Protesta por la privatización de los centros de menores de la Comunitat Valenciana

La tutela de los menores es de la Generalitat Valenciana, pero el sistema está en manos privadas. De hecho, son tres las entidades privadas que gestionan el "grueso" de la gestión de la infancia más vulnerable en la Comunitat Valenciana: la Fundación Antonio Moreno, la Fundación Diagrama y la Fundación Amigó. Entre estas tres entidades se "reparten" la gestión de 40 centros de menores en la Comunitat Valenciana, con un perfil muy variado ya que se encargan tanto de una primera acogida, como de una estancia permanente, así como de servicios de acogida de urgencia. Todos ellos para quienes no han cometido delito alguno pero carecen de un adulto o de una familia que se haga cargo de ellos, ya sean nacionales o extranjeros.

Además, estas tres fundaciones también se encargan de gestionar aquellos centros de menores para quienes sí tienen pendientes medidas judiciales. Son nueve centros, se denominan centros socioeducativos y aunque el Botànic había ultimado su reversión al sistema público llevan el camino contrario, al igual que el resto del sistema.

Estas entidades privadas se encargan de la gestión de los centros residenciales donde vive la infancia tutelada, pero llevan años funcionando al margen de la Ley de Contratos del Sector Público. Sus contratos caducaron hace años y desde el sector reconocen con normalidad que el Consell funciona en Infancia mediante la figura del enriquecimiento injusto, un mecanismo de emergencia que certifica que la administración está recibiendo un servicio por el que no tiene contrato. Y así, lo que debería ser la excepción se ha convertido en la norma.

Para paliar esta situación la Conselleria de Servicios Sociales, Familia e Infancia debe sacar a licitación la gestión de estos centros. Sin embargo, ha decidido empezar por, al menos, siete centros de menores para privatizarlos por completo (cinco en València y dos en Castelló). Los centros de València afectados son los de acogida de Campanar, Xiquets y Xics; la Colònia Sant Vicent Ferrer, el centro de menores de Cabanyal, y la Residencia Juvenil Mislata II. De hecho, el proceso de privatización está muy avanzado ya que se están ultimando los pliegos de condiciones para la licitación y posterior adjudicación, según denunció UGT. En el caso del centro Xiquets, el personal público ya ha sido reubicado.

Desde CC OO afirman que 71 trabajadores públicos serán trasladados de modo que ya no habrá plantilla pública en estos espacios. "Se trata de 32 ayudantes de residencia, 11 cocineros, 10 educadores sociales, 8 subalternos, 4 vigilantes, 3 directores, dos maestros y un auxiliar de mantenimiento. El Consell vacía así servicios públicos y entrega la gestión a terceros. La supervisión de la gestión pública desaparece", afirman desde CCOO. Por ello, ayer se plantaron ante las Corts Valencianes para visibilizar su protesta ante el president de la Generalitat, Juanfran Pérez Llorca, quien se acercó a ellos tras salir de la sesión de control.

Centros "hacinados" y contratos de emergencia

Además, el sindicato explica que la "opacidad" es una realidad en los centros gestionados por entidades privadas que "no cumplen con las ratios de profesionales, no cubren vacaciones y no garantizan un servicio de calidad adecuada ni para los menores ni para los trabajadores".

Como ejemplo, desde el sindicato denuncian la situación que se vive en el centro de recepción de Alborache, donde más de 120 adolescentes residen actualmente en un recurso previsto para un máximo 84 plazas. "El hacinamiento de los menores y la falta de recursos y personal es una realidad. Esta situación de colapso ya se ha convertido en algo habitual durante los últimos años, y lejos de mejorar este escenario, podría verse agravado en los próximos meses debido a la previsión actual de reparto de menores planteado desde el gobierno central", explican desde Comisiones Obreras. Y añaden: "Esta sobreocupación se traduce en condiciones indignas para los menores que son atendidos. Las habitaciones, diseñadas para dos o tres menores, acaban albergando hasta cinco menores, con circunstancias que rozan el maltrato institucional: colchones en el suelo, ropa interior compartida, prendas lavadas a mano y secadas en las ventanas, y un largo etc que pone de manifiesto el colapso que los trabajadores denuncian".

El centro de recepción de menores de Alicante, por su parte, también está "saturado". Así lo ha denunciado la Plataforma de TRabajadores del Sector Social tras asegurar que este centro está al triple de su capacidad ya que tiene 24 plazas autorizadas, pero hay 50 menores acogidos.

Desde la pataforma, además, denunciaban la gestión de los denominados Centros de Atención Temporal de Extranjeros (CATE) que funcionan mediante un contrato de 855.000 euros cada 3 meses. "Con ese dinero construyes varios centros porque el sistema está saturado por el propio flujo del sistema, no por lo migrantes que vienen de Canarias o del Magreb", explicaban.

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