Sanidad rectifica una orden que negaba la "validez legal" de documentos sanitarios para optar a la regularización

Las personas migrantes (y quienes quieran) que soliciten en los centros de Atención Primaria la fecha de emisión del SIP o la lista de asistencia a citas médicas o urgencias podrán recibir toda la "información disponible en la historia clínica". Es la conclusión de una polémica que ha obligado a la Conselleria de Sanidad a clarificar su posición después de dos instrucciones con indicaciones contradictorias, una un "borrador", según el departamento autonómico, que dejaba entrever la falta de "validez legal" de los documentos sanitarios para optar al proceso de regularización y otra la "verdadera" que da la orden de ofrecerlos. Entre medias, una revelación de los hechos que, según el PSPV, ha forzado la rectificación ante el "escándalo nacional" que suponía.

La polémica tomó fuerza ayer en el pleno de las Corts, en plena sesión de control al president de la Generalitat. Nada más empezar su intervención, el síndic de los socialistas, José Muñoz, reveló un correo del director general de Atención Primaria, Carlos Momparler, enviado la semana pasada y en el que señalaba que "desde el mostrador de los Centros de Salud se debe informar a los usuarios que soliciten este tipo de documentos de su ausencia de validez legal y por tanto, la necesidad de obtener justificación de su permanencia en España por otros medios".

Esta información suponía, según señaló el dirigente socialista, que la conselleria estaría intentando "boicotear" la regularización de personas migrantes al informarles de una cosa que, insistió, es "mentira", y es que esos documentos médicos no tienen "validez legal" para demostrar la presencia en España durante los últimos cinco meses, uno de los requisitos que ha puesto el Gobierno central para poder optar a este proceso. "Es racismo institucional", incidió Muñoz reclamando directamente al jefe del Consell saber de dónde venía esa directriz.

"No hay ninguna instrucción ni circular que diga eso, dice lo contrario", replicó Llorca que en sus cinco minutos de intervención no entró en el tema. Y eso que el propio conseller de Sanidad se ofreció a darle información. Mientras Muñoz hablaba, Gómez se revolvió en su escaño y amagó con levantarse para ir a explicárselo a Llorca. Sin embargo, optó por empezar a escribir mensajes en el móvil, posiblemente al propio jefe del Consell. Al acabar de intervenir el síndic socialista, Gómez le espetó en su regreso a la bancada: "Qué vergüenza, la vergüenza es tuya", empezó a señalarle.

El conseller, de hecho, aprovechó otra pregunta parlamentaria, de Vox, para responder directamente al dirigente socialista y calificar la exposición del síndic de "información falsa y durísima". Para ello, leyó la que calificó la "verdadera circular", que indicó que está firmada por el mismo Momparler y en la que se explicita que el paciente "tiene el derecho inalienable a obtener su derecho" a la información y que en caso de que la documentación que se pida no esté en el centro de salud se remitirá al SAIP (Servicio de Atención e Información al Paciente) de su departamento.

"No se entendía bien"

Además de en el pleno, Gómez también intervino después en los pasillos de las Corts. Allí explicó que la "verdadera circular" se envió este miércoles mientras que la que hacía referencia el PSPV fue un "borrador" que se envió "la semana pasada" por "error", solo al departamento de salud del Clínico ante las dudas que estaban generándose ante un proceso "hecho deprisa y corriendo" y que ahora "no está en vigor". "En absoluto", indicó el conseller a la pregunta si la conselleria intenta "boicotear" la regularización e incidiendo que si cualquier persona migrante pide esta documentación, Sanidad la entregará "sin ningún tipo de problema". "Y aquí está la circular que lo avala", añadió.

La explicación de Gómez enlaza con una información publicada por este periódico el pasado martes. Entonces, se supo que el departamento de salud del Clínico había enviado una circular señalando las dudas legales sobre los documentos sanitarios para optar a la regularización que llegó a 12 consultorios auxiliares y 18 centros de salud de la ciudad de València y de su área metropolitana. Tras el revuelo generado entonces, Sanidad aseguró que se había mandado "por error" un comunicado a los coordinadores de primaria "que estaba redactado de tal manera que conducía a error". "Ese texto no estaba validado por el responsable y no se entendía bien", aseguró la conselleria. Sin embargo, no se sabía que esta llegó enviada por el director general.

Las indicaciones dadas por el conseller tampoco convencieron al síndic del PSPV y su portavoz en Sanidad, Yaissel Sánchez, al señalar que estas no niegan su revelación. "Esto no es mentira", explicitó Muñoz mostrando el correo impreso. "Primero hicieron una circular (la que niega validez legal a las citas médicas o el alta en el SIP), les han pillado y han fabricado otra", añadió el síndic como explicación de lo ocurrido al tiempo que desmintió que la primera instrucción fuera solo en el Clínico ya que el mensaje que dispone del director general es de otro departamento, que no ha especificado por "proteger" a las fuentes.

"Absolutamente nerviosos"

En ese correo leído por Muñoz, y sobre el que ha señalado que si no hay explicaciones lo pondrá "en conocimiento de los tribunales" al considerar que podría ser constitutivo de delito, se indica que los justificantes o certificados que se puedan emitir desde los sistemas de información sanitaria de la Conselleria de Sanidad como pueden ser el certificado de alta en SIP o el registro de asistencias "no tienen validez legal a efectos de esta regularización".

Por su parte, el síndic de Compromís, Joan Baldoví, sostuvo que en el Consell están "absolutamente nerviosos" y "fuera de sí" por el documento que ha difundido este jueves el PSPV y porque "les han pillado". "Veo un conseller muy nervioso porque está haciendo las cosas mal y le han pillado las propias entidades que están ayudando a este proceso de regularización", ha señalado, también en los pasillos de las Corts. Baldoví ha enmarcado este documento en la "connivencia" entre PP y Vox y su rechazo a la regularización, y ha exigido que se "depuren todas las responsabilidades" por parte de Llorca y del conseller "si esa instrucción, de una manera o de otra, ha llegado a funcionarios".

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