Excargos del PP y varios empresarios se enfrentan hasta a 18 años de prisión por corrupción urbanística vinculada al 'cártel del fuego'

La sección Tercera de la Audiencia Provincial de Valencia juzga a partir de este lunes a diez personas, entre ellas el exalcalde de Quartell y exdiputado provincial del PP, Francisco Huguet, y el exconcejal del mismo municipio Emilio Máñez, en el marco de una causa de corrupción urbanística y cobro de comisiones ilegales derivada del denominado caso Avialsa, conocido como el caso del 'cártel del fuego'. El juicio, que se extenderá durante toda la semana, acumula peticiones de la Fiscalía Anticorrupción que oscilan entre siete y 18 años y medio de prisión para los procesados. También solicita indemnizaciones a favor del Ayuntamiento de Quartell que suman, en conjunto, casi 700.000 euros.

La causa es, en realidad, una ramificación del "cártel del fuego", la trama de sobornos a cambio de amaños en las adjudicaciones de los aviones de extinción de incendios por la que acabaron condenados, entre otros, Serafín Castellano, exconseller de Gobernación con Francisco Camps, y Vicente Huerta, empresario de Sagunt dueño del grupo Avialsa. En plenas indagaciones, los investigadores encontraron información de algunos protagonistas que apuntaban a otras presuntas ilegalidades relacionadas con corrupción urbanística, por lo que se abrió una pieza separada, que es la que se juzga ahora.

La Fiscalía Anticorrupción sostiene que, entre 2005 y 2016, el propietario del grupo Avialsa se habría valido de la capacidad de influencia y decisión de los dos exregidores de Quartell -que habían estado en nómina del holding empresarial- para obtener la adjudicación de terrenos municipales a cambio de diversos tipos de dádivas. Así, considera que los dos expolíticos, en su etapa municipal, dictaron unas “resoluciones contra las advertencias negativas de los técnicos guiados por la intención de beneficiar económicamente a las empresas adjudicatarias y lucrarse económicamente ellos mismos y sus familiares más directos". Atribuye al exalcalde y exdirigente del PP en Camp de Morvedre delitos continuados de prevaricación con malversación agravada de caudales públicos, cohecho y blanqueo de capitales; y a su ex teniente de alcalde, le acusa además de falsedad en documento privado y frustración de la ejecución.

Influencia y adjudicaciones

Los suelos se iban a destinar a operaciones urbanísticas en municipios de la comarca del Camp de Morvedre, especialmente en Quartell y Alfara de Algimia. Uno de ellos es el PAI del sector B de Quartell, adjudicado a la empresa Prodaemi sin concurso público previo. Otra operación señalada es la cesión gratuita de una parcela de 3.098 metros cuadrados del Ayuntamiento a esa misma empresa, cuando el terreno estaba valorado en medio millón de euros y "sabiendo que la adjudicataria no era una entidad benéfica y social promotora de viviendas de protección oficial a personas económicamente débiles o un organismo público".

Esa transmisión ya fue cuestionada en una auditoría urbanística redactada en 2019 por encargo del consistorio. Y, por mucho que el exalcalde Francisco Huguet defendiera luego la cesión en declaraciones a Levante-EMV, asegurando que el suelo para 99 pisos reportó más de medio millón al ayuntamiento, el Ministerio Fiscal hace una lectura bien distinta.

Además de operaciones en Quartell, otro de los focos de la investigación es el PAI Nova Alfara, que pretendía reclasificar casi 1,8 millones de metros cuadrados de suelo no urbanizable protegido, lleno de campos y pinares, a suelo urbanizable residencial compatible con terciario pero en 2008 recibió el rechazo de la Generalitat Valenciana. A eso se le suma la reparcelación forzosa de los Sectores S1 y S3 de Alfara y unos contratos de reconocimiento de deuda "encubriendo comisiones ligadas al proyecto", según la Fiscalía, si bien este tampoco se llegó a ejecutar.

El instructor, al procesarlos, señalaba que el exalcalde habría percibido más de 280.000 euros con el que habría comprado bienes inmuebles como fincas rústicas o viviendas junto con su esposa. El exconcejal, por su parte, habría recibido casi 600.000 euros, según el instructor, que halló un ingreso en la cuenta del matrimonio de 180.000 euros bajo el concepto "Lotería Nacional" del que ni la entidad ni Loterías y Apuestas del Estado tienen constancia documental.

Cabe recordar que ambos ya fueron condenados a dos años y medio de prisión por orquestar una contratación simulada en la empresa pública Imelsa para que Máñez figurara como coordinador de Brigadas Forestales, cargo que nunca ejerció. Por su parte, el dueño de Avialsa, además del fallo del 'cártel del fuego', acumula otra sentencia condenatoria por defraudar a Hacienda en el impuesto de sociedades de tres de sus empresas y en el IRPF, y por emplear una fundación de manera irregular para "aprovecharse" de sus ventajas fiscales, según aquella resolución.

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