Boán Callejas: el rostro del hombre que envió a la muerte a Peset Aleixandre

En la sala de acceso del ayuntamiento de la localidad gallega de Cangas de Morrazo hay un inmenso cuadro. En él, se reúnen las fotografías de todos los alcaldes que han gobernado este municipio de Pontevedra, de casi veintisiete mil habitantes, desde principios del siglo XX. En la imagen correspondiente a los años 1936 y 1937 aparece un nombre y un rostro: el de Óscar Boán Callejas.

Para la mayoría de la gente, este nombre resulta hoy desconocido, incluso en el propio municipio que dirigió durante el primer año de la Guerra Civil Española. Sin embargo, su figura quedará unida para siempre en la memoria de valencianos y valencianas a uno de los episodios represivos más duros vividos en esta tierra: el juicio y posterior condena a muerte del rector de la Universitat de València, Joan Baptista Peset Aleixandre.

El 4 de marzo de 1940, Peset Aleixandre fue condenado a morir fusilado por un tribunal presidido por el teniente coronel Óscar Boán Callejas. El científico valenciano se pasaría doce meses encerrado en la prisión hasta que Franco dio el 'enterado'. Doce meses de sufrimiento y de intentos infructuosos de clemencia. El 24 de mayo de 1941, el prestigioso catedrático sería ejecutado en el Terrer de Paterna. Este año se cumplen, por tanto, 85 años de su asesinato.

Levante-EMV, con la colaboración de Faro de Vigo -ambos periódicos del grupo Prensa Iberica- y del investigador valenciano Vicente M. Gimeno, muestra hoy en exclusiva el rostro de quien presidió el tribunal que envió al paredón al máximo representante de la principal institución académica de la Comunitat Valenciana en aquel momento.

Pero, ¿quién era el franquista Óscar Boán Callejas? Era uno de los hijos del capitán de caballería Ricardo Boán, nacido en Guantánamo, y de María Dolores Callejas Becerra, natural de La Habana. Cuando se produce el golpe de Estado de julio de 1936, Boán Callejas, que ha desarrollado una amplia carrera militar, está retirado con rango de comandante. No obstante, esto no es obstáculo para recuperarlo para la represión en Galicia en los primeros meses de la guerra civil y le nombran alcalde de Cangas de Morrazo. En esta localidad, la represión franquista dejó múltiples víctimas, entre las que destaca el asesinato de once personas, conocidas como "Os mártires de Anguieiro, el 28 de agosto de 1936 por falangistas. Tras su paso por la alcaldía de la localidad en estos meses cruciales, en mayo de 1937 asumió el cargo de delegado de Orden Público en Pontevedra, puesto que desempeñó hasta octubre de ese mismo año. Durante algunos meses de 1938 está en el frente, momento en que es ascendido a coronel de Caballeria, pero después es destinado a la Comunitat Valenciana para participar en la represión de las comarcas de Castelló, ciudad que había sido tomada por los franquistas el 13 de junio de 1938.

Eliminar al enemigo

Tras tres años de conflicto y la intensa resistencia republicana en Valencia y Alicante, las tropas franquistas desembarcaron con un claro afán de revancha. Su objetivo era nítido: eliminar cualquier rastro del enemigo. No importaba la condición de las víctimas —alcaldes, concejales, amas de casa, obreros o agricultores—. Se trataba de borrar toda oposición al nuevo régimen. En tierras valencianas, esa política se aplicó con especial crudeza. Y Boán Callejas fue uno de sus principales ejecutores.

Como presidente del Consejo de Guerra en Sagunt, dejó un rastro especialmente violento. Coincidiendo con el desfile de la victoria de Francisco Franco en Valencia, el 5 de mayo de 1939, ordenó el fusilamiento de 27 personas —vecinos de Puçol, Sagunt y el Puig— a las afueras del cementerio saguntino. Pero no fue un caso aislado. Posteriormente, volvió a presidir el tribunal que envió al paredón de Paterna a tres vecinas de Catarroja: Carmen Martínez Fortea, Bárbara Morellá Ribes y Francisca Ballester Noguera, de 35, 41 y 51 años. Fueron acusadas de pertenecer a la Confederación Nacional del Trabajo y de colaborar con la República. En la misma línea represiva, también condenó a muerte a Rosa Font, conocida como La Budella, vecina de Cullera, de 29 años. Militante socialista, había participado en diversas acciones de apoyo al gobierno legítimo.

