Juicio por presunto 'enchufismo' en el Puerto: la exjefa de Personal señala a Mar Chao por las bases de las plazas investigadas

El primer juicio por presunto 'enchufismo' en el seno del Puerto de Valencia tuvo lugar este martes en el juzgado de lo social número 8. La jueza debe dirimir sobre uno de los tres procesos de selección cuestionados en el organismo que preside Mar Chao y que, según denunció el sindicato UGT, habrían ido teledirigidos a determinados perfiles que, casualmente, acabaron ganando las respectivas plazas. Así, la vista celebrada en la Ciudad de la Justicia dejó dos protagonistas: la propia presidenta de la Autoridad Portuaria, señalada como la responsable de las bases por la entonces jefa de Personal , y el informe de la Intervención General del Estado (IGE) que deja negro sobre blanco las presuntas irregularidades y que el organismo portuario intenta invalidar en el procedimiento.

El caso juzgado este jueves era el nombramiento de la jefa de Gestión Económico-Financiera del Puerto, Alicia Gimeno. Una plaza que como las otras dos en cuestión, habría sido, siempre según la denuncia sindical, un 'traje a medida' para recolocar a exresponsables del Consorcio Valencia 2007, el ente creado para organizar la Copa América 2007 y cuya disolución a partir de 2022 derivó en un conflictivo ERE que dejó a decenas de trabajadores en la calle. El caso ha quedado a la espera de las conclusiones de las partes antes de dictar sentencia.

Una de las testigos que declaró en la vista de este martes fue la exjefa de Recursos Humanos, quien interrogada por las bases del proceso selectivo, señaló directamente como responsable de las mismas a Mar Chao, a la que advirtió en un correo electrónico de lo inconveniente que resultaba que la presidenta de la Autoridad Portuaria redactara "en primera persona" las bases para la adjudicación de plazas. "Tanto tú como el director sois Altos Cargos, lo que implica que estáis sometidos a mandato y ello os impide participar directamente en los procesos de selección", le dijo la entonces responsable de personal, según los correos electrónicos publicados en su momento por eldiario.es.

Pero el quid de la cuestión estaría en el contenido de esas bases. Según denunció UGT, en los procesos se habrían incumplido los principios de mérito, capacidad e igualdad porque, entre otras cosas, las convocatorias se hicieron "con criterios que favorecen a determinados perfiles" en el Puerto. En ese sentido, además del testimonio de la exdirectiva de personal, el sindicato intentó durante la vista que la jueza tenga en cuenta el informe de la Intervención General del Estado (IGE) donde se habla precisamente de estos tres procedimientos mientras que el Abogado del Estado trató de vetarlo.

La Intervención constató "requisitos o méritos que predeterminan de un modo u otro el candidato seleccionado".

En ese documento, el órgano de fiscalización dejaba por escrito que los procesos contenían "requisitos o méritos que predeterminan de un modo u otro el candidato seleccionado", de manera que "podrían no respetarse los principios constitucionales de acceso a empleo público". Esta plaza en concreto hacía referencia expresa a la gestión de deudas pendientes por parte del "Consorcio Valencia 2007 en liquidación". Una función "excesivamente detallada, más en un organismo en liquidación, próximo a su fin", según Intervención, que afeaba también la exigencia de un mínimo de 10 años de experiencia "en administración, organismo, o ente de derecho público, realizando funciones similares".

El sindicato considera clave este documento que, sin embargo, el Abogado del Estado intentó invalidar para el proceso, según fuentes presenciales, sosteniendo que es un documento publicado en prensa pero que no es un documento público. El Puerto llevó a la Audiencia Nacional una resolución del Consejo de Transparencia que le obligaba a entregar el documento al estar en el "ámbito material del derecho de acceso a la información pública". Y precisamente, el organismo apela a ese contencioso, todavía sin resolver, para negar su incorporación como prueba del juicio.

Otra de las pruebas que se mostraron en el juicio fue el acta ante notario donde varios exempleados del Consorcio dejaron constancia, tres semanas antes de que acabara el plazo del concurso, del "firme convencimiento" de que la plaza iba a acabar en manos de Gimeno, como así acabó siendo. UGT también registró varias reclamaciones previas ante la Autoridad Portuaria exigiendo la anulación de las bases de estos procesos selectivos, pero fueron en vano. Las otras dos plazas denunciadas por la organización sindical son las de la actual subdirectora de Infraestructuras, Instalaciones y Conservación, Manuela Gras, cuya vista está fijada para el 1 de octubre, y de la subdirectora de Gestión de Dominio, Belén Fernández, que ya ha abandonado su puesto.

Estos procesos judiciales, circunscritos al ámbito laboral, pueden ser la antesala de otro tipo de responsabilidades, toda vez la Fiscalía Anticorrupción tiene abiertas diligencias por presuntos delitos de prevaricación y tráfico de influencias contra el Puerto y el Ayuntamiento de València que dirige María José Catalá. Por lo que la importancia de las sentencias en el ámbito de lo laboral va más allá de consecuencias por meras infracciones administrativas sino que pueden resultar en indicios probatorios para la jurisdicción penal.

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