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Tribunales

El TSJCV anula la transferencia de agua entre el Júcar y el Vinalopó desde Cullera firmada en 2024

El alto tribunal valenciano invalida las resoluciones de la CHJ que permitieron un trasvase de hasta 15 hectómetros cúbicos aunque avala la vigencia del convenio marco

El río Júcar a su paso por la comarca valenciana de La Ribera Baixa

El río Júcar a su paso por la comarca valenciana de La Ribera Baixa / LEVANTE-EMV

Pablo Plaza

Pablo Plaza

València

El Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana (TSJCV) ha anulado las transferencias de agua que autorizó la Confederación Hidrográfica del Júcar (CHJ) en febrero de 2024 desde el azud de la Marquesa, en Cullera, hacia el sistema Vinalopó-Alacantí. La sala sostiene que se tramitaron sin cumplir un requisito previo e ineludible: la aprobación de un plan anual de explotación de las masas de agua subterránea afectadas. Aunque por otra parte, avala la vigencia del convenio del trasvase Júcar-Vinalopó.

En el fallo, que puede ser recurrido ante el Tribunal Supremo, la sección cuarta de la sala de lo Contencioso-Administrativo estima parcialmente los recursos la asociación ecologista Xúquer Viu y anula dos resoluciones de la Comisaría de Aguas de la CHJ. La primera, del 12 de febrero de 2024, autorizaba la derivación de un volumen máximo de 15,6 hectómetros cúbicos del río Júcar, a través de la toma del azud de la Marquesa, en Cullera, y por medio de la conducción Júcar-Vinalopó. Y la segunda, de cuatro días después, ampliaba esa autorización con efectos desde el 5 de ese mismo mes.

El tribunal señala deficiencias procedimentales pero que considera de suficiente calado porque, sostiene el fallo, el Plan Hidrológico de la Demarcación del Júcar exige que cualquier transferencia de recursos hacia el sistema Vinalopó vaya precedida de la aprobación de un plan anual de explotación que establezca los volúmenes máximos de extracción subterránea. Ese plan, subraya la sentencia, "brilló por su ausencia" y no fue aprobado hasta febrero de 2025, un año después, por resolución del presidente de la CHJ.

"Requerían sin ningún género de dudas de la aprobación previa del plan anual de explotación, algo sustantivo y sustancial", argumenta el fallo, que rechaza los argumentos de la Abogacía del Estado, que sostuvo que el plazo para aprobar ese plan no era determinante y que la demora se debía a la complejidad del proceso de colaboración entre la CHJ y la comunidad de usuarios. Para la Sala, esa misma complejidad hace que la omisión no pueda considerarse un simple retraso sino un "vicio de anulabilidad".

Avala la vigencia convenio para el trasvase

Sin embargo, la sala no estima la pretensión princial de la asociación ecologista, que recurrió también la adenda suscrita en octubre de 2023 al convenio marco para el trasvase. Los ecologistas sostenían que el convenio original había caducado por superar el plazo máximo que la ley fija para los convenios administrativos, y que la adenda encubría en realidad un nuevo convenio que debió tramitarse como tal, pero la sala rechaza ambos argumentos.

Sobre este punto, el tribunal se apoya en el informe de la Abogacía General del Estado que concluye que la propia normativa de aguas ampara convenios de larga duración cuando así lo impone la naturaleza de la infraestructura. "Dado el elevado coste económico de la ejecución de las infraestructuras hidráulicas, más de 250 millones de euros en total, ejecutada con fondos propios de la Sociedad Estatal, y con financiación europea, es ilusorio entenderlo viable con una duración de cuatro años", razona el fallo. En ese sentido, descarta igualmente que la adenda constituyera un convenio nuevo encubierto, al entender que todas sus modificaciones versan sobre la actualización del sistema de pagos ya previsto en el texto original.

La asociación Xúquer Viu, que interpuso el recurso, ha valorado positivamente la estimación parcial pero ha lamentadoque la sentencia avale el convenio a diez años —ampliable a veinticinco—. La entidad estudia la posibilidad de presentar un recurso de casación ante el Tribunal Supremo, aunque reconoce la complejidad de su admisión al tratarse de un recurso extraordinario limitado a errores de derecho. En ese sentido, ha advertido que mantiene un segundo recurso contencioso-administrativo contra el plan de explotación del convenio.

Este, a su juicio, "aumenta en un 60% la cantidad a trasvasar a Alicante hasta casi 500 hectómetros cúbicos en 10 años, sin tener en cuenta ni el estado de la cuenca del Júcar ni los previsibles efectos que la subida de las temperaturas globales tendrán en el estado ecológico del río y la Albufera". La asociación denuncia que la recuperación de los acuíferos sobreexplotados del Vinalopó se haría "a costa de aumentar la sobreexplotación del Júcar" y recuerda su posición histórica: los caudales a trasvasar deben depender de los sobrantes reales del río cada año y no prefijarse en un convenio plurianual.

"Una muy buena noticia para el futuro"

La Generalitat Valenciana ha valorado positivamente el fallo pero ha aprovechado la sentencia para reclamar a la CHJ que aplique los mecanismos de flexibilidad previstos en el plan de explotación ante la paralización del trasvase. La directora de Agua y Desarrollo Rural, Lourdes Pérez Berná, ha considerado que la resolución judicial "supone, en términos generales, una muy buena noticia para el futuro del sistema Júcar-Vinalopó, para nuestros regantes y para la seguridad hídrica de la provincia de Alicante", al confirmar "la plena vigencia y legalidad del convenio", consolidando así "una infraestructura estratégica para garantizar el suministro de agua que necesitan nuestros agricultores, reducir la presión sobre acuíferos históricamente sobreexplotados y asegurar la viabilidad de la agricultura en nuestras comarcas de interior."

Pérez Berná ha advertido, sin embargo, de que el trasvase lleva paralizado desde el pasado 6 de abril por las reparaciones que se ejecutan en el túnel de Barxeta, una circunstancia que está comprometiendo los volúmenes previstos para numerosas entidades de riego. La dirigente ha ercordado que el propio plan de explotación contempla mecanismos excepcionales de adaptación cuando los problemas son ajenos a los usuarios, y ha exigido a la Confederación que los aplique: "No podemos exigir a nuestros agricultores sacrificios, inversiones y reducciones de bombeo y, al mismo tiempo, negarles los mecanismos de flexibilidad que el propio sistema prevé para situaciones extraordinarias como la que estamos viviendo", expuso.

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