El Constitucional deja en el aire los cambios de PP y Vox en la ley trans del Botànic

Parte de la contrarreforma de PP y Vox a la ley trans que impulsó el Botànic en 2017 ha quedado suspendidas. Si hace casi un año ambas formaciones pactaban con motivo de la ley de Acompañamiento a los Presupuestos cambiar vía enmiendas varios artículos de la normativa promulgada por las izquierdas, este martes, el pleno del Tribunal Constitucional ha admitido a trámite el recurso del Gobierno central y ha suspendido varios artículos modificados, dejando en el aire su futuro en una situación similar a los deslindes de la ley de la Costa Valenciana.

En concreto, se trata de los artículos 127, 129, 136, 139 y 140 de la Ley 5/2025 de 30 de mayo, de medidas fiscales, de gestión administrativa y financiera, y de organización de la Generalitat Valenciana, que modifican varios preceptos de la Ley 8/2017, de 7 de abril, integral del reconocimiento del derecho a la identidad y a la expresión de género en la Comunitat Valenciana, en particular, los artículos 6, 8, 16, 23 y 24. Su cambio supone (o suponía, según la decisión del Constitucional) frenar gran parte de los avances de la normativa del Botànic.

Según interpreta el Ejecutivo central en su recurso, estas modificaciones de PP y Vox abren la puerta a las terapias de conversión, permite a los padres de los adolescentes menores de edad (de 16 a 18 años) oponerse al cambio de género de sus hijos cuando la ley estatal da total libertad a partir de los 16 años, prohíbe a los centros educativos abordar en sus proyectos la identidad de género y diversidad sexual o elimina la obligación que tenían colegios e institutos de evitar cualquier tipo de discriminación a las personas trans.

Con ello, el Gobierno alegaba que varios preceptos recurridos de la ley podían ser contrarios a tres artículos de la Constitución e iba contra leyes estatales, como la propia LGTBI impulsada por el Ministerio de Igualdad. Para intentar solventar las discrepancias que existían entre las modificaciones de populares y voxistas frente a la ley del Botànic se abrió una comisión bilateral entre el Consell y el Gobierno central que terminó sin acuerdo.

Frente a este recurso aprobado por el Consejo de Ministros el pasado 23 de febrero e invocar el artículo 161.2 de la Carta Magna, el pleno del Tirbunal Constitucional ha suspendido la vigencia y aplicación de los preceptos impugnados desde la fecha de interposición del recurso para las partes del proceso y desde el día en que aparezca publicada la suspensión en el Boletín Oficial del Estado para los terceros.

Recurso del Defensor del Pueblo

Esta nos la única decisión que ha tomado el tribunal de garantías sobre los cambios que PP y Vox hicieron en la ley trans a través del cajón de sastre que supone Acompañamiento, aprobada el 28 de mayo de 2025. El pleno del Constitucional también admitió a trámite el pasado mes de septiembre el recurso de inconstitucionalidad interpuesto por el Defensor del Pueblo (a petición de Compromís) en relación a la necesidad de que los adolescentes tuvieran que presentar un informe favorable de "un profesional de la salud mental" para poder recibir cualquier tratamiento de hormonación.

No es la primera vez que una ley autonómica sobre los derechos de la identidad y la expresión de género acaba en el tribunal de garantías. Ocurrió anteriormente con la ley trans aprobada por Isabel Díaz Ayuso en la Comunidad de Madrid, precisamente por exigirle un informe médico a las personas que desean iniciar su cambio de sexo, un antecedente que podría afectar directamente a la nueva legislación valenciana.

La suspensión de los artículos citado deja un escenario similar a lo que ocurre con los deslindes en la ley de la Costa Valenciana, impulsada por la Generalitat, aprobada por PP y Vox en las Corts y recurrida tras una negociación infructuosa por el Gobierno central. Ante esta suspensión, la Conselleria de Medio Ambiente ha presentado alegaciones para evitar que esta disposición sea tumbada defendiendo que cuenta con competencias para gestionar sobre aquellas construcciones sobre el litoral que puedan constituirse como parte del patrimonio autonómico.

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