El alcalde de Utiel (PP) evidencia la tardía reacción de Emergencias el día de la dana

El alcalde de Utiel, Ricardo Gabaldón, fue este jueves el primer edil citado a declarar ante la jueza de la dana. Su testimonio era importante para la jueza, que le ha puesto de ejemplo varias veces por su prevención aquella jornada en comparación con la falta de agilidad en la reacción del departamento de Emergencias de la Generalitat Valenciana. Gabaldón fue el dirigente que optó desde primera hora de la mañana por cancelar las clases en su municipio. Pero no solo eso, él fue el responsable político que mandó a los funcionarios de la Diputación de Valencia a trabajar a casa desde las 14 horas de aquella tarde. Las alertas meteorológicas, las noticias y el examen a pie de la emergencia motivó sus decisiones.

Al menos es lo que declaró este jueves el alcalde popular ante la magistrada de la dana. Aunque intentó evitar involucrar a la administración autonómica, que -como entonces- dirige el Partido Popular, su propia actuación pone de relieve la diferencia en la toma de decisiones aquel fatídico 29 de octubre desde primera hora de la mañana. Por ejemplo, con la resolución suspender las clases que, según él, tomó sobre las siete de la mañana sin haber recibido ninguna comunicación de ninguna institución. Lo hizo tras el aviso de las dificultades que estaba atravesando la empresa de transporte, tres horas antes de que se activara la alerta roja en su municipio. "Si no llegamos a cerrar el instituto hubieran muerto alumnos y padres que hubieran ido a por ellos", expuso el primer edil, quien aseguró que en el consistorio actuaron "por instinto" y "sin conocer la magnitud de la catástrofe".

Pero no solo eso porque, cabe recordar, Gabaldón era el diputado provincial responsable del área de Personal. Así, confirmó durante el interrogatorio que, junto con el jefe de Recursos Humanos de la corporación provincial, tomaron la decisión de enviar a teletrabajar a los empleados públicos a partir de las 14 horas de la tarde una vez se activó la alerta naranja en su localidad y roja para València. El organismo provincial envió un correo a todos sus trabajadores recomendando que permancerían cerrados todos los centros de trabajo “para evitar riesgos a los trabajadores”.

Con todo, negó que tuviera contacto con nadie del centro de emergencias autonómico y que nadie le pidió que vigilara los barrancos en su localidad. Cuando se activó la alerta roja en su municipio, reunió al centro de emergencias local (Cecopal) para las 13 horas "consciente de que se podía desbordar el río" y a raíz de las noticias que iba recibiendo -ha citado al periódico Levante-EMV{"anchor-link":"true"}-. Fue entonces cuando preguntó por un grupo de Whatsapp que tiene con otros diputados provinciales: "¿Alguien tiene pajolera idea de lo que hay que hacer?". El Cecopal duró una hora pero ha dicho que "nada presagiaba lo que iba a venir".

El alcalde aseveró que fue él mismo quien alertó a los responsables de emergencias: contactó con Pradas a las 14 horas así como con el presidente de la Diputación de Valencia, Vicent Mompó. "Hasta ese momento nadie pensaba en venir a Utiel", declaró. Precisamente, preguntado por la actuación del departamento de Emergencias de la Generalitat Valenciana, que dirigían Pradas y Argüeso, como la convocatoria del Cecopi a las 17 horas de la tarde, que la jueza considera tardía, Gabaldón dijo desconocer si el órgano de emergencias hubiera podido tomar medidas que le hubieran ayudado, aunque sí ha dicho que el mensaje que se envió a las 20.11 horas a través del sistema ES Alert no hubiera salvado las vidas de los seis fallecidos en la localidad. "Por supuesto que no", ha sentenciado.

También dijo haber contactado con la delegada del gobierno, Pilar Bernabé; y el jefe del Consorcio Provincial de Bomberos, José Miguel Basset, entre otros. "Llamé a quien creía que me podía ayudar, a quien en ese momento pudiera tener el teléfono", señaló. El popular aportó al juzgado el listado de llamadas emitidas desde su teléfono, y que llevó además una copia en papel. Sin embargo, reconoció no disponer del registro de llamadas recibidas, que según le indicaron debe obtenerse mediante orden judicial. "A mí me gustaría también verlas, pero es que no las tengo", admitió a los medios de comunicación.

Es relevante en tanto el expresident de la Generalitat Valenciana, Carlos Mazón, dijo en primera instancia que habló con él pero en el listado de llamadas que el entonces jefe del Consell aportó a la comisión de investigación de las Corts Valencianes en ningún caso aparecía el alcalde de Utiel. Con todo, Gabaldón autorizó a la jueza para que pida a la compañía telefónica la nómina de contactos telefónicos.

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