El Gobierno de Sánchez se compromete por primera vez a llevar al Congreso la reforma de la financiación

El Plan Anual Normativo (PAN) de la Administración General del Estado es un documento que recoge todas aquellas iniciativas legislativas que el Gobierno prevé aprobar en Consejo de Ministros durante el ejercicio en curso. El Ejecutivo de Pedro Sánchez ha dado luz verde este martes a esa hoja de ruta para 2026, que contempla la validación de 179 normas de diferente rango, entre ellas una de especial relevancia en la C. Valenciana: la reforma del sistema de financiación autonómica, que de salir adelante en el Congreso supondría casi 3.700 millones más al año para las maltrechas arcas de la Generalitat, la peor tratada por el modelo de reparto actual (y también por el previo, de 2002).

Que el Gobierno se comprometa a aprobar esta ley orgánica en Consejo de Ministros no es garantía de éxito, pues incluso cumpliendo su parte, el proyecto deberá pasar luego por el Congreso, donde necesita una mayoría absoluta que por ahora no está ni mucho menos garantizada. De hecho, el PP y todos sus territorios donde gobierna, entre ellos la C. Valenciana, se oponen a la propuesta diseñada por la ex ministra de Hacienda, María Jesús Montero, junto a ERC al apreciar un "traje a medida" para Cataluña.

Pero sí que revela un cierto cambio de ritmo, pues además del paso de presentar una oferta en firme por primera vez a las comunidades autónomas (hasta ahora solo existía un esqueleto, presentado en 2021), Moncloa asume ahora el compromiso de dar continuidad al proyecto de reforma pese a las dificultades políticas y lo plasma negro sobre blanco en su plan normativo. Es la primera vez que el Ejecutivo de Pedro Sánchez lo incorpora a sus compromisos legislativos desde su llegada al poder en 2018.

Así, una vez plasmado ese objetivo de sacarlo adelante en Consejo de Ministros, el Gobierno debe ahora concretar el calendario, que sigue algo desdibujado. Según fuentes del Ministerio de Hacienda, la intención es que el seno del Ejecutivo lo apruebe "antes de acabar el año". Dilatan de este modo las previsiones iniciales, que apuntaban a llevarlo al Congreso antes de verano.

El 'bautismo de fuego' de Arcadi España

En cualquier caso, antes de debatirse en Consejo de Ministros e iniciar la correspondiente tramitación parlamentaria el Gobierno debe completar una serie de pasos previos. Entre otros, la negociación bilateral con las autonomías, muchas de ellas gobernadas por el PP y que, por ahora, han acatado las órdenes de Génova pese a que la propuesta beneficia a algunas de ellas como la propia C. Valenciana, Murcia o Andalucía.

El responsable de pilotar esas complicadas negociaciones será el nuevo ministro de Hacienda, el valenciano Arcadi España, que hereda el reto de Montero. Junto al desafío de aprobar los primeros Presupuestos Generales del Estado de la legislatura, compromiso también recogido en el plan normativo de 2026, será el 'bautismo de fuego' del exconseller del Botànic. El diálogo con los territorios sobre el nuevo modelo, que será más técnico que político, podría activarse una vez se cierre el actual ciclo electoral con las andaluzas del próximo 17 de mayo.

Una vez culminada esa ronda de conversaciones con las comunidades, la idea del ministerio es convocar el pertinente Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF) para votar el nuevo modelo. Habrá que ver si algún territorio cambia de postura respecto al último cónclave fiscal, en el que las autonomías del PP se mantuvieron alineadas en un rechazo frontal, pero esa votación es un trámite para el Gobierno, que tiene garantizado el triunfo con su voto (que vale el 50 %) y el de Cataluña. Las administraciones autonómicas han exigido conocer la letra pequeña de la propuesta, que no se aportó en la reunión de enero.

Un debate incómodo para Llorca

La reactivación de la financiación supone el regreso de un debate incómodo para la Generalitat de Juanfran Pérez Llorca. El president, pendiente de que la dirección nacional del partido le ratifique como candidato para 2027, ha evitado hasta ahora desmarcarse de las directrices de Génova pese a que la propuesta deja a la C. Valenciana como una de las grandes beneficiadas.

Pese a que en un primer momento el Consell señaló que el nuevo modelo "no pinta mal" para la C. Valenciana por ese incremento de los ingresos, que triplican el fondo de nivelación que Llorca le exigió a Sánchez en Moncloa y que acercarían a la autonomía a la media, el argumentario ha ido virando hasta solaparse con el de la dirección nacional y el resto de comunidades del PP. En unos días, el "no pinta mal" dio paso al "chantaje".

Sin propuesta alternativa, la Generalitat basa su rechazo en que el modelo ha sido pactado sólo con ERC, en la ausencia de un fondo de nivelación para 2026 y en los condicionantes en fiscalidad que incorpora y que, según Llorca, cercenarían la autonomía del Consell en materia impositiva.

De poco o nada han valido, de momento, las llamadas que los agentes sociales e importantes figuras empresariales han hecho al Consell para que se siente a negociar el nuevo reparto. Patronal y sindicatos, pese a apoyar a Llorca en la reclamación del fondo de nivelación, señalaron que "mejora sustancialmente" la situación financiera de la Generalitat y reclamaron diálogo.

Una petición muy similar a la lanzada por el naviero Vicente Boluda, presidente del lobby empresarial AVE y que, en presencia del president, le urgió a aceptar el nuevo sistema: "Decir que no a todo en esta vida... a lo mejor hay veces que hay que decir que sí. Lo que va davant, va davant...y luego ya veremos cómo acaba", dijo tirando de dicho popular valenciano.

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