Dos de estas cuatro mujeres estaban embarazadas en el momento de su ejecución y todas ellas dejaron huérfanos de edades muy tempranas. Con los maridos presos o huidos, algunos de estos menores tuvieron que ser acogidos por familiares o incluso entregados a hospicios, lo que provocó, además del desgarro y el trauma por el fusilamiento de sus madres, una ruptura familiar que se tradujo en una herida difícil de sanar en muchos de los casos. Todos los descendientes de estas mujeres tuvieron que sufrir el escarnio público, la persecución y el maltrato social. Algunos de ellos, incluso, se vieron obligados a marcharse a otros países.

En el caso de Carmen Martínez Fortea, además, se tiene constancia de que un día antes de su ejecución fue trasladada al Hospital Provincial de Valencia, a la sala de maternidad. Al día siguiente fue devuelta a la prisión —donde permanecía interna en la cárcel de mujeres— y, de allí, conducida al paredón de Paterna. Se desconoce qué ocurrió finalmente en aquella sala de maternidad: si llegó a dar a luz o si fue ejecutada aún embarazada.

Proceso a Silvestre de Edeta

La dureza de la represión de Óscar Boán Callejas se refleja igualmente en el proceso contra el escultor Manuel Silvestre Montesinos (Silvestre d'Edeta ) y otras 27 personas en Llíria. Ocho de ellas fueron condenadas a muerte y finalmente ejecutadas, mientras que otras 12 recibieron penas de hasta 30 años de prisión. No se libraron tampoco de la mano de este teniente coronel los hermanos Juan y Miguel Pérez Gaviria y el edil socialista Elias Murcia Martínez, todos ellos de la localidad valenciana de Ayora.

Tras su sangrienta campaña en tierras valencianas, regresó a Vigo en 1941 con rango de coronel y en esta ciudad permaneció en activo hasta 1947, momento en el que se retira hasta su fallecimiento en 1964. No se le conocen medallas ni condecoraciones y hoy en Cangas de Morrazo, casi nadie sabe quién es Óscar Boán Callejas. No dejó huella en el municipio, pero sí en la memoria de los valencianos. «La verdad es que ese nombre que me dices no me suena para nada», comenta un vecino de la localidad a esta periodista. «Si no me llegas a decir quién es, ni lo sabría».

Consejos de guerra: una 'farsa' que se llevó miles de vidas

Según la estructura establecida en 1936 por el bando franquista, los consejos de guerra debían de estar integrados por siete hombres: un presidente, tres vocales, un vocal ponente, un fiscal y un defensor. Todos ellos, militares o militarizados, como ocurría en algunos casos con los responsables de la defensa. "Los primeros consejos de guerra fueron contra quienes habían formado parte de los comités revolucionarios o entidades municipales. Se tramitaban con carácter de urgencia y se resolvían en acto, único y breve, para el cual solo hacía falta que hubiera dos testigos de cargo. La sentencia era dictada y rápidamente ejecutada. Tenían carácter masivo, puesto que se juzgaba en bloque varias personas", explica Miquel Fernández i Zaragozà, investigador de la represión franquista en Llíria y miembro del Comissionat de Memoria Democrática del Ayuntamiento de Llíria.

Los delitos por los cuales se hacían los consejos eran, principalmente, la adhesión a la rebelión (castigado con pena de muerte o penas de entre 30 a 20 años) y que estaba vinculada a la participación decidida en favor de la República y el auxilio a la rebelión (de 20 años a 12 años y 1 día) , que se solía aplicar a quién cooperó con la República."

Lo primero que hay que tener en cuenta es que no era un tribunal de un Estado de Derecho" , explica el magistrado y portavoz territorial de Juezas y Jueces para la Democracia, Joaquim Bosch, "sino una farsa, un montaje en el que solo requerían formación jurídica el vocal ponente y el fiscal. El resto lo único que tenían que ser era militares, estos dos también". Tras la entrada franquista en València y, por último Alicante, se arma toda una estructura represiva "con el objetivo de atemorizar a la población, eliminar a los enemigos y dejar claro que cuestionar la dictadura era equivalente a un escarmiento", explica Bosch". Estos tribunales "ni eran independientes, ni respetaban la separación de poderes, ni se podía escoger un abogado defensor, por eso digo que eran una farsa: lo que buscaba el régimen era dotar a este proceso de eliminación del oponente de una escenografía supuestamente jurídica".

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