À Punt reajusta su plantilla para entrar en el límite salarial exigido por la Generalitat

À Punt ha tenido que tomar aire y meter tripa para que su propuesta de plantilla acabe entrando en los parámetros exigidos por la Generalitat. El consejo de administración de la Corporación Audiovisual de la Comunitat Valenciana SA ha aprobado este lunes la Relación de Puestos de Trabajo de la cadena pública para 2026, un nuevo diseño de la estructura laboral que para poder cumplir con los límites salariales ha requerido de la eliminación de dos de las plazas que se querían crear y amortizar otras tres que ya estaban contempladas a cambio de crear tres nuevos puestos.

Porque en el sector público el problema no es topar con la Iglesia sino hacerlo con los requisitos de Hacienda, y a À Punt le había salido un chichón al chocar con el techo salarial marcado por la Administración autonómica en forma de informe desfavorable. Lo emitió el pasado mes de marzo la Dirección General de Presupuestos "al exceder el límite disponible en la entidad para la implementación de la RPT 2026 aprobada" lo que frenó la nueva estructura laboral que ya había logrado previamente el aval de la Dirección General de Sector Público.

Tras esta, según ha podido saber este periódico, la dirección de la televisión autonómica ha renunciado a crear dos puestos que se habían incorporado como novedad en su estructura laboral: una de las plazas de periodista presentador y otra de técnico de recursos humanos, cambios que se han aprobado este lunes en el consejo de administración, el ente de gestión de la empresa pública. El motivo es adaptarse a los requisitos fijados por la Dirección General de Presupuestos en la autorización de la masa salarial, algo que recuerdan fuentes de la dirección del ente que es "habitual" en este tipo de procesos.

Pero la renuncia a crear estas plazas no es el único cambio entre la propuesta anterior y la surgida del consejo de administración este lunes. También plantea la amortización de tres plazas, la de Subdirección de Programación, la Jefatura de Servicio de Programa y una de técnico en gestión web, a cambio de crear la de coordinador de Recursos y Programas Informativos y Deportes; la de jefe de Recursos y Producción de Programas y la Subdirección de Análisis y Audiencias.

La medida, justifica el ente en la memoria para aprobar la medida, "responde a criterios estrictamente organizativos y productivos, orientados a garantizar una estructura más eficiente, racional y ajustada al nuevo modelo empresarial derivado de la Ley 27/2024, además de que no haya un exceso en la masa salarial autorizable", incidiendo en la "existencia de duplicidades funcionales, desajustes estructurales y puestos cuya carga de trabajo o naturaleza ya no se corresponde con las necesidades actuales del servicio público audiovisual" y cuya eliminación "no afectan a la calidad del servicio".

Críticas sindicales

Fuentes sindicales de la cadena pública, sin embargo, explican que tanto el puesto de la Subdirección de Programación como la Jefatura de Servicio de Programa estaban ocupados y operativos hasta junio del año pasado cuando, critican, hubo un "despido preventivo" de las dos personas que ejercían estas funciones en busca de reducir la masa salarial para lograr el visto bueno de Hacienda en 2025, pero que no se logró y que ahora se incluye también en los de 2026. Es más, recuerdan que en caso de que haya cambios sin negociar con el comité de empresa podría acabar siendo nulo.

Por otra parte, y de cara al futuro económico de À Punt, en la dirección de la televisión autonómica toman distancia con la sentencia de la Audiencia Nacional que condena a Telemadrid al pago de 17 millones a la Agencia Tributaria por deducirse incorrectamente el IVA soportado. Fuentes de À Punt explican que la situación se repite en todas las cadenas públicas autonómicas, salvo la vasca, y que la valenciana mantiene varios procedimientos pendientes de resolución ante la Audiencia Nacional.

No obstante, aseguran que la entidad ha registrado una provisión por el importe total de la posible deuda, incluyendo tanto el principal reclamado como la estimación de los intereses devengados, actualizados anualmente y que por todo ello, "considera que el riesgo asociado a estos procedimientos está adecuadamente reflejado en sus estados financieros". Asimismo, desde 2022, y siguiendo las indicaciones de la AEAT, fuentes de À Punt explican que aplica la prorrata financiera en sus deducciones de IVA. Paralelamente, al no estar conforme con dicho criterio, ha solicitado la devolución de ingresos indebidos y mantiene procedimientos abiertos.

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