La jueza de la dana rechaza citar a dos consellers e indaga cuándo se conoció el primer fallecido en Utiel

La jueza de la dana ha vuelto a rechazar la citación como testigos del que fuera conseller de Educación el 29 de octubre, José Antonio Rovira, y el conseller de Agricultura, actual portavoz del Consell, Miguel Barrachina. La magistrada ha desestimado el recurso interpuesto por Compromís y al que se había adherido la Fiscalía y, por otro lado, ha ordenado a la Guardia Civil y al Consorcio Provincial de Bomberos de Valencia que informen sobre cuándo tuvieron conocimiento del primer fallecido en Utiel.

En un auto de este martes, la jueza Nuria Ruiz Tobarra ha rechazado el recurso presentado por Compromís contra su decisión de denegar la testifical de los dos mencionados consellers. La acusación popular consideraba relevante conocer "la actitud" de la exconsellera de Interior, Salomé Pradas, investigada en la causa, en el pleno del Consell que se produjo la mañana del 29 de octubre "y lo que se habló respecto de la emergencia", señalando que "con el calibre de los dirigentes se debió hablar de la emergencia, de las medidas adoptadas y de lo que se preveía a lo largo del día".

La Fiscalía, por su parte, añadía que la investigada podría haber hablado "antes, durante y después de la sesión del Consell con alguno de los consellers asistentes sobre cuestiones interrelacionadas con la referida emergencia", y que sus declaraciones serían un "medio adecuado para conocer de la información que disponían los investigados sobre la evolución de la dana, así como las indicaciones verbales que la investigada diera a los referidos consellers".

Sin embargo, la jueza ha rechazado los argumentos de ambas partes amparándose en el carácter reservado de las sesiones del pleno del Consell, fijado en la normativa. "No se puede en consecuencia indagar sobre lo que se pueda haber deliberado, comentado o transmitido en el seno de la reunión del Consell de 29 de octubre de 2024", razona la magistrada, que tampoco considera que procedan las testificales en cuanto a las conversaciones que los consellers pudieran haber mantenido con Pradas antes o después de esa reunión.

"Las posibles manifestaciones que hubieran podido verterse solo tendrían relevancia en el caso de que se hubieran plasmado en acuerdos, instrucciones o directrices dirigidas a las consellerias en relación con la gestión de la emergencia", apunta el auto, para señalar que tanto la Conselleria de Agricultura como la de Educación ya han expresado que "no se dio ninguna en tal sentido". En cuanto al objetivo de determinar qué sabía Pradas sobre la evolución de la dana, la jueza concluye que las conversaciones previas entre la investigada y los consellers "tampoco se muestran como un medio adecuado al objeto de determinar qué conocimiento poseía la investigada".

La jueza sí mantiene la citación como testigo de la que fuera portavoz del Consell, Ruth Merino, que "podrá dar testimonio de la información que se dio tras la reunión del Consell, de manera específica de las conclusiones o acuerdos relacionados con la gestión de la emergencia".

Por otra parte, la jueza ha dictado un auto donde accede a las diligencias solicitadas por Ciudadanos y Acció Cultural del País Valencià, dos de las acusaciones populares que ejercen en la causa. A petición de Acció Cultural, la jueza acuerda recabar del Ayuntamiento de Utiel el acta del Cecopal que su alcalde convocó aquella mañana, así como copia del plan de inundaciones del municipio vigente entonces. También ordena que se requiera al consistorio si dicha acta fue remitida al Centro de Coordinación de Emergencias o a cualquier otro órgano de la Generalitat Valenciana, y en caso afirmativo, a qué hora se produjo ese envío. Cabe recordar que el alcalde de Utiel, Ricardo Gabaldón, ya prestó declaración como testigo y dejó en evidencia las diferencia de actuación entre su administración y la administración autonómica.

Declaración del alcalde de Utiel, Ricardo Gabaldón, en el juzgado de Catarroja

Fallecidos en Torrent y Utiel

En ese sentido, la instructora acuerda igualmente requerir a la Generalitat Valenciana todas las comunicaciones del sistema Coordcom con el Ayuntamiento de Torrent, y todas las comunicaciones emitidas por el ayuntamiento y sus redes sociales aquel día. Y pide un informe a la Comisaría de Policía Nacional de Torrent sobre cuándo se detectó el primer fallecido en esa localidad y cómo se trasladó esa información a la alcaldesa.

Por último, la jueza ha oficiado a la Guardia Civil de Utiel y al Consorcio Provincial de Bomberos de Valencia para que informen sobre cuándo tuvieron conocimiento del primer fallecido en Utiel, y ha ordenado a la Guardia Civil de Carlet-L'Alcúdia que informe sobre cuándo supo de la desaparición en esa localidad de un hombre, remitiendo además el atestado tanto de esa desaparición como del rescate de otro camionero en la misma zona.

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