Los sindicatos suben la presión a Educación y concretan su exigencia en 500 euros brutos más al mes

Más presión de los sindicatos educativos a la conselleria ante la amenaza de huelga. Con el simbolismo de la fecha del 1º de Mayo en el ambiente, hasta ocho sindicatos educativos, incluidos los tres que convocan el paro indefinido (Stepv, UGT PV y CCOO PV, mayoritarios en su suma) así como la Coordinadora d'Assemblees Docents, han enviado un documento de 'Acuerdo unitario de negociación' con la concreción de las exigencias al departamento autonómico donde se especifica uno de los puntos clave sobre la mesa: la parte económica, con la necesidad de un aumento de 500 euros brutos al mes.

Así consta en la propuesta pactada por las "principales plataformas educativas, junto con los sindicatos y las asambleas docentes" con una finallidad "clara": "Queremos que sea la hoja de ruta en una futura negociación con la Administración educativa, que se ha de comprometer a dar viabilidad a unas demandas que apuestan de forma clara y fehaciente por un futuro mejor para toda la comunidad educativa". En esta, a través de 9 páginas, se indican medidas tanto de contratación, ratios, reducción de burocracia, infraestructuras y, sobre todo, de condiciones laborales.

Estas son el primer punto de la propuesta con la reclamación de "recuperar el poder adquisitivo perdido". Justificado en que el profesorado "se encuentra a la cola en remuneraciones de todo el Estado español" y que la parte autonómica del sueldo "no se ha visto incrementada desde hace 19 años", la propuesta tiene como primera medida la "recuperación progresiva alrededor del 20 % del poder adquisitivo perdido desde 2010", que calculan en torno a unos 500 euros mensuales brutos, "con la incorporación de complementos específicos de funciones (tutorías, coordinaciones... ) e incremento del complemento específico y de los diferentes tramos de los sexenios".

Esta exigencia supone una concreción y unificación respecto a las peticiones que se han ido situando encima de la mesa de negociaciones. Por ejemplo, tanto CSIF (que no se ha sumado de momento a la huelga) como CCOO PV habían reclamado 300 euros netos más al mes. A ello piden que se añada una "cláusula de revisión salarial anual vinculada al IPC para garantizar el mantenimiento del poder adquisitivo", el pago del verano de los interinos que trabajen un mínimo de 150 días durante un mismo periodo escolar y la creación de un sexto sexenio "mientras la edad de jubilación no vuelva a bajar".

También reclaman una "recuperación íntegra de la paga extra para todo el profesorado" con la "creación de complementos autonómicos compensatorios (como el Complemento de Equiparación o el Específico de Paga Extra) que neutralicen el recorte estatal del sueldo base y trienios, garantizando el cobro del 100 % de la mensualidad real". Todas estas medidas que afectan al salario deberían tener una "aplicación inmediata del compromiso" mientras que el inicio de su despliegue sería "desde el curso 2026-2027, con hitos anuales pactados en la mesa".

Ratios, jornada laboral y más profesores

Pero más allá de las condiciones económicas, se añaden exigencias de carácter más organizativas. Una de ellas es la reclamación de una "bajada de ratios". Ahí los sindicatos proponen que en las etapas de Infantil 0-1 años sea de 4 alumnos por aula; de 1-2 años sea de 6 y de 2-3 años sea de 8. Además, tanto en Infantil de 3-5 años como de Primaria se pide que sea de 15 alumnos por aula mientras que en la ESO y Bachillerato sea de 20 estudiantes por clase, por debajo de la referencia estatal de 22 en Primaria y 25 en la ESO. Esta exigencia tendría una aplicación "máxima" de dos cursos.

También se incluyen otras demandas como la "recuperación íntegra y la aplicación efectiva del Acuerdo de Plantillas de 2023", dictaminado por el Tribunal Superior de Justicia, la "creación de 2.000 plazas nuevas para reforzar el sistema educativo", la recuperación de las 30 horas de los ciclos semipresenciales de FP, la "sustitución inmediata de todas las bajas del personal docente", la reducción de la jornada laboral a 35 horas semanales, "agilizar la reconstrucción de los centros afectados por la dana" o elaborar un "plan de adecuación climática".

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