Pradas pide al CGPJ que acelere el expediente contra la jueza