PP y Vox escenifican su alianza con el macrodecreto de Llorca con los presupuestos en el horizonte

La alianza en las Corts entre PP y Vox es de tal envergadura que este lunes han pactado hasta la discrepancia. Ambos partidos han visto como casi todas las enmiendas presentadas al segundo macrodecreto de simplificación administrativa (aprobado a finales de diciembre por el Consell) han sido aprobado, bien por votación directa o bien por transaccionales en el camino. Y ese "casi" no ha sido fruto de discrepancias sino algo acordado al dejarse sin validar una por cada grupo por tener una puerta a incluir más cambios ante el debate en el pleno.

Por lo demás, y ha habido más de un centenar de ocasiones, cuando los cinco miembros de los 'populares' en la Comisión de Hacienda han levantado la mano, también lo han hecho los dos representantes de los voxistas, un bloque que suma mayoría y que ha permitido dejar vista para sentencia la aprobación de la ley, dar luz verde a todos los cambios que han propuesto ambas formaciones y, de paso, tumbar las exigencias de la izquierda, como la declaración de protección permanente de las VPP o recuperar el mínimo de 500 metros de la costa para construir.

El cajón de sastre que supone este macrodecreto, que incluye cambios en casi un centenar de leyes, ha provocado que los cambios acordados entre PP y Vox vayan desde la posibilidad de garantizar un cupo de plazas a los militares en los cuerpos de la Policía Local reconociendo su antigüedad en el sueldo hasta autoenmendarse, no exigir licencias municipales a grandes superficies comerciales o tapiar la puerta que abría una de las enmiendas de los 'populares' para permitir la privatización de la atención a las víctimas de violencia machista.

Autoenmienda en violencia de género

Por partes. Ambos partidos han presentado 11 enmiendas de aproximación que más que limar asperezas, complementan algunas de las demandas que ellos mismos llevaban. El caso más claro es el de los voxistas con la posibilidad de reservar hasta un 20 % de plazas en las bolsas de la Policía Local a "militares profesionales". A esta medida se le añade además de la firma del PP que sea "reconocido el tiempo de servicio prestado en las Fuerzas Armadas a efectos retributivos de manera automática", es decir, garantizar la antigüedad en el sueldo.

Más cambio supone la modificación de una enmienda del PP sobre la gestión de los centros sociales. En esta, los 'populares' abrían la puerta a que entidades privadas pudieran gestionar residencias, centros de menores y la atención a las víctimas de violencia de género. Sin embargo, de esta ecuación se caen los servicios de atención a las víctimas de violencia de género al desaparecer en la nueva enmienda firmada (y aprobada) por PP y Vox el apartado que permitía esta privatización.

Esta posibilidad afectaba a las funciones que realizan los conocidos "centros de crisis ", las oficinas de atención a víctimas del delito o los centros de atención rurales con tareas como la orientación jurídica y psicosocial, asesoramiento o actuaciones de acompañamiento en los itinerarios de inclusión. Su referencia, sustentada antes en la letra h de un artículo de la ley de Servicios Sociales no se incluye en los cambios del nuevo texto como sí está la 'i' que abre tanto la privatización como la gestión por parte de entes locales de los "servicios sociales de atención secundaria", aquellos que llevan aparejada una actuación residencial.

También cambia la disposición transitoria primera, que regulaba en la ley del Botànic la transferencia de las infraestructuras sociales a la Generalitat para que esta generara un sistema homogéneo. Esta pasa de ser directamente suprimida en la primera petición del PP (revirtiendo la ley de la izquierda) a obligar solo a una "transferencia progresiva" de los centros de atención primaria. Sin embargo, la enmienda supone frenar el paso de los centros de atención secundaria (como las residencias) a la Administración autonómica como impulsó Mónica Oltra en su ley de 2019.

Presupuestos en el horizonte

PP y Vox, por su parte, también han acordado eliminar la exigencia de la licencia municipal a los establecimientos comerciales de más de 2.500 metros cuadrados, multiplicando por tres el tamaño que hasta ahora estaba exento: 750 metros cuadrados. Una tienda de supermercado suele medir en torno a los 2.000 metros cuadrados. "No simplifica nada para la ciudadanía sino solo para la especulación", ha lamentado el diputado del PSPV, Benja Mompó. "Le están poniendo la alfombra roja a los de siempre mientras añaden trabas a los más vulnerables", ha criticado la síndica adjunta de Compromís, Aitana Mas.

Las críticas no han intercedido en la alianza que se ha exhibido en las votaciones y en los argumentos esgrimidos. Tanto Mari Carmen Contelles, del PP, como Teresa Ramírez, de Vox, han insistido en que el proyecto de simplificación permite "dar confianza" a la ciudadanía y a las empresas, reducir burocracia y "atraer inversiones". El pacto sin sobresaltos en un proyecto legislativo que trastocaba casi un centenar de normas evidencia la sincronía entre ambas formaciones mientras en el horizonte asoma la negociación de unos presupuestos que se ha ido retrasando.

El voto de los voxistas en la comisión permite a Juanfran Pérez Llorca dejar atado su propio macrodecreto de Simplificación que continúa el que llevó a cabo, meses antes (y cuyas enmiendas se aprobaron un 29 de octubre de 2024 por la mañana), Carlos Mazón. Ahora ha de ser el pleno de las Corts el que lo acabe validando lo que supondrá el primer proyecto de ley íntegramente salido del nuevo Consell en cinco meses y una prueba más de la buena relación en la Comunitat Valenciana entre PP y Vox, dana, nueva investidura y elecciones en otros territorios mediante.

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