La Fiscalía investiga al Consell por anular sanciones a empresas por la dana

La investigación que sigue el juzgado de Catarroja sobre la gestión de la dana por parte de las administraciones es la principal pero no la única derivada judicial de la catástrofe que asoló decenas de municipios aquel fatídico 29 de octubre y dejó 230 víctimas mortales. La reacción del sector privado también está bajo la lupa. De hecho, la Inspección de Trabajo impuso sanciones a varias empresas por incumplimiento de la normativa de riesgos laborales en plena emergencia y ahora, la Fiscalía investiga la decisión de la Generalitat Valenciana de anular algunas de aquellas multas. Una, a la raditelevisión pública valenciana, À Punt.

La unidad de la Fiscalía especializada en Delitos contra la Administración Pública, de reciente creación, ha sido la designada para encargarse de este asunto después de la denuncia interpuesta por el Ministerio de Trabajo. El departamento que encabeza Yolanda Díaz presentó un escrito ante el Ministerio Público para informar de los expedientes al considerar que los acuerdos de la Generalitat se adoptaron "de forma totalmente injustificada" y "evitando de forma consciente la sanción a las empresas por los graves hechos puestos de manifiesto por los inspectores", por lo que a su juicio, la retirada de las multas fue "arbitraria y eventualmente delictiva".

Así pues, la mencionada sección del ministerio fiscal ha incoado diligencias y ha solicitado a la administración los expedientes de los casos denunciados, a la espera de su remisión, según ha podido saber Levante-EMV. La denuncia hablaba de cuatro empresas, con sede en Llíria, Ribarroja del Túria, Requena o Brujassot (À Punt), que mantuvieron su actividad o enviaron trabajadores a zonas comprometidas aquel 29 de octubre pese a las alertas meteorológicas de nivel rojo que Aemet llevaba emitiendo desde primeras horas de la mañana. Una de las infracciones que propuso sancionar la Inspección es especialmente reseñable al estar vinculada a la muerte de un trabajador cuyo vehículo fue arrastrado por la riada que anegó la A-3 a la altura de Chiva cuando regresaba a su domicilio al acabar la jornada.

La Inspección de Trabajo tipificó los hechos como infracciones muy graves por poner en peligro a los trabajadores.

En todos los expedientes, la Inspección de Trabajo tipificó los hechos como infracción muy grave por poner en peligro a los trabajadores al no adoptar "medidas preventivas" en situaciones que podían derivar en "un riesgo grave e inminente para la seguridad y salud" de sus plantillas. Los inspectores consideraron constatado que las compañías no habían evaluado correctamente los riesgos por fenómenos meteorológicos adversos -temporales o inundaciones-, que carecían de protocolos de actuación ante emergencias climáticas o que, dependiendo del caso, no dieron instrucciones concretas a los trabajadores para interrumpir la actividad, no acudir al puesto de trabajo o, simplemente evitar situaciones de peligro.

A juicio de los inspectores, los avisos meteorológicos de nivel rojo no eran sino la constatación de un riesgo grave e inminente que obligaba a las compañas a actuar. Cabe recordar que a las 7.36 horas, la Aemet ya había activado el aviso rojo para el litoral sur de la provincia de Valencia, que dos horas después extendió al litoral norte y el interior norte. En ese sentido, las decisiones de mantener la actividad laboral "sin adoptar ninguna medida preventiva, puso en peligro, sin duda alguna, la vida e integridad" de trabajadores, reza una de las actas levantadas por la Inspección a raíz de la catástrofe. Otra recuerda, además, que las empresas debían informar "lo antes posible" a sus trabajadores de los riesgos "para que estuvieran en condiciones de tomar las decisiones más adecuadas y evitar desplazamientos en condiciones climatológicas adversas".

Por ello, propusieron sendas sanciones que ascendían hasta a 60.000 euros y que recibieron las correspondientes alegaciones de las empresas. Entre sus argumentos figuraban, por ejemplo, que un aviso rojo de Aemet no equivalía automáticamente a un riesgo grave e inminente en toda la provincia, que un fenómeno de esa magnitud era impredecible, que no había riesgo en sus entornos concretos o que sí se tomaron medidas preventivas. También apuntaban al vacío normativo previo a la dana ante la falta de normas que obligaran al cierre o la propia inactividad de la Generalitat Valenciana, que no prohibió la actividad ese día y cuya alerta a través de los móviles no llegó hasta las 20.11 horas. Alegaciones que, en su mayoría, fueron desestimadas por la Inspección de Trabajo pero, más tarde, atendidas por la Generalitat Valenciana, que es la que tiene la última palabra según la normativa.

La Dirección General de Trabajo, dependiente entonces de la Conselleria de Educación que encabezaba José Antonio Rovira, acogió las explicaciones de las compañías al considerar, en la línea con lo defendido por la Generalitat Valenciana en sede judicial y públicamente, que lo ocurrido fue un evento de "fuerza mayor" extraordinario, imprevisible e inevitable. Y aunque en algunas resoluciones, suscritas por el director general Andrés Lluch, admite que las autoridades "enviaron alertas y ercomendaciones por las fuertes lluvias", señala que no se "presagiaba su virulencia y los efectos extraordinarios que provocaron" y "la envergadura" del fenómeno "superó los riesgos ordinarios".

Desde la oposición, la diputada de Compromís, Mònica Álvaro, ha estado siguiendo estos expedientes y considera que "mientras miles de valencianas y valencianos nos hemos sentido desprotegidos por la falta de medidas ante la dana, el Consell más irresponsable de la historia se dedicaba a dar salvoconductos a ciertas empresas, exponiendo así la vida de las personas trabajadoras". De hecho, insiste en que "hubo gente que falleció". "El pueblo valenciano estamos en manos de un gobierno del Partido Popular irresponsable y temerario que en algún momento tendrá que pagar por tanta negligencia", asegura la diputada al respecto.

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