El PP busca aumentar su número de asesores en la Diputación de Valencia utilizando plazas de funcionarios

Un decreto de la Diputación de Valencia la pasada semana ha desvelado un intento del PP por ampliar el número de asesores por la puerta de atrás, por la vía de colocar a una eventual en una plaza de funcionaria, ya que es empleada municipal en el ayuntamiento de su pueblo, para así hacer hueco en su grupo de asesores para nuevos fichajes.

En concreto, el decreto del 22 de abril revela que la diputada de Recursos Humanos, Reme Mazzolari, ha desistido del proceso por el que iban a cubrir una plaza de funcionaria dentro del grupo político del PP. ¿El motivo? A la persona escogida, una funcionaria del Ayuntamiento de Quartell (Camp de Morvedre), su alcaldesa (del PSPV) le ha denegado la comisión de servicio preceptiva, es decir, el permiso de su ayuntamiento para trasladarse laboralmente a la corporación provincial.

Nada extraordinario hasta ahí. Para acceder a una comisión de servicios se necesita la autorización de la administración de origen. La cuestión es que esa funcionaria es la portavoz municipal del PP en Quartell, pero además ya está en la diputación, pero ocupando como asesora del partido. Al ser funcionaria de carrera, se la pueda situar en una plaza de funcionaria de la diputación.

Con todo, el movimiento para liberar uno de los cotizados puestos de asesor (cerca de 50.000 euros) finalmente no se va a realizar. Había cuatro aspirantes para este puesto de “ayudante de servicio de administración” (C1/C2 18 C3), pero al no poder acceder la persona escogida como idónea, no ha corrido la lista, sino que se ha suspendido el proceso.

De urgente a desistir

Esto es algo que resulta contradictorio con el procedimiento escogido: una comisión de servicios es una forma temporal de provisión de puestos de trabajo cuando es urgente su cobertura y se prefiere evitar un proceso de provisión que tarda más, con bases y un tribunal. Con este procedimiento basta con un informe de idoneidad, es rápido y deja la decisión en manos de quien escoge, como ocurrió con la pareja del president Pérez Llorca en su salto de Finestrat a Valencia como secretaria de un diputado. El desestimiento que se ha producido ahora evidencia que lo urgente, más que cubrir la vacante de funcionaria, era vaciar una plaza de asesor.

63 eventuales

En estos momentos, la Diputación de Valencia está en máximos históricos de asesores, personas contratadas para respaldar la tarea de los diputados del Gobierno o de la oposición. Son 63 aproximadamente, y al menos el PP tiene toda las plazas cubiertas. La última que se ha incorporado es Pilar Tébar, exsecretaria autonómica de Cultura, que llega para dar un impulso a las instituciones culturales tras el giro de timón de Vicent Mompó y Ens Uneix.

En realidad, muchas de estas plazas de asesores son utilizadas por los partidos para liberar salarios de alcaldes o concejales, con responsabilidades en sus municipios pero con sueldo en la plaza Manises de València.

Funcionarios ‘marcados’

Este caso tiene otra particularidad que radiografía cierta cultura política. La asesora iba a ser enviada a una plaza de funcionaria pero dentro del grupo del PP. Aunque esto sorprenda en otras administraciones, la Diputación de Valencia tiene un grupo de funcionarios llamado “personal de apoyo a grupos políticos”: son funcionarios que trabajan ‘empotrados’ en las dependencias de los partidos, junto a los diputados y asesores. Esta figura se creó en 2002, y estaba concebida casi como una reserva para funcionarios que se habían visto ‘marcados’ por haber estado vinculados al proyecto político anterior.

Su mera creación ya suponía la anomalía de asumir que en la institución había empleados públicos que podrían verse “condenados al ostracismo”, por haber estado “muy comprometidos con concretas opciones políticas” y que habían ocupado puestos directivos con otros gobiernos anteriores.

Los entrecomillados salen de un informe del Secretario General de la diputación del 10 de febrero de 2025, donde advirtió de que, si bien esta figura no genera inconvenientes, no veía bien que esas plazas se cubran por libre designación ni que se abran a otras administraciones. Es decir, que lo que se concibió como un espacio para cobijar a funcionarios señalados, no se utilice para traerse a funcionarios de otros lugares, aumentando así el problema. Sería desvirtuar el propósito original. Se “abre la puerta a la provisión de puestos de funcionarios de carrera por afinidades políticas”. El secretario hablaba abiertamente de “evitar el clientelismo político”.

‘13 funcionarios’ en los cinco partidos

A pesar de aquella recomendación, tras los últimos cambios en estos momentos la institución tiene 13 plazas de funcionarios adscritos a los grupos, todas abiertas a ser cubiertas por funcionarios de otras administraciones: 5 del PSPV, 4 del PP, 2 de Compromís y sendos de Ens Uneix y Vox. A finales de 2025, de hecho, se ocuparon dos plazas de secretario de dirección dentro de los grupos de PSPV y Compromís, aunque en este caso sí se trataba de funcionarios que estaban desempeñando sus funciones en la propia diputación.

Suscríbete para seguir leyendo