La Generalitat Valenciana dejó "sin gastar" más de 10 millones de euros destinados a combatir la violencia de género

De los 40 millones de euros que la Generalitat Valenciana recibió del Estado para luchar contra la violencia de género, el Consell dejó sin ejecutar más de 10 millones de euros el año pasado. Así lo aseguran 43 entidades feministas en una carta dirigida a la vicepresidenta y conselleria de Vivienda, Empleo, Juventud e Igualdad, Susana Camarero, en la que exigen la aprobación "inmediata" del II Pacto Valenciano contra la violencia de género tras casi tres años de espera.

"Cuesta entender como 'sobran' recursos cuando la lista de víctimas continúa creciendo. Esta infrautilización solo puede explicarse por desinterés político o por la sumisión en Vox, socio negacionista, que empuja a desviar dinero previsto para los derechos de las mujeres hacia otras finalidades", explican las entidades. De hecho, en 2023 fue Vox quien rompió la unanimidad de un texto conjunto de PSPV, PP y Compromís para darle continuidad a un acuerdo que, casi tres años después, sigue pendiente.

Las entidades que firman el escrito aseguran que un II Pacto valenciano contra la violencia de género permitiría articular "un proyecto integral, de amplio alcance social". Además, el Gobierno central acaba de destinar 14,7 millones más a la Comunitat Valenciana en el marco del Pacto de Estado. "Es una oportunidad para mejorar y ampliar recursos, pero la gestión de fondos anteriores obliga a mirar estos anuncios con preocupación. Quienes gobiernan la Generalitat tienen que aclarar cuál es su prioridad real: si la protección de la vida y los derechos de las mujeres, o la obediencia a quien niegan la violencia machista y propagan falsedades que las dejan todavía más solas", afirman en el escrito.

Tras casi tres años de espera, las 43 asociaciones feministas que firman el escrito consideran "que se ha agotado el tiempo de las promesas vacías y el postureo". "Por eso exigimos la aprobación inmediata del II Pacto Valenciano contra la violencia de género, con recursos suficientes y mecanismos efectivos de seguimiento y evaluación. Si de verdad creen que es primordial prevenir, proteger y asegurar la supervivencia de las mujeres, el Consell tiene que aprobar ya el mejor y más eficaz pacto valenciano contra la violencia machista", explican.

La teoría y la práctica

En julio de 2023, el PP ganó las elecciones autonómicas y creó la figura del Comisionado para la lucha contra la violencia de género. Sobre el papel, tenía que reforzar esta política; en la práctica, "continuamos sin un nuevo pacto valenciano ni una estrategia integral, más allá de campañas publicitarias aisladas".

Un año después, y tras las quejas y denuncias de las organizaciones y plataformas feministas, la vicepresidenta y entonces consellera de Servicios Sociales, Igualdad y Vivienda, Susana Camarero, aseguró que reactivaría el II Pacto, con mejoras y nuevas medidas. "Un año después, la realidad no ha cambiado: resulta difícil conciliar la palabra 'prioridad' con la inacción", afirman las entidades que, sin embargo, no han parado de trabajar.

Por ello, el año pasado, cinco grupos de trabajo formados por distintas asociaciones elaboraron propuestas para ese II Pacto. En septiembre acabaron un borrador que incluía cerca de 300 acciones, que entregaron tanto a la Secretaría Autonómica como al Comisionado, que aseguraron que estaría aprobado antes de final de 2025.

"Los meses pasaron sin noticias. Desde el Consell Valencià de la Dona se volvió a preguntar información, porque no hay tarea más urgente que defender el derecho más básico de las mujeres: el derecho en la vida. Después de insistir, se consiguió que el Comisionado asistiera a la última reunión del Consell. Fue una reunión inútil: no se ofreció información concreta sobre el contenido del pacto y las propuestas quedaron, de facto, guardadas en un cajón. El único compromiso fue una nueva reunión. Era 24 de febrero de 2026 y, a día de hoy, continuamos esperando. El silencio se ha convertido en la estrategia para no dar la cara ni ante los socios parlamentarios ni ante la sociedad valenciana", concluyen las asociaciones en la carta presentada.

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