Una academia gratuita para opositores a funcionario

La promesa de mérito, capacidad e igualdad en el acceso a la función pública es para muchas personas algo así como el acceso a la vivienda: un derecho sagrado sobre el papel pero que en la vida real está sometido a las circunstancias del mercado (o la familia).

Opositar no siempre es fácil: por el tiempo que exige la preparación y del que no todo el mundo puede disponer por motivos económicos o familiares; o por el coste de una formación que puede llegar a suponer miles de euros si se prolonga durante varios años. Hace cuatro años, un grupo de amigos decidió dar un paso adelante frente a una situación que consideraban injusta: “Fue algo tan simple como unos amigos que se ayudaban mutuamente a preparar oposiciones. Varios de ellos habían entrado ya en la función pública y el resto no tenía recursos para pagarse una academia. Así surge”.

150 formadores

Aquella semilla se ha convertido en la Escuela Ciudadana de Administración Pública (ECAP), una entidad estatal que cuenta con más de 6.500 alumnas y alumnos y unos 150 colaboradores que trabajan de manera muy diversa en el proyecto, tanto como preparadores, profesores o en las distintas áreas de trabajo. Funcionarios ayudando a aspirantes de manera altruista para entrar en cuerpos del Estado.

Lo explica la valenciana Paula Vila Gisbert (València, 1998), que se unió hace año y medio tras aprobar la oposición al Cuerpo Superior de Administradoras Civiles del Estado, y ahora mismo, además de trabajar en la sede madrileña del Ministerio de Educación, participa en este proyecto.

En la C. Valenciana, esta particular academia de oposiciones gratuita cuenta con 546 alumnas y alumnos, un 8% del total, tras Madrid y Andalucía. En este momento imparten formación para 16 oposiciones diferentes de cuerpos del Estado, con un curso con clases prácticas, teóricas y también simulacros de examen que quedan grabados, además de materiales como test. Para el próximo curso 2026-2027 trabajan en ampliar los cursos, incluyendo oposiciones a los cuerpos autonómicos como la Generalitat Valenciana. “Toda la preparación la hacemos online para evitar cualquier barrera territorial en el acceso a la función pública”, señalan.

“Temarios libres”

Uno de los últimos movimientos de la ECAP ha sido hacer públicos los temarios para preparar los procesos: “Hemos querido ir un paso más allá y liberarlos, para que estén en abierto y que todos nuestros alumnos, pero también cualquier persona que no esté necesariamente inscrita en la academia, pueda acceder a ellos”, añade.

Existe un amplio negocio en torno al mercado de las oposiciones. Basta acercarse a cualquier proceso masivo para ver el reparto de publicidad, bolígrafos o la presencia de formadores con sus alumnos. Son muchas academias las que se dedican a formar a los cientos de miles de aspirantes en toda España para pruebas a cuerpos locales, autonómicos o estatales. También los sindicatos ofrecen sus propios cursos: entre 70 y 110 euros al mesa dependiendo de si se es o no afiliado para el actual proceso de administrativos de la Diputación, ofrece un sindicato estos días. Solo a ese oposición había 6.538 aspirantes.

Una academia de mucho éxito en València oferta sus servicios por 140 euros; otras de largo recorrido tienen paquetes y lanzan ofertas por el Día del Libro. Al margen están los preparadores particulares (en ocasiones en b), que pueden elevar el coste, sin contar con materiales como los que preparan algunas academias.

¿Quién accede a la ECAP?

“Entre los alumnos hay desde jóvenes que acaban de terminar el Bachillerato o la carrera, que tienen vocación de servicio público, o incluso madres de familia que encuentran en la función pública un espacio donde puedan desarrollar sus capacidades profesionales. O personas de más de 50 años que necesitan cambios, oportunidades profesionales, más dirigido hacia el reciclaje”, señala Vila. El único requisito, no obstante, es compromiso con la preparación y vocación de servicio público: "No discriminamos por renta ni por ningún otro motivo".

Barreras culturales: exclusión social

En este sentido, identifican diferentes barreras de acceso a la función pública. La más obvia es la económica, de ahí la formación que ofrecen gratuitamente. Según sus cálculos, habrían ahorrado a sus alumnos unos 18 millones de euros por curso. También identifican una “barrera sociocultural”, para la que cuentan con un programa de charlas y talleres para acercar a institutos, universidades, colectivos en exclusión o migrantes las opciones de la función pública, también a través de la figura del personal laboral.

Hablan, por último, de una barrera territorial, que se enlaza con el capital cultural y familiar. “En mi entorno no había nadie que trabajara en un ministerio. Además, ser funcionaria realmente no tenía una connotación muy positiva. Y yo creo que en Madrid es mucho más fácil estar en contacto con servidores públicos, aunque también, evidentemente, dentro de Madrid hay unas diferencias muy importantes por barrios, que es lo que estamos intentando atacar con las charlas en institutos y centros de FP”, añade. Las clases on line pueden reducir esa brecha aunque lo cierto es que la capital concentra una parte importante de los funcionarios de organismos centralizados y las plazas en disputa.

¿Cubren estas iniciativas todas las barreras que dificultan el acceso a la función pública en igualdad de condiciones? “El sistema ha normalizado pagar por algo que debería ser público. La Escuela debe funcionar como una herramienta de justicia social, que alivie los sesgos en el acceso a la función pública de manera proactiva. Queremos que la administración se parezca a la sociedad a la que sirve. La ECAP, como asociación, viene a cerrar una brecha existente, pero creemos firmemente que son las instituciones públicas las que deberían tomar el relevo”, concluye Vila.

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