Años sin ingresos, endogamia y otras barreras: cuando opositar es un lujo

“Hay que abrir el melón de cómo se llega a la jerarquía judicial y cómo se llega a ponerse las puñetas. El acceso a la justicia debe democratizarse, deben llegar hijos de trabajadores masivamente. La justicia debe estar en manos del pueblo”. La frase ha sido pronunciada por Mónica Oltra, aspirante a candidata a la Alcaldía de València y en plena gira de regreso tras sus tres años de silencio, denunciando el ‘lawfare’ por el proceso judicial en el que aún continúa.

De un tiempo a esta parte, la Justicia se ha convertido en una preocupación política y el acceso se ha situado en el centro del debate. Una amplísima mayoría de los jueces que están asociados pertenecen a entidades de signo conservador. Más allá del esfuerzo personal e intelectual al que se someten los aspirantes durante años, más de una década sin cotizar desde el final de la educación secundaria, estudiando a tiempo completo para uno de los procesos más exigentes, sumado al coste de preparadores, es algo que no todas las familias pueden permitirse.

Las últimas promociones de jueces arrojan un perfil medio de 29 años, lo que implica una media de cinco años y medio preparando las pruebas, según un estudio de la Escuela Judicial. Esta entidad trata de desmontar esa percepción sobre endogamia y privilegio, al menos en las nuevas generaciones. Casi el 40 % procede de familias donde los padres carecen de estudios superiores, y solo un 6 % cuenta con jueces o magistrados entre sus parientes cercanos, señala su último informe.

El Gobierno de España, también embarcado en una batalla contra parte de la judicatura tras casos como el del Fiscal General o Begoña Gómez, ha lanzado estos días una ambiciosa campaña en medios para anunciar las becas “Seré 2026”. Son casi 18 millones de euros para apoyar a opositores con dificultades económicas que aspiran a ser juez, fiscal, abogado del Estado o Letrado de la Administración de Justicia (LAJ). Hasta el presidente Pedro Sánchez se ha involucrado en la promoción de estas becas a través de sus redes sociales este domingo.

Desde que se pusieron en marcha en 2022, han crecido hasta los actuales 12.600 euros anuales por beneficiario, 600 euros más que el año anterior. Se ha elevado el número de becas un 10%, hasta 1.425. El Gobierno vasco también tiene sus propias becas a la carrera judicial.

Becas del Botànic para técnicos

Más allá de la Justicia, en los últimos años han proliferado iniciativas para respaldar a quienes tienen un camino más tortuoso hacia la función pública. Hay debate y sensibilidad pública sobre las barreras para acceder a determinados cuerpos. La promesa de mérito, capacidad e igualdad en el acceso es para muchas personas algo así como el acceso a la vivienda: un derecho sagrado sobre el papel pero sometido a las circunstancias del mercado. El Consell del Botànic, con impulso de la entonces consellera Gabriela Bravo, puso en marcha las becas 500 (luego 700) para apoyar con ingresos mensuales a jóvenes de expedientes brillantes pero sin grandes recursos familiares. El objetivo era ayudarles a costear los gastos de preparación para acceder a los cuerpos o escalas de grupo A, de técnicos.

Desde la sociedad civil han surgido iniciativas como la Escuela Ciudadana de Administración Pública (ECAP), que suple el papel de la administración y está formando a miles de personas en España (también en la C. Valenciana) para acceder a los cuerpos del Estado: “El sistema ha normalizado pagar por algo que debería ser público. La Escuela debe funcionar como una herramienta de justicia social, que alivie los sesgos en el acceso a la función pública de manera proactiva. Queremos que la administración se parezca a la sociedad a la que sirve. La ECAP, como asociación, viene a cerrar una brecha existente, pero creemos firmemente que son las instituciones públicas las que deberían tomar el relevo”, señala uno de sus miembros a Levante-EMV.

Cuerpos de élite en Madrid

Algunos cuerpos de altos funcionarios del Estado radicados en Madrid son caso aparte. Hay casos simbólicos que evidencian cierta endogamia histórica. El alcalde de Madrid, por citar un ejemplo conocido, es abogado del Estado, como lo fueron su abuelo materno y paterno. Uno de ellos, Pablo Martínez-Almeida, estaba en el consejo privado de Juan de Borbón, abuelo del actual Rey. “La vida de opositor es muy fácil. Si lo piensas, solo hay que dormir, comer, estudiar, dormir, comer, estudiar… Es rutina pura y dura”, contaba en una entrevista sobre los años que le llevaron a ser abogado del Estado a los 26 años.

Por citar otro caso, el cuerpo de letrados de Cortes cuentan con nombres como Íñigo Méndez de Vigo, Ignacio Astarloa o Francisco Martínez, altos cargos del Gobierno y alguno de familias bien conectadas desde hace generaciones.

Un asunto de familias y apellidos compuestos

En ese mundo con un velo de opacidad de las instituciones centralizadas, hay casos extremos. Una investigación de El País reveló en 2014 que el 14% de empleados del Tribunal de Cuentas tenía parentesco familiar: había casi un centenar de familiares de altos y ex altos cargos de la institución y de sus principales representantes sindicales, en especial de UGT. Los dos últimos presidentes del comité de empresa acumulaban 17 allegados, contaba la noticia. Es el organismo que fiscaliza a los partidos.

Entre esas instituciones 'endogámicas', mención aparte merece el Consejo de Estado. El periodista Rafael Méndez (Murcia, 1975) acaba de publicar “Los dueños del Estado” (Península, 2025), un retrato sobre altos funcionarios en Madrid que se centra en el exclusivo cuerpo de letrados del Consejo de Estado, apenas una treintena. “Abundan los apellidos compuestos, a menudo repetidos. Federico Trillo-Figueroa y Martínez Conde fue letrado, como su hija María José. Isabel Rodríguez Villar es hija y nieta de letrado, el exministro de Educación con Franco José Luis Villar Palasí. Su marido, Lucas Blanque, también es letrado y, a la vez, es hijo de un abogado del Estado. Los hermanos José Antonio y Ernesto García-Trevijano han sido letrados como su padre, José Antonio García-Trevijano Fos. También son letrados Víctor Pío y Javier Pedro Torre de Silva y López de Letona. El secretario del consejo es otro letrado: Leopoldo Calvo-Sotelo Ibáñez-Martín”, explica Méndez en conversación con Levante-EMV.

Y concluye: “Es un cuerpo muy pequeño, de poco más de 30 miembros, y para entrar te tiene que preparar la oposición uno de los letrados en activo. En la práctica, eso ya dificulta el acceso. Una vez dentro, muchos compatibilizan su puesto de funcionario con el ejercicio de la Abogacía y pueden ejercer contra la Administración General del Estado. Al ser un órgano independiente del Gobierno no creo que sirva para que las becas Seré lleguen a airearlo”.

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