Comunitat Valenciana
El excomisionado de la dana alega una cuestión competencial y no comparecerá en la comisión de Les Corts
José María Ángel expone que el parlamento valenciano no tiene competencias para citarlo como exresponsable de la administración del Estado.
José María Ángel, excomisionado del Gobierno para la dana. / Efe/Ana Escobar
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El excomisionado especial del Gobierno para la Reconstrucción de los daños provocados por la dana, José María Ángel Batalla, ha rechazado comparecer ante la comisión de investigación de les Corts Valencianes, alegando que el órgano parlamentario autonómico carece de competencia para requerir su presencia. Su negativa, comunicada por escrito este viernes a la presidenta del parlamento valenciano, Llanos Massó Linares, llega después de que PP y Vox acordaran el cierre definitivo de la comisión y rechazaran prorrogar sus trabajos más allá del año desde su constitución. De hecho, citaron al exdirigente socialista para la última sesión.
Ángel Batalla, en su condición de ex cargo estatal, argumenta que el control parlamentario de las comisiones autonómicas se limita a los órganos y autoridades de la propia comunidad autónoma, sin que pueda extenderse a cargos del Estado. La fiscalización de estos últimos, sostiene, queda reservada en exclusiva a las Cortes Generales, y apoya su posición en doctrina reiterada del Consejo de Estado y en jurisprudencia del Tribunal Supremo.
Cabe recordar que otros responsables de la Administración General del Estado ya habían rechazado acudir a la comisión, como el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, tres ministros, la delegada del Gobierno en la Comunitat Valenciana, Pilar Bernabé, o el presidente de la Confederación Hidrográfica del Júcar (CHJ), Miguel Polo Cebellán.
El que fuera comisionado de la dana dimitió tras conocerse que la Agencia Valenciana Antifraude había detectado la presunta falsedad de un título universitario en su expediente como funcionario de la Diputación de Valencia. El asunto se judicializó y aunque el juez archivó la causa en un principio, la Audiencia ordenó investigarlo.
La oposición ha denunciado que solo ha comparecido el 33% de los testimonios previstos en el plan de trabajo de la comisión, y ha centrado sus críticas en la ausencia de la exconsellera Salomé Pradas y del exsecretario autonómico de Emergencias Emilio Argüeso. El PSPV ha anunciado un recurso de amparo ante el Tribunal Constitucional, al considerar que el cierre vulnera el derecho de los diputados a fiscalizar la acción del Consell.
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