El Supremo admite a trámite el recurso de las Corts contra la indemnización a Marisa Gracia acordada por el TSJCV

El Tribunal Supremo ha admitido a trámite el recurso de casación presentado por las Corts Valencianes contra la sentencia del TSJCV que reconocia una indemnización de casi 100.000 euros a la exgerente de FGV (Ferrocarrils de la Generalitat Valenciana), Marisa Gracia, por los “daños morales” sufridos tras el dictamen de la segunda comisión del accidente del metro, que la identificaba como una de los trece responsables de la deficiente gestión del siniestro del 3 de julio de 2006, del que este año se cumplen 20 años.

Los letrados de las Corts Valencianes alegaban en su recurso “la falta de legitimación pasiva de las Corts en el procedimiento judicial, no pudiendo ser parte demandada por ser parlamentaria y no administrativa la actividad productora de la presunta lesión”. Además de añadir que “la constitucionalidad del dictamen de la comisión de investigación, la declaración de la presunta lesión del derecho al honor y las responsabilidades que del mismo pudieran derivar corresponderían al Tribunal Constitucional”.

El Supremo acepta finalmente valorar el recurso de las Corts Valencianes para determinar “si la jurisdicción contencioso-administrativa (por el fallo de la seccion cuarta del TSJCV a favor de Marisa Gracia) puede entrar a conocer directamente de una reclamación de responsabilidad patrimonial por los daños y perjuicios derivados de una lesión del derecho fundamental al honor que se atribuyen a una actuación parlamentaria no normativa, sino política”.

El alto tribunal hace referencia a las conclusiones de la comisión de investigación de 2016 sobre el accidente del metro “sin haberse obtenido previamente una declaración del Tribunal Constitucional (a través del pertinente recurso de amparo) de que dicha actuación lesionó un derecho fundamental del investigado y sin haberse dirigido tampoco una reclamación administrativa en el sentido interesado al órgano que encarna al mayor nivel las tareas de gobierno -en el caso aquí examinado, el Consell de la Generalitat Valenciana”, segun el auto del Supremo al que ha tenido acceso Levante-EMV.

Cinco años de batalla legal

Gracia, que fue gerente de FGV del 1 de septiembre de 2003 al 30 de octubre de 2012, ha batallado desde 2021 con las Corts para lograr la indemnización por los "daños físicos y psíquicos" (que cifró en 93.194,04 euros) y el "daño moral" (valorado en otros 125.000 euros), por lo que la cantidad total solicitada ascendía a 218.194,04 euros, que el parlamento valenciano rechazó. Una negativa que hizo que Gracia presentara un recurso contencioso-administrativo en 2021 contra las Corts Valencianes y la Generalitat Valenciana, representada por la Abogacía de la Generalitat.

La causa judicial por el trágico accidente de 2006 en el que fallecieron 43 personas se cerró en enero de 2020, tras catorce años de lucha de las familias de las víctimas agrupadas en la Asociación víctimas del metro 3 de julio (Avm3j). El proceso se saldó con cuatro subordinados de Marisa Gracia y exdirectivos condenados, tras admitir que el accidente fue previsible y evitable y que no garantizaron las medidas de seguridad para impedirlo.

La sentencia de conformidad alcanzada con cuatro exdirectivos procesados, permitió archivar la causa para los otros cuatro acusados, entre los que se incluía Gracia. Y lo mismo sucedió con otra investigación por falsear los pliegos del concurso para el contrato de prestación de los servicios de vigilancia y protección de viajeros, instalaciones y dependencias de FGV, que acabó en 2019 con otra sentencia de conformidad para dos exdirectivos procesados, Vicente Contreras y Manuel Sansano, y la retirada de la acusación contra la exgerente de FGV, procesada porque aprobó en última instancia el contrato amañado, aunque ella quedó exonerada.

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