La Generalitat amplía el concierto de siete centros educativos del Opus Dei por 73 millones pese a segregar por sexo

Nuevo frente en la Conselleria de Educación que espera un final de curso más que intenso. En plena negociación para evitar la huelga indefinida del profesorado a partir del 11 de mayo, al departamento autonómico que dirige Carmen Ortí le ha llegado un requerimiento prejudicial de Compromís por otro motivo: la renovación del concierto en siete centros vinculados con el Opus Dei pese a que, según advierte la formación valencianista, incumplen la ley estatal al segregar al alumnado por sexos.

En concreto, según han denunciado este lunes en rueda de prensa el síndic de Compromís, Joan Baldoví, y el portavoz de Educación en las Corts, Gerard Fullana, se trata del Altozano de Alicante, el Aitana en Elx, el Vilavella y el Guadalaviar en València, El Vedat en Torrent, el Torrenova en Castelló y el centro Miralvent en Betxí. Todos ellos están vinculados al Opus Dei, de los que seis son propiedad de la misma fundación, Fomento, y en los que según han incidido los diputados valencianistas, se segrega por sexos.

La autorización para renovar el concierto hasta 2031, con un coste de 73 millones de euros, se dio en abril de 2025 cuando era conseller de Educación, José Antonio Rovira, hoy en Hacienda; mientras que la actual titular de la cartera educativa, Ortí, era subdirectora general de Planificación Educativa y Centros Privados y Concertados, es decir, contaba con responsabilidades en una decisión que, según ha advertido Compromís, es contraria a la ley educativa estatal, la Lomloe (conocida también como ley Celáa), que prohíbe subvencionar con fondos públicos centros que discriminen por sexos.

El cambio legal provocó que en 2022, la Conselleria de Educación entonces en manos de Compromís notificara a los siete centros que no se les renovaría el acuerdo con la Generalitat para mantener las plazas concertadas en caso de no eliminar del proceso de matriculación la limitación por sexos. Por ejemplo, en el Vedat solamente existía la opción de matricular a niños y en Guadalaviar solo estaba la opción de hacerlo con niñas.

Esa pestaña desapareció, y a ello se acoge la Conselleria de Educación tras la denuncia para defender la legalidad de la actuación del departamento, pero la segregación se mantiene. En algunos casos puede ser posible lo contrario, empieza proceso persuasión y presión para salir. De hecho, según las respuestas parlamentarias de Educación a Compromís, en este curso, de los 4.347 matriculados en estos centros, más de 4.000 lo harían en plazas segregadas, es decir, donde no hay personas de diferentes sexos compartiendo aula.

"Mecanismos con trampa"

¿Cómo ha sido posible? Según la información recabada por Compromís, los centros "establecieron mecanismos con trampas" para mantener esta distinción por sexos. Uno de los 'métodos' es "presionar" a las familias que matriculan a su hijo en un centro donde predomina el sexo contrario advirtiéndole que va a estar solo. La otra forma es no concertar la etapa Infantil de 3 años y al ser totalmente privada sí se puede discriminar en la elección de personal. También indican que hay cursos donde tienen a solo una persona del otro sexo para esquivar esta prohibición.

Sea cual sea el modo, el resultado acaba siendo centros con claro dominio de un sexo, incluso en su totalidad, algo que supondría incumplir la ley estatal y, por lo tanto, provocaría la revocación del concierto. Pero no. Pese a ello, la Generalitat Valenciana prorrogó el concierto de los siete centros, más de 4.300 plazas para las que Educación destinará en torno a 73 millones de euros desde 2025 a 2031. De ahí que Compromís apunte directamente a la conselleria.

"Es claro y evidente que van contra ley y es claro y evidente que la conselleria lo sabía", ha señalado Fullana centrándose de momento en el paso prejudicial del requerimiento para que la Generalitat exija a estos centros la devolución del dinero pagado, pero advirtiendo que ve indicios de ilegalidad en la actuación del departamento autonómico. "Ortí es la persona que según las competencias oficiales era la responsable fiscalizar renovación de los centros", ha añadido señalando que o bien no lo hizo o bien lo hizo e incumplió la norma.

Por su parte, la consellera ha negado las acusaciones y ha explicado que lo que prohíbe la ley es segregar por sexo en la matrícula y que en el caso de los centros señalados "existe un proceso de admisión igualdad de todas las familias que piden plaza". En este sentido, ha insistido en que todas las familias tienen garantizado poder optar a estas plazas "sean del sexo que sean", no obstante, ha recordado que se trata de centros concertados cuyas plazas se otorgan a través de "concurrencia competitiva" determinado por una serie de puntos.

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