidad con el proceso de regularización de las personas migrantes. "Es la última gota", ha dicho remarcando que el "colapso" de estos servicios sociales no viene por la regularización, pero lamentando que sobre estos recaiga hacer el informe de vulnerabilidad necesario. No ha sido una crítica a la medida, pero sí un tirón de orejas al Gobierno por el procedimienot. "¿Alguien me quiere decir por qué hace falta ese informe? ¿No es ya de por sí vulnerable una persona que está sin papeles en un país que no es el suyo? ¿Necesitamos colapsar más los servicios sociales por un papel que no es necesario?", se ha cuestionado.

La algo más de media hora de críticas ha hecho especial efecto en Vox. La intervención de su portavoz en la comisión, Jesús Albiol, ha dejado patente la irritación generada en la formación el análisis dado, no se sabe si por sentirse apelado ante lo dicho, por la existencia de la propia institución o por quien la dirige. Sea como fuere, Albiol ha acusado a Luna de soltar "soflamas", de la "politización" de sus informes y hasta de haber sido "totalitario" en su época como alcalde de Alicante de 1991 a 1995, pasado que le ha echado en cara el parlamentario de ultraderecha.

El choque no ha quedado ahí y ha seguido ligado a la actualidad respecto a la idea de la "prioridad nacional" en las ayudas que ahora plantean los voxistas. Luna la ha negado y ha citado para ello l'Estatut o la Carta de Derechos Sociales de la Comunitat Valenciana donde se garantiza el "principio de igualdad y no discriminación". "Mientras esas leyes estén en vigor no hay prioridad ninguna salvo las circunstancias de cada ciudadano en concreto, si quieren hacer otro tipo de política deben hacer otra estructura legislativa al respecto", ha remarcado.

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