Un responsable de Buseo pidió sin éxito a la Generalitat que activara la máxima alerta en la presa la noche de la dana

Uno de los focos de la emergencia de la dana fue la presa de Buseo, la única presa de titularidad de la Generalitat Valenciana, que se desbordó el día de la dana al no poder desaguar toda la lluvia que llegaba al embalse. La infraestructura, cuya explotación está externalizada desde 2022 a una empresa (Typsa), empezó a verter por coronación pasadas las diez de la noche y aguas abajo fallecieron dos personas en el municipio de Sot de Chera. Este martes, comparecieron en la comisión de la dana de Les Corts Valencianes un técnico de la compañía y el conseller de Agricultura, Miguel Barrachina, cuyo departamento es el titular de la presa.

El ingeniero adjunto al director de explotación del embalse de Buseo relató cómo vivieron los técnicos la fatídica jornada y expuso las comunicaciones que tuvo tanto con la Generalitat Valenciana como con la Confederación Hidrográfica del Júcar (CHJ) y que por la noche llegó a instar a la activación del nivel de emergencia 3 de la presa, el máximo, ante el riesgo de colapso. El departamento de Emergencias de la Generalitat Valenciana no puso en marcha el nivel 2 hasta la mañana siguiente.

Así, expuso cómo a primera hora de la tarde del día 29 la situación era relativamente "normal" en una situación de avenida al registrar una entrada de agua de apenas 30 metros cúbicos por segundo, que por la noche acabaría superando el millar de metros cúbicos por segundo. Según explicó, durante la jornada estuvieron hablando con responsables de la Conselleria de Agricultura a través de un grupo de Whatsapp, pero además llamó al técnico de ese departamento a las 13.50 horas y a las 19.42 horas, y aunque dijo no acordarse de la conversación, intuyó que sería "de la emergencia, de los datos [de agua] que estaban entrando" en el embalse y "de las previsiones".

Los empleados de Typsa estaban siguiendo el agua que entraba al embalse a través de los datos que ofrecía la CHJ a través de su Sistema Automático de Información Hidrológica (SAIH), aunque con una media hora de retraso. "Visto que el caudal iba aumentando, puse un correo a las 20.41 horas a la Confederación y el responsable de explotación por parte de la Conselleria", aseveró el ingeniero adjunto, quien alertaba de un plazo de tres horas para que desbordara. Intentó acceder a la infraestructura pero no pudo, y de camino también contactó a las 21.01 horas con el jefe de área de Explotación de la CHJ, que estaba presente en el Cecopi.

Más tarde, pasadas las 23 horas, envió otro correo tanto a Emergencias como a la CHJ calificando como "probable" que la presa estuviera "vertiendo por coronación". Y una hora después, alertaba de que la presa "tenía un punto de debilidad" y que "se debería avisar a Sot de Chera para que traten de desalojar la parte baja del pueblo", para, ya a la una de la madrugada, recalcar que se podía haber "superado el umbral límite (que corresponde a un estado de emergencia número 3)". Este es el nivel máximo de la presa, que Emergencias nunca activó. Sí lo hizo con el nivel dos a la mañana siguiente, a las 9.15 horas.

"Yo puse cuatro avisos", recalcó el técnico en la comisión de investigación, quien destacó el último por su gravedad. Preguntado por la diputada socialista Alicia Andújar por qué la Generalitat no elevó la emergencia a nivel tres, el técnico no pudo responder. "En el mensaje creo que se me entendía bien", dijo, aunque cuestionó si "quizá" deberían haber "sido más contundentes" con los avisos porque la presa había vertido por coronación.

Una de las cuestiones clave es la competencia para canalizar toda esa información. Las normas de explotación de la presa señalan que en situación de avenida la CHJ debe constituir el Comité Permanente "a la mayor brevedad posible", presidido por el presidente del organismo, Miguel Polo, y que éste será el órgano "de información y asesoramiento de las autoridades competentes en materia de protección civil". Si bien más adelante apunta que el director de la presa ha de comunicar la alerta tanto a la Delegación del Gobierno como al departamento de Emergencias de la Generalitat Valenciana.

Con todo, el conseller Miguel Barrachina consideró "manifiesto y palmario" que la responsabilidad era exclusivamente de la CHJ y "quien mandaba y era el representante en el Cecopi era Miguel Polo". Dijo también que "la única información de que se dispuso la tenía la Confederación" y apuntó tanto a Polo como a la delegada del Gobierno, Pilar Bernabé, porque "la disponían ellos y solo ellos", algo que no es cierto porque también fueron advertidos técnicos de su departamento y de Emergencias.

Sin implantar el plan de emergencias

El técnico de la presa también explicó que el día de la dana hacía un año que se había aprobado el plan de emergencia de la presa pero este no estaba implementado, lo que impidió mayor efectividad en los avisos a la población, y señaló a la Generalitat Valenciana como responsable de ello. "Si hubiéramos tenido implantado el plan, hubiéramos podido activar las sirenas y haber avisado", señaló al respecto, aunque admitió que los ayuntamientos de Sot de Chera, Bugarra y Gestalgar "actuaron diligentemente" promoviendo el desalojo de parte de los pueblos.

El conseller no explicó estas deficiencias existentes durante la emergencia, pero contraatacó señalando que es el único de los 19 embalses públicos de la Comunitat que está en plazo de implantación hasta julio de 2027. Así, destacó que actualmente esta fase se encuentra al 99% y que ya se han instalado los sistemas de aviso y se han hecho simulacros de emergencia, por lo que instó a evaluar el cumplimiento en el resto de infraestructuras, dependientes de la CHJ, donde no se ha realizado. "No hay ningún embalse público en la Comunitat Valenciana que tenga implementado el plan de emergencia", insistió.

También destacó que en mayo y noviembre de 2024 se hicieron sendas revisiones de seguridad de la presa. Unos informes que ya alertaban de que el coeficiente de seguridad era "insuficiente" y no cumple con la normativa porque una avenida "posiblemente provocaría daños en el pie de aguas abajo y en la zona de estribos que podrían reducir significativamente el coeficiente de seguridad". Con todo, Barrachina destacó que se han invertido el año pasado 4,7 millones de euros, cuatro veces más que lo invertido en total durante el Botànic, aunque la socialista Andújar le recordó que en 2024 se ejecutaron apenas 12.000 euros de 675.000.

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