Vox intenta llevar su batalla cultural a los presupuestos tras no lograr que el Consell ejecute ni un euro de los 7,6 millones contra la inmigración

Vox vuelve a apretar al Consell del PP en una negociación presupuestaria en busca de introducir su retórica y poder presumir de influencia también en la C. Valenciana. Juanfran Pérez Llorca se ha lanzado a pactar las cuentas de 2026 con su socio de investidura aprovechando el viento de cola que han levantado los acuerdos en Extremadura y Aragón y los voxistas se dejan querer, pero empiezan a exigir.

Como ya hicieron hace un año con un debilitado Carlos Mazón, pelean de nuevo por arrastrar al PP hacia elementos clave de su batalla cultural. En este caso, la “prioridad nacional” en el reparto de ayudas es el gran caballo de batalla de los de Santiago Abascal. De momento, los populares han claudicado y han aceptado la terminología voxista tanto en Extremadura como en Aragón a cambio de gobernar. Sólo en el Congreso han evitado asumir ese concepto, de cuya legalidad dudan algunos barones.

En la C. Valenciana las posturas se van aproximando con el padrón como referencia, a falta de ver cómo queda reflejada esa exigencia en las cuentas, si finalmente se aprueban. Además de negociar su inclusión en los presupuestos que persigue Llorca, Vox llevará el debate a las Corts, donde ha registrado una iniciativa con la que volverá a forzar al PP a posicionarse y que apunta a votarse en plena campaña electoral andaluza. En esta ocasión Vox pide al Consell que "solicite" al Gobierno central esta medida, para poner a prueba a Llorca tras la negativa de Feijóo a respaldarlo en la cámara baja.

¿Influencia sólo dialéctica?

Así, la incógnita actual ya no es tanto el precio que pueda fijar Vox sino si el PP de Llorca lo acaba aceptando. Y sobre todo pagando, que son dos cosas distintas. Mazón hizo lo primero, pero no lo segundo. Acató las tesis voxistas, las verbalizó en público e incluyó algunas medidas en su proyecto de presupuestos. En total, se consignaron 7,6 millones en tres partidas para combatir la "inmigración ilegal". Tras nueve meses en ejecución, el Consell no ha movilizado ni un euro.

Los de Abascal obligaron al expresident a pasar por su aro en vivo y en directo. En una sorpresiva comparecencia en las Corts en marzo de 2025, replicó el relato de Vox en inmigración. Aseguró que la C. Valenciana “tiene un problema con la inmigración ilegal” y prometió “no admitir más repartos de inmigración ilegal”, “buscar fórmulas para que los menores no acompañados vuelvan con sus familias” y “agilizar con urgencia las expulsiones de inmigrantes ilegales”.

Palabras contundentes con las que asumía el marco ideológico de Vox y que se tradujeron en tres partidas presupuestarias concretas para actuar en ese sentido, por valor de 7,6 millones de euros. En concreto, 5,5 millones para impulsar programas de reactivación en países de origen, 2 millones para promover acuerdos de colaboración con esos mismos países y 100.000 euros para financiar pruebas de edad a menores no acompañados.

Cero euros ejecutados

Vox se felicitó por sus logros, pero cerca de un año después lo cierto es que esa supuesta influencia ha quedado en nada, al menos en materia presupuestaria ya que la Generalitat no ha ejecutado esas partidas. Un cero por ciento. De hecho, la prórroga de los presupuestos hizo decaer dos de las líneas, mientras la de mayor asignación, la de programas de reactivación en países de origen, continua sin arrancar según los datos de la Intervención a febrero de este año.

En paralelo, el Consell ha ido acogiendo a los menores no acompañados que el Gobierno derivó a la autonomía, pese a la proclama de Mazón. En este tiempo la Generalitat ha cumplido con la premisa de oponerse verbalmente al reparto, alegando “colapso” en los centros de menores, y en los tribunales, donde ha recurrido la medida, pero siempre acatando la legalidad y recibiendo a los chavales.

Vox renovó su alianza con el PP tras la dimisión de Mazón el pasado mes de noviembre, facilitando la investidura de Llorca sin forzar elecciones. Los presupuestos ya acumulaban entonces cinco meses en marcha y esas partidas fundamentales para los voxistas continuaban sin arrancar. Prometieron ser "más exigentes" en ese pacto, que nunca llegó a plasmarse por escrito, e instaron a la Generalitat a "actuar", pero lo cierto es que esos avisos no han alterado el devenir de esas partidas, que continúan en un cajón.

Pese a esos datos, Vox continúa sacando pecho de sus logros. Por ejemplo, con la Renta Valenciana de Inclusión, donde alardean de haber impedido su acceso a las mujeres que porten burka o niqab, un extremo que la Generalitat niega y que no queda del todo claro dada la confusa redacción de la norma. También han conseguido que el Consell asuma el compromiso de alejar los centros de menores de los núcleos urbanos.

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