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Migrantes pagan entre 200 y 500 euros en Valencia para tramitar su expediente de regulación

Las entidades sociales denuncian que despachos de abogados cobran hasta 500 euros por tramitar un proceso gratuito que solo cuenta con una tasa administrativa obligatoria de 38,28 euros

Migrantes hacen con en el edicio de Tabacalera, del Ayuntamiento de València.

Migrantes hacen con en el edicio de Tabacalera, del Ayuntamiento de València. / F. Calabuig.

Mónica Ros

Mónica Ros

València

Es una oportunidad única y el tiempo juega en contra. Y cuando estos dos factores conviven llega el "negocio". El trámite para la regularización extraordinaria de personas migrantes es gratuito. De hecho, tan solo conlleva una tasa de 38,28 euros. El expediente se puede presentar de forma telemática o presencial. Para registrarlo de forma presencial, el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones diseñó un sistema con la apertura de las oficinas de Extranjería y de la Tesorería de la Seguridad Social en horario de tarde, y en más de 370 oficinas de Correos de 8.30 a 17.30 horas. Los expedientes también se pueden registrar de forma telemática, aunque para ello es imprescindible tener certificado digital algo imposible para quien carece de la documentación en regla.

El Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones ha puesto en marcha un portal web (inclusion.gob.es/regularización) específicamente destinado a informar sobre el proceso de regularización extraordinaria a las personas interesadas. Desde el mismo portal, puede cumplimentarse el formulario para verificar si se cumplen los requisitos para optar la regularización, iniciar el propio trámite (si se dispone de certificado electrónico) y solicitar cita previa.

El proceso no precisa de ningún técnico especializado, pero los migrantes no paran de contratar sus servicios. Las personas interesadas deben conseguir la documentación que precisan (antecedentes penales, documentación que acredite, certificado de vulnerabilidad...) pero realizar la gestión telemática es otro cantar, sobre todo si se tiene en cuenta que el mayor temor es que el expediente se paralice en su tramitación porque algo esté incorrecto o incompleto.

Por ello, muchas de las personas que optan a la regularización buscan (y pagan) los servicios de un abogado o graduado social que realice la ardua tarea de presentar de forma telemática expedientes que superan las 40 páginas. Ahora bien, el precio por este servicio no para de subir y desde las entidades sociales denuncian el "abuso" que supone que las personas más vulnerables "se vean obligadas a pagar entre 200 y 500 euros para realizar un trámite que es gratuito.

De hecho, por internet se pueden consultar precios con facilidad por realizar estos trámites que incluyen, en ocasiones y por un precio mucho mayor, el ansiado certificado de vulnerabilidad que necesitan en determinados casos y que están siendo el verdadero problema de este proceso de regularización.

Certificado de vulnerabilidad, el documento más buscado

"Hay despachos de abogados que nos están llamando para pedir que emitamos certificados de vulnerabilidad de expedientes que están tramitando ellos. Pero nosotros eso no lo podemos hacer. Por eso les decimos que venga la persona interesada porque debemos conocerla y certificar su situación. Funciona así y nos parece lamentable que están cobrándole a la gente 400, 200, 350, 300, 230 euros… son cantidades que nos han dicho hoy mismo. Hacer negocio con un proceso gratuito es muy criticable", explican desde la asociación Jovesólides.

Desde el Kolectivo Jóvenes Parke también reconocen la llamada de profesionales que les piden la emisión de certificados de vulnerabilidad, algo que desde la entidad no realizan a no ser que "tramitemos el expediente completo". "Es la manera que tenemos de ayudarles. Si tramitan con nosotros el expediente, siempre de forma gratuita por supuesto, emitimos el informe. Pero solo firmar informes de vulnerabilidad... no estamos conformes y lo hacemos para evitar pagos desorbitados por un trámite que es gratuito".

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