El carpetazo a la comisión de la dana en las Corts agranda la brecha entre las víctimas y Llorca

El carpetazo a la investigación de la dana en las Corts se ha erigido en una nueva piedra en el camino de Juanfran Pérez Llorca para tratar de acercarse a las víctimas de la dana, representadas por las tres principales asociaciones de damnificados que acudieron hace un año a Bruselas a reunirse con la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen. Esa imagen todavía no se ha dado con el 'president' de la Generalitat y este martes, después de que PP y Vox hayan optado por finalizar la comisión, está aún más lejos, vista la "indignación" manifestada por las propias víctimas.

Los calificativos y reproches del comunicado evidencian el enfado de las tres organizaciones, la Associació de Víctimes de la DANA 29 d’octubre de 2024, Asociación Víctimas Mortales Dana 29-O y Damnificados por la DANA de l'Horta Sud de Valencia, con la decisión de 'populares' y voxistas. En este tildan los trabajos llevados a cabo en la comisión de "pantomima parlamentaria", afean que se ha tratado de un "operación de blindaje político" y que "nunca han tenido una verdadera voluntad de aclarar qué falló el 29 de octubre ni de aprender de la negligente gestión de la emergencia".

"La comisión de las Corts ha acabado confirmando aquello que muchas víctimas ya denunciábamos: una pantomima parlamentaria orientada más a construir un relato político de defensa del Consell que a esclarecer responsabilidades o escuchar honestamente a las víctimas y a la ciudadanía", exponen en el texto firmado por las tres entidades y enviado apenas un par de horas después de que la junta de síndics (con los votos de PP y Vox) denegara ampliar el plazo de prórroga de la comisión que pedían PSPV y Compromís, que también cargaron contra la decisión.

Ese rechazo condena a la investigación parlamentaria a terminar el 27 de mayo, cuando se ha de debatir el dictamen, las conclusiones tras poco más de una decena de sesiones y 34 comparecencias. Estas serán poco más de un tercio del total de declarantes que PP y Vox pactaron justo un año antes en su plan de trabajo conjunto y que se ha ido ampliando en los siguientes meses, incorporando a las propias víctimas, algo que en un principio obviaron y que en el intento de entonces Carlos Mazón de acercarse a ellas en busca de una reunión incluyeron.

Sin Pradas ni Argüeso

Claro que la forma en la que se llevó a cabo no gustó a las principales asociaciones. En este sentido, las tres organizaciones recordaron que tardaron "meses en ser convocadas" (más de 500 días, ya con Llorca en el Palau en otro intento de deshielo) y cuando finalmente se les citó "se hizo en unas condiciones indignas, compartiendo espacio con entidades y discursos que incluso negaban la representatividad de las asociaciones de víctimas o intentaban diluir las responsabilidades políticas", algunas de las cuales estaban personadas en la causa y la han abandonado al no poder imputar a nadie del Gobierno central.

Quienes no serán citados en la comisión, y también lo afean las asociaciones, son "los principales responsables políticos y técnicos de la emergencia", señalando a los dirigentes de Emergencias de la Generalitat: la exconsellera Salomé Pradas y su número dos, Emilio Argüeso, ambos investigados por la justicia. "Es imposible interpretarlo como otra cosa que no sea una operación de blindaje político", inciden ante esta negativa y añaden: "Las Corts, con PP y Vox al frente, han demostrado que nunca han tenido una verdadera voluntad de aclarar qué falló el 29 de octubre ni de aprender de la negligente gestión de la emergencia".

El cierre de la comisión lo interpretan las víctimas como una nueva afrenta del Consell pese a los intentos de acercamientos: "Mientras públicamente afirman que “tienden la mano” a las víctimas, en la práctica cierran sin ningún pudor una comisión parlamentaria esencial para la verdad y la rendición de cuentas". Esta semana, las tres principales asociaciones se ausentaron de la mesa de diálogo creada por la Generalitat, evidencia de que la relación sigue bloqueada.

Pero el reproche lo concretan, además, en Llorca, del que lamentan que "no quiere aprender, ni asumir responsabilidades, ni revisar aquello que se hizo mal" y del que criticann que "continúa tapando políticamente la negligencia del 29 de octubre de 2024 y manteniendo a Carlos Mazón aforado y protegido". Son reacciones duras que echan por tierra la estrategia del 'president' de lograr una "normalización" con las víctimas, llegando a pedir perdón en su sesión de investidura en nombre de la Generalitat.

Críticas de la izquierda

La pirotecnia verbal también se dio en las Corts. Pese al poco desarrollo de su propio plan de trabajo, los síndics de PP y Vox, Fernando Pastor y José María Llanos, defendieron que hay suficientes datos para elaborar las conclusiones, última misión de la comisión, y han lamentado las ausencias de los miembros del Gobierno central frente a los reproches de PSPV y Compromís que han calificado la actuación de "estafa", en palabras de Isaura Navarro, síndica adjunta de los valencianistas, o que sea una "de las peores comisiones que se recuerden", según el síndic del PSPV, José Muñoz, equiparándola a la del accidente del metro en 2006.

La única vía que podría cambiar algo, y es más que complicado, es el Tribunal Constitucional al que apelarán los socialistas. Según ha explicado Muñoz, el PSPV va a presentar un recurso de amparo al tribunal de garantías por vulneración del artículo 23, el referido a la labor de los grupos parlamentarios de fiscalización a los partidos de gobierno. El motivo, ha explicado, es que PP y Vox se quieran basar las explicaciones de Pradas en "una mera transcripción" de su comparecencia en el Congreso. "No es suficiente, ¿quién dice que yo voy a hacer las mismas preguntas que le hicieron", ha incidido Muñoz.

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