Suspendido el juicio por la corrupción urbanistica vinculada al ‘cártel del fuego’

No se ha podido celebrar el juicio previsto este lunes sobre presunta corrupcion urbanistica derivada del caso Avialsa, más conocido como el ‘cártel del fuego’. La sección tercera de la Audiencia Provincial ha acordado el aplazamiento de la vista oral de la causa en la que estan acusadas una decena de personas, entre ellas el exalcalde de Quartell, Francisco Huguet, y el exconcejal Emilio Máñez, además de sus mujeres y varios empresarios.

El tribunal ha aceptado la peticion de la Fiscalía de suspender la sesión ante la aportacion de nuevas pruebas periciales por parte de las defensas. La fiscal Adoración Cano ha pedido la inadmision de las pruebas o, en su defecto, el aplazamiento para tener tiempo de estudiar la nueva documentación. Finalmente, y tras examinar los argumentos, la sala ha acordado la admisión de las periciales pero la suspensión de la vista, para la que deberá fijarse nueva fecha.

La causa es una ramificación del "cártel del fuego", la trama de sobornos a cambio de amaños en las adjudicaciones de los aviones de extinción de incendios por la que acabaron condenados, entre otros, Serafín Castellano, exconseller de Gobernación con Francisco Camps, y Vicente Huerta, empresario de Sagunt dueño del grupo Avialsa. En plenas indagaciones, los investigadores encontraron información de algunos protagonistas que apuntaban a otras presuntas ilegalidades relacionadas con corrupción urbanística, por lo que se abrió una pieza separada, que es la que se juzgaba ahora. De hecho, Huerta es otro de los acusados en esta nueva causa.

En las cuestiones previas del juicio, la fiscal ha pedido también aportar al juicio la sentencia de la Audiencia Nacional sobre la causa origial porque, en ella, Huerta “aceptó” al condena, y ha justificado que aquel caso demostraba su “forma de actuar con la administracion y otras empresas”, por lo que permitiría “calibrar el modus operandi” en este caso tambien. Las defensas se han opuesto sosteniendo que aquellos hechos, vinculados a la concertacion de precios, eran diferentes a los que se juzgan ahora y que la fiscalía intentaba crear una suerte de clima desfavorable contra el acusado. Argumentos que ha atendido el tribunal.

La Fiscalía Anticorrupción sostiene que, entre 2005 y 2016, el propietario del grupo Avialsa se habría valido de la capacidad de influencia y decisión de los dos exregidores de Quartell -que habían estado en nómina del holding empresarial- para obtener la adjudicación de terrenos municipales a cambio de diversos tipos de dádivas. Así, considera que los dos expolíticos, en su etapa municipal, dictaron unas “resoluciones contra las advertencias negativas de los técnicos guiados por la intención de beneficiar económicamente a las empresas adjudicatarias y lucrarse económicamente ellos mismos y sus familiares más directos".

La acusación pública tribuye al exalcalde y exdirigente del PP en Camp de Morvedre delitos continuados de prevaricación con malversación agravada de caudales públicos, cohecho y blanqueo de capitales; y a su ex teniente de alcalde, le acusa además de falsedad en documento privado y frustración de la ejecución. Las peticiones de cárceloscilan entre siete y 18 años y medio de prisión para los acusados. También solicita indemnizaciones a favor del Ayuntamiento de Quartell que suman, en conjunto, casi 700.000 euros.

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