La Generalitat defiende ante el Constitucional su competencia para "proteger el patrimonio cultural" costero frente al Gobierno

La Generalitat ha presentado un escrito de 52 páginas con las alegaciones contra el recurso de inconstitucionalidad del Gobierno en el que cuestiona el artículo 17 y la disposición final primera de la Ley de Protección y Ordenación de la Costa valenciana. En concreto son los apartados de la ley que se refieren a la figura de protección de las viviendas costeras tradicionales. El Constitucional admitió en marzo el recurso planteado por el Gobierno contra la regulación de esos núcleos urbanos de especial valor etnológico. Se trata de conjuntos de edificaciones residenciales, comerciales o vinculados a actividades económicas tradicionales.

Además de impugnar esos dos apartados, al considerar que incumplen la normativa estatal en materia de costas, el Gobierno también cuestiona la disposición adicional cuarta de la Ley 3/2025, referida al Inventario de terrenos degradados incluidos en el dominio público marítimo terrestre. El TC invocó el artículo 161.2 de la Constitución para suspender la vigencia y aplicación de esos artículos y disposiciones desde la fecha de interposición del recurso (el 26 de febrero de 2026) para las partes del proceso, y cuando apareció publicada la suspensión en el Boletín Oficial del Estado.

Ahora, la Generalitat ha presentado sus alegaciones, en las que insiste en la defensa de esos núcleos de valor etnológico argumentando que tiene competencias en preservar esas edificaciones contra los deslindes que promueve el Ejecutivo. Y acusa, de nuevo, al Gobierno de atentar contra los derechos de los propietarios y de generar inseguridad jurídica. Insisten, además, en que la Generalitat legisla en el ámbito de sus competencias de ordenación del territorio y conservación de patrimonio cultural.

En dominio público, en general

Cuestionan, asimismo, la interpretación de si los núcleos tradicionales de esas edificaciones costeras están técnicamente en zona de dominio público o no y defiende una lectura más amplia para proteger esas casas por su valor patrimonial aunque no estén exactamente en ese dominio.

En la demanda, el Gobierno sostenía que los preceptos impugnados podrían vulnerar la normativa básica estatal, en particular, los artículos 132, 149.1.1a y 149.1.23a de la Constitución Española, así como lo dispuesto en la disposición adicional undécima de la Ley 21/1988, de Costas.

El Gobierno y la Generalitat abrieron hace meses una comisión bilateral para intentar resolver las discrepancias sobre una veintena de artículos de la norma valenciana. Se ha llegado a un acuerdo en todo menos en lo que se refiere a los núcleos de valor etnológico, figura con la que el Consell quería proteger esas zonas para evitar los deslindes que amenazan esas construcciones ahora objeto de disputa en el Constitucional.

"Los deslindes no son la solución"

La Generalitat, por su parte, reivindica que la ley valenciana de la costa es "una herramienta clave para proteger viviendas, los derechos de los propietarios y el patrimonio cultural valenciano en el litoral". Fuentes de la Conselleria de Medio Ambiente que dirige el también vicepresidente Vicente Martínez Mus, remarcaron que "se va a defender la norma hasta el final ante el Constitucional". "Núcleos costeros como los de playa Babilonia, en Guardamar del Segura, o Torre la Sal, en Cabanes, necesitan del respaldo que ofrece esta ley para defender las casetas de primera línea que se ven amenazadas por la inacción del Gobierno", subrayaron.

Para la Generalitat, "los deslindes no pueden ser la solución, hay que actuar atajando el problema de raíz". El gobierno autonómico recuerda que el Estado ya llevó la ley de costas gallegas al Constitucional, tribunal que dio la razón a la autonomía. La Generalitat "seguirá aplicando el resto de la ley de costas", advierten en la conselleria de Martínez Mus, que mantiene activa la negociación con el Gobierno para la transferencia de competencias como la de licencias y sanciones. La admisión a trámite del Constitucional, subrayan, solo ha paralizado los artículos en referencia a la figura de protección.

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