Camarero, ante la investigación en las Corts por su gestión el 29-O: "Se hizo lo que se pudo con la información que había"

Susana Camarero, Vicent Martínez Mus y Miguel Barrachina estaban en el pleno del Consell el 29 de octubre de 2024. Son tres de los cuatro miembros del Ejecutivo autonómico que año y medio después siguen en él, además de Marciano Gómez, y 'sobreviviendo' al cambio de quien era el máximo responsable: Carlos Mazón. Y los tres han coincidido, de manera escalonada, este martes en la comisión de investigación de las Corts donde han comparecido de manera escalonada entonando la misma música: defensa de la gestión hecha y señalando la falta de información como eximente; casi lo contrario que les han reprochado en la calle, en la puerta del parlamento, las asociaciones de víctimas que se manifestaban afeándoles "que no estuvieron a la altura de sus responsabilidades".

La primera en romper el hielo ha sido Camarero. La hoy vicepresidenta primera y consellera de Vivienda, Igualdad y Empleo, tenía ese mismo rango el 29-O, aunque entonces contaba también con las competencias de Servicios Sociales, materia por la que más ha tenido que responder a las críticas de la izquierda. En concreto, se han erigido como focos de su gestión los seis fallecidos en la residencia de Paiporta, los 37 usuarios del servicio de Teleasistencia que perdieron la vida el 29-O y su controvertida participación exprés en el Cecopi, 40 minutos, a las 17 horas, antes de desconectarse para ir "a un acto de la CEV".

De todo ello se ha defendido este martes Camarero. "No es cierto el abandono a las residencias", ha señalado nada más comenzar su intervención ante las primeras preguntas de la oposición citando el envío de un correo con el protocolo (del que ha reivindicado haber puesto en marcha) a las 9:50 de la mañana. Tampoco, ha añadido, es cierto que el servicio de Teleasistencia envíe alertas meteorológicas, recordando que los pliegos los firmó el Botànic. "Vincular las muertes con este sistema es injusto", ha remarcado.

En el desbrozo de sus actuaciones el 29-O, también ha entrado en la polémica sobre su desconexión del Cecopi del que, ha indicado, no es miembro. "Me conecto porque desde primera hora estaba preocupada y siguiendo lo que estaba pasando, pero vi que estaban los que tenían la responsabilidad técnica", ha indicado. Tras ello, ha asegurado que se salió de la reunión virtual porque tenía un acto en la CEV al que le "insistieron" que acudiera. No obstante, ha reivindicado que el evento "no condicionó que siguiera pendiente" de los sucesos.

El problema de todo, ha indicado, fue la falta de información. "A esa hora no sabíamos nada de ninguna residencia", ha indicado, refiriéndose a las 18:30 horas. Así, ha recordado que hasta las 19 horas, en el centro de Paiporta, "todo transcurría con normalidad hasta que un tsunami arrasó con todo". Nadie, ha reiterado, les avisó ni a la residencia, ni a la propia conselleria. "Nadie en mi conselleria dejamos de estar ocupándonos de las incidencias que dejaba la dana, pero lo hicimos con la información que tuvimos. Me quedo con el dolor de no haber podido contar con la información necesaria para ayudar, pero también con la certeza de que se hizo lo que se pudo", ha explicado.

"Hemos cometido errores"

La misma falta de información ha servido también de estribillido para que Martínez Mus, entonces conseller de Medio Ambiente, Territorio e Infraestructuras y hoy ascendido a la Vicepresidencia Tercera mantiendo las citadas competencias y sumando las de Reconstrucción, haya justificado no haber, entre otras medidas, cerrado el servicio de Metrovalencia antes el día de la dana. "Siempre actuamos según la información que se disponía", ha añadido al tiempo que ha expresado (algo extraño entre dirigentes gubernamentales) cierta autocrítica: "Seguro que hemos cometido errores, pero siempre con la garantía de hacerlo lo mejor posible".

Por su parte, el conseller de Agricultura y Agua, Miguel Barrachina, también se despojó de cualquier responsabilidad en la presa de Buseo, que se desbordó aquella jornada provocando dos fallecimientos en Sot de Chera. Se trata de la única presa cuya titularidad es de la Generalitat Valenciana aunque su gestión está externalizada a la compañía Typsa. Un técnico de la presa declaró que avisó de la situación de desbordamiento y por diferentes medios tanto a su Conselleria como al departamento autonómico de Emergencias y a la Confederación Hidrográfica del Júcar (CHJ). Sin embargo, Barrachina justificó que las normas de explotación de la presa fijan a la CHJ como la responsable de constituir el comité permanente y canalizar la información y asesoramiento en materia de protección civil.

Asimismo, Barrachina no explicó por qué el 29 de octubre no estaba implantado el plan de emergencia, que incluye sistemas de avisos a la población que no se pudieron emplear. Con todo, sí aclaró que no hay "ninguna presa" en la Comunitat Valenciana, incluídas las 18 de la CHJ, que tengan implementado este plan y la de Buseo es la "única" en plazo, que finaliza en julio de 2027. Así, insistió en que actualmente, el plan ya está implantado al 99% y ya se han hecho simulacros de emergencia, a diferencia de las instalaciones de titularidad estatal.

De quien no ha habido ni una sola mención por parte de los tres consellers ha sido de quien los había propuesto para su cargo antes del 29 de octubre: Carlos Mazón. Fulminado de su puesto, y en plena polémica judicial, ni Camarero, ni Barrachina, ni Mus han citado al expresident. Y eso que especialmente a Camarero le han apretado desde el PSPV acusándola de "mentir" por sus intervenciones como portavoz del Consell desde donde defendió que el hoy diputado raso del PP estuvo trabajando desde las cinco de la tarde en el Palau ese día.

Suscríbete para seguir leyendo