Las víctimas del ‘no’ a la prórroga de los alquileres: “Me doblarán el precio y eso no lo puedo pagar”

Pablo vive en un piso de 40 m2 en Torrefiel del que no quiere irse. Vive solo, paga el alquiler con su sueldo de profesor. “Para pagar los 550 euros de alquiler que pagaba hasta ahora sí que me da”, reconoce. Pero no para lo que podría pasar a partir de ahora, después de que el Congreso de los Diputados tumbara ayer el real decreto-ley aprobado por el Gobierno el pasado 21 de marzo que contemplaba la prórroga de hasta dos años de todos los contratos de alquiler cuyo vencimiento se produjese entre el 22 de marzo de este año y el 31 de diciembre de 2027. 

Ese rechazo en el Parlamento implica que, con mucha probabilidad, propietarios de vivienda e inquilinos tengan que dirimir sus diferencias en los tribunales, advierten los juristas. Eso en general pero, en particular, para Pablo, significa que lo más probable es que el alquiler que paga se incremente hasta hacerse inasumible. “Me lo doblarían”, afirma. 

Su contrato se firmó en octubre de 2022 y acababa en abril de 2027. Cuando se anunció la posibilidad de prórroga, contactó en el Sindicat d'Habitatge de València para que le asesoraran y siguió todos los pasos. Como marcaba el procedimiento, envió el burofax pidiendo la prórroga a la empresa que gestiona el alquiler en nombre de la propiedad de la vivienda, Alquiler Seguro. Luego, contactó con los propietarios de la casa, que le comunicaron que esperarían a ver cómo evolucionaba la posibilidad de prórroga.

“Esto me genera mucha incertidumbre, porque encontrar vivienda por menos de 1.000 euros en València y el área metropolitana es misión imposible”, dice. Ahora que el decreto ha caído, la opción que le queda es luchar porque se le reconozcan los efectos retroactivos. “Yo quiero luchar por la vigencia de este decreto y, de momento, quedarme en mi casa, otra opción no la veo”, resume.

Ha intentado buscar alternativa en València, pero no ha podido encontrar nada que pueda pagar. También en l’Horta Nord, cerca de donde trabaja, en Tavernes Blanques. “Pero los precios son casi como en València, y en algunos sitios incluso peores”, lamenta. El área metropolitana de la capital, dice, se extiende ahora cada vez más lejos y, con ella, los precios abusivos de alquiler.

“Es una pesadilla, así es imposible hacer tu vida”

Ana se resiste a abandonar El Cabanyal. Lleva nueve años en València y, en su piso actual, cinco. Ahora, es consciente de que su lucha por no dejar la casa acabará, muy probablemente, en los tribunales. El contrato se le acababa en junio, envió el burofax cuando se enteró de que la prórroga le supondría dos años más en el piso y ahora está “en un limbo”. 

“Tengo claro que yo me voy a quedar en el piso, pero también que eso va a conllevar muchos mails con la casera, mucha pelea”, reconoce. Eso, en el mejor de los casos. No niega que esa perspectiva le da miedo. “No descanso bien, llevo semanas pensando si me va a demandar, si no”, dice. Si se va de la casa, no tiene dónde ir, porque no tiene contacto con su familia, ni familiares en València que la puedan ayudar.

Hasta ahora, pagaba 650 euros más gastos, 750 euros en total. “En mi zona está imposible, los precios han subido tanto que solo ves pisos por 1.500”, lamenta. En estos años, El Cabanyal ha expulsado a muchos de sus vecinos. “Sobre todo hay pisos en alquiler temporal para Erasmus, las inmobiliarias ya se llaman ‘real estate’ y cada vez que acaban las obras en un edificio luego le ponen candados y te das cuenta de que serán, otra vez, Airbnbs”, critica. 

“Te da ansiedad, mucha ansiedad, porque esto es una pesadilla; así es imposible hacer tu vida”, dice. Ha llegado a plantearse irse a vivir a otra ciudad, e incluso a otro país. “Estoy cansada del maltrato a las personas con el tema de la vivienda”, reconoce. Pero es consciente, también, de que la cosa está cambiando: “Hay una conciencia social de que hay un problema que va más allá de los colores políticos”.

“Me quieren subir el alquiler de 500 a 1.000 euros”

El contrato de alquiler de Tatiana en Burjassot acabó hace un año. “La última subida la habíamos hecho de palabra: yo pagaba 450 euros y mi casera me dijo que en enero me haría un contrato nuevo con cinco años más a 500 euros al mes”, explica. Pero nunca le enviaron ese contrato. “Me fie de su palabra”, lamenta.

Pero la siguiente llamada de la propietaria fue para decirle que iba a pasar a cobrarle 1.000 euros. “Me dijo: si no me puedes pagar eso tienes dos semanas para abandonar el piso”, rememora. Tatiana estuvo a punto de quedarse sin casa con dos hijos y a las puertas de navidad. “Para pagar 1.000 euros al mes tendría que destinar todo mi sueldo y la mitad del de mi pareja, y no nos quedaría ni para comer”, asegura.

Intentó negociar una subida más leve pero la propietaria se negó y contrató abogados. Empezó, entonces, un cruce de burofaxes: uno de la dueña en que daba por extinguido el contrato, otro para darles la orden de desalojar el 3 de abril y uno de la familia de Tatiana acogiéndose a la prórroga. “El abogado de la propietaria me dijo que no podía acogerme a ese decreto porque tenía el contrato caducado y tenía que irme”, lamenta. “¿Que cuál es mi situación? Pues ahora estoy a la espera de que me demande”, zanja.

Suscríbete para seguir leyendo