El fiscal ve "procedente" que la jueza de la dana siga transcribiendo las declaraciones si el Consell le mantiene la cantidad de funcionarios

La Fiscalía se ha opuesto al recurso que interpuso por la defensa de la exconsellera de Interior Salomé Pradas ante la Audiencia Provincial contra la decisión de la jueza de la dana, Nuria Ruiz Tobarra, que acordó suspender la transcripción de las declaraciones de testigos, peritos e investigados a partir del 30 de junio tras la decisión de la Conselleria de Justicia de poner fin a cuatro de los cinco refuerzos de los juzgados de Catarroja. El fiscal, en un escrito fechado este miércoles, respalda la decisión de la magistrada pero añade que si el Consell mantiene finalmente la dotación de funcionarios en el juzgado, como ya ha anunciado que hará, "resultaría procedente revertir la decisión de suspender la realización de las transcripciones".

El ministerio público reconoce que las transcripciones "resultan convenientes y prácticas para las diversas partes que intervienen en el procedimiento, debido, fundamentalmente, a la extensión de la mayoría de tales diligencias", pero sostiene que no puede ignorarse "el cambio de circunstancias" con la supresión de cuatro de las cinco plazas de refuerzo asignadas a la causa desde marzo de 2025. Se trata, argumenta la fiscalía, de "una reducción de medios tan drástica que conlleva la práctica imposibilidad de continuar con las transcripciones al ritmo actual, ocasionándose, en definitiva, un retraso en la tramitación de la causa de tal magnitud que supondría prácticamente la paralización del procedimiento", con más de 100 declaraciones testificales pendientes de señalamiento.

En ese sentido, el fiscal pondera, frente a los derechos procesales invocados por la defensa, "el derecho de los investigados a un procedimiento sin dilaciones indebidas", y concluye que el acceso a las grabaciones garantiza "la integridad de los derechos constitucionales de Defensa y de Tutela Judicial Efectiva".

La defensa de Pradas, que había recurrido el auto ante la Audiencia Provincial, argumentaba que la merma de personal no puede justificar el decaimiento de la obligación de transcribir las diligencias, que es "una obligación propia de la fase del procedimiento en la que nos encontramos" y no una práctica alternativa al traslado de grabaciones. La instrucción, sostenía el recurso, se rige "por los principios de intermediación y escritura", no por los de oralidad propios del juicio oral, y la negativa a transcribir vulnera el artículo 24.2 de la Constitución. La defensa subrayaba además la asimetría práctica entre la magistrada -"dedicada en exclusiva a este procedimiento"- y las partes, que "tienen que atender a otras causas y participar en otras diligencias, incluso en plazas distintas".

La decisión de la jueza Ruiz Tobarra se adoptó tras conocer la resolución de la directora general de Justicia, Maria Jose Adalid Hinarejos, que acordó no prorrogar los puestos de refuerzo —200 en toda la Comunitat Valenciana— que vencen el 30 de junio, como parte del proceso de estabilización de plantillas impulsado por la Conselleria de Justicia.

En el caso de Catarroja, la supresión afecta a cuatro funcionarias que llevan trabajando en la causa de la dana desde que la instructora se incorporó en comisión de servicios, "por lo que son conocedoras del procedimiento, funcionando como un equipo", según recogía la propia magistrada en su auto. La consellera Nuria Martínez, sin embargo, ha garantizado que las plazas se cubrirán de forma inmediata mediante comisiones de servicio, lo que abre la puerta, según el fiscal, a que las transcripciones puedan reanudarse si esa cobertura se materializa.

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