El Consell espera reducir a 35 horas semanales la jornada de los funcionarios el 1 de enero de 2027

Satisfacción entre los sindicatos al finalizar la Mesa General de Negociación con los representantes de la Generalitat Valenciana. Un encuentro en el que se abordó, como punto protagonista del orden del día, la implantación de la reducción de jornada para los funcionarios de la administración valenciana hasta las 35 horas semanales. Como publicó Levante-EMV, el Consell se ha decidido a abrir la negociación con las organizaciones sindicales para hacer efectiva y, según han confirmado fuentes presenciales a este diario, la Conselleria de Hacienda y Administración Pública, que dirige José Antonio Rovira, quiere que entre en vigor el 1 de enero de 2027.

Tras la presión de las organizaciones sindicales, la Mesa General de Negociación convocada para este viernes inclúia "instar a cada mesa sectorial a negociar la aplicación de las 35 horas en su ámbito y las correspondientes adaptaciones en los términos del acuerdo de legislatura". Así, la idea es llevar a cabo las conversaciones por departamentos. A partir de ahora, será cada mesa sectorial la encargada de negociar la aplicación de esta medida, que tendrá sus singularidades en cada sector: Sanidad, Educación, Justicia y Función Pública (el resto de la administración de la Generalitat).

Los sindicatos presentes, CSIF, UGT y CCOO, buscaban que se fijara un plazo claro para no demorar la aplicación de la reducción de jornada en cumplimiento del acuerdo de legislatura, que contemplaba la aplicación de esa medida dentro de este cuatrienio que terminará en mayo de 2027. Así pues, CSIF ha trasladado en la reunión su "satisfacción" por el establecimiento de este plazo dentro del margen previsto.

En cualquier caso, el sindicato ha pedido la convocatoria urgente de la Comisión de Seguimiento del Acuerdo de Legislatura para analizar su cumplimiento completo. La central sindical también ha reivindicado la aplicación del incremento salarial acordado a nivel estatal al complemento específico de Justicia. Y la administración ha dicho que posiblemente en la reunión de Mesa Sectorial de Justicia de la próxima semana ya pondrán anunciar fechas concretas de abono.

"Le tomamos la palabra al señor Rovira y le vamos a exigir su cumplimiento porque esto forma parte del acuerdo de legislatura y porque este acuerdo de legislatura le queda un año y queremos llegar antes de las elecciones con todos los objetivos cumplidos", ha asegurado a la salida del encuentro Mayte Montaner, la secretaria general de UGT Serveis Públics, quien ha lamentado "profundamente todo el tiempo que hemos perdido en el ámbito de la sanidad en tanto en cuanto que ya podríamos tener esas 35 horas implantadas desde hace un tiempo".

Hacienda condiciona la medida a "la disponibilidad de recursos"

Por el momento, no se ha ofrecido a la mesa el importe del impacto persupuestario que supondrá la medida. Hacienda pidió informes del coste económico a cada una de las áreas y desde Hacienda se ha remarcado que cualquier paso que se dé en este sentido “será serio y riguroso, sustentando en la posibilidad de llevarse a cabo según la viabilidad presupuestaria y la disponibilidad de recursos”. Al respecto, se ha recordado que el anterior Gobierno valenciano “hizo una promesa en el ámbito de Sanidad imposible de ejecutar al carecer de soporte presupuestario, razón por la que la Abogacía de la Generalitat declaró nulo el acuerdo”.

Así, desde Hacienda se ha recordado la situación de infrafinanciación de la administración autonómica y el crédito presupuestario es de carácter limitativo y la Generalitat debe cumplir la Regla de Gasto establecida por el Gobierno de España y por la Unión Europea, que fija los siguientes límites de crecimiento del gasto: 3,5% en 2026; 3,4% en 2027; y 3,2% en 2028.El incremento del gasto en 2026 en el Capítulo I (gastos de personal) es consecuencia directa de los acuerdos salariales estatales, que suponen un aumento acumulado del 6,5%, con un impacto estimado de 611 millones de euros. Para 2027, se prevé además un crecimiento adicional del 5%.

No hay que olvidar que la reducción de la jornada, como la ampliación del teletrabajo, es uno de los compromisos adquiridos por el Consell en aquel acuerdo de legislatura suscrito en 2024. Entonces, se pactó que la negociaría en un plazo máximo de dos años (2024-2026) pero a uno de que acabe el mandato, la negociación es todavía embrionaria. Una de las razones aducidas por la Conselleria es el impacto de la dana, que habría obligado a frenar muchas iniciativas que no tuvieran que ver con la catástrofe y la reconstrucción.

Coste de 140 millones en Sanidad

En el caso de Sanidad, el Gobierno del Botànic ya intentó implementar la reducción de jornada en Sanidad, acordada para principios de 2025, pero no entró en vigor al no publicarse en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana (DOGV). Con todo, a su llegada a la Generalitat, y tras un informe de la Abogacía de la Generalitat que declaró "nulo" el acuerdo por falta de consignación presupuestaria, el conseller Marciano Gómez acabó frenando la medida. Ahora, los cálculos de la Conselleria cifran que tendrá un impacto económico de 140 millones de euros al año. Este coste se destinaría principalmente a ampliar la plantilla de la sanidad pública porque cada uno de sus 74.538 profesionales -es la última cifra oficial según consta en la Memoria de Gestión de 2024- trabajará 77 horas menos al año.

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