PP y Vox pactan un dictamen de la dana que evita responsabilizar a la Generalitat Valenciana

La comisión de investigación de la dana en Les Corts Valencianes transita ya por sus últimos compases a pesar de no haber llamado a declarar a ningún miembro de la cúpula de Emergencias durante aquel fatídico 29 de octubre. La ponencia de la comisión ha aprobado este lunes el proyecto de dictamen presentado conjuntamente por el Partido Popular y Vox, que exime de la mayoría de la responsabilidad a la Generalitat Valenciana en la "catastrófica riada" y circunscribe casi exclusivamente al Gobierno de España los "grandes ejes explicativos".

La principal explicación de la catástrofe residiría en las carencias en la ejecución de infraestructuras hidráulicas y la "falta de información adecuada durante la gestión de la emergencia". Conclusiones que chocan de lleno con la investigación que sigue en sede judicial, cuya jueza, avalada por la Audiencia Provincial, ha descartado en reiteradas ocasiones la teoría del 'apagón informativo' aquella jornada y ha señalado a la Conselleria de Emergencias como la responsable de la falta de avisos a la población que habría resultado en el fallecimiento de 230 personas.

En la ponencia de la comisión, formada por los ponentes de los cuatro grupos parlamentarios -Nando Pastor (PP), José María Llanos (Vox), Alicia Andújar (PSPV) e Isaura Navarro (Compromís)- el proyecto de dictamen ha salido adelante con el apoyo de los 'populares' y 'voxistas' y los votos en contra de la izquierda, que entre otras cosas ha recordado que las comisiones de investigación de Les Corts deben investigar "la acción de la Administración situada bajo la autoridad de la Generalitat", de acuerdo con el Estatut.

Las conclusiones del documento, al que ha tenido acceso este diario y que deberá debatirse en la comisión, descargan práticamente toda la responsabilidad en la Administración General del Estado: Confederación Hidrográfica del Júcar (CHJ), Agencia Española de Meteorología (Aemet), ministerios de Interior y Defensa, entre otros, la Delegación del Gobierno.... Incluso llega a plantear que el supuesto 'apagón informativo' fuera una "actuación conscientemente excluyente respecto a la administración autonómica".

Según el documento, "los elementos más determinantes en la producción y agravamiento de la catástrofe dependían directa o indirectamente de órganos y competencias de la Administración General del Estado". A la Generalitat Valenciana apenas se la nombra para señalar "dudas sobre la suficiencia de determinadas decisiones adoptadas durante las fases más criticas de la emergencia y deficiencias en el seguimiento y coordinación institucional" aunque recuerda que tuvo que gestionar la emergencia con "limitaciones derivadas de la información recibida por otros organismos". El problema habría sido una "falta de dirección" para exigir información actualizada de los barrancos que la CHJ habría ocultado.

Entre otras cosas, el documento diluye las competencias de la Generalitat Valenciana en protección civil fijadas en el Estatut al sostener que el sistema español de emergencias es "un modelo jerarquizado en el que el Estado conserva la competencia última de dirección cuando concurren circunstancias excepcionales", aunque admite que es "necesariamente" un "servicio público descentralizado". Así, señala que el Estado tenía la capacidad y la "cobertura legal" para asumir el mando porque la dana "fue una emergencia de interés nacional".

Además, y entrando en el fondo de la gestión, el texto señala que las consecuencias de la dana "no resultan atribuibles únicamente al carácter extraordinario e intenso del fenómeno meteorológico, sino también a la concurrencia y acumulación prolongada de deficiencias en distintos ámbitos de la actuación pública" como "carencias, de naturaleza preventiva, organizativa, competencial y operativa" que generaron "un escenario de elevada vulnerabilidad y reduciendo de manera significativa la capacidad de anticipación, coordinación y respuesta ante la emergencia".

La falta de ejecución de obras hidráulicas es uno de los dos motivos esgrimidos por el proyecto de dictamen, según el cual esta "no materialización de infraestructuras durante décadas, unida a la insuficiencia de inversión y a la falta de voluntad política sostenida én el tiempo, ha sido identificada como uno de los factores determinantes en la magnitud de la tragedia". "La responsabilidad se proyecta de manera muy significativa sobre los sucesivos gobiernos de la Nación, caracterizados por una dinámica de inacción prolongada, que ha mantenido estas actuaciones en fase de planificacion sin ejecución efectiva", apunta el texto.

"Delirante" y "una fantasía absoluta"

Los socialistas valencianos han tildado de "delirante" el dictamen de la comisión de investigación de la dana presentado por el PP y VOX y han apuntado que "intentan sostener un relato de hechos que ya ha sido desmentido por la Audiencia Provincial de València que ya dejó claro que no hubo ningún apagón informativo": "Emula el dictamen de la comisión de investigación del accidente del metro, por suerte hay una instrucción judicial que sigue su camino y que está esclareciendo lo que ocurrió el 29 de octubre en la provincia de València", han asegurado desde el PSPV.

La diputada de Compromís Isaura Navarro ha calificado el dictamen como una "falsedad detrás de otra" y una "fantasía absoluta" redactada expresamente para "negar la asunción de responsabilidades políticas". Baldoví ha denunciado que el texto representa una "tomadura de pelo" y una "falta de respeto a toda la ciudadanía valenciana y especialmente a las víctimas", criticando que incluso se "culpe a la ciudadanía" por no haber atendido las alertas. Según el síndic, lo más grave es que el documento "niega la normativa que atribuye la gestión de la emergencia a la Generalitat Valenciana" para sostener que la administración autonómica "no tenía que hacer absolutamente nada". Tras censurar que no se mencione el paradero del presidente ni el hecho de que se "retrasara horas y horas enviar un ES-Alert", Baldoví ha sentenciado que el dictamen es un "listado de mentiras", una "ignominia" y una "vergüenza" que está "para tirarlo a la basura", concluyendo que, aunque el PP y Vox tengan los votos para aprobarlo, "lo que no tienen es la razón".

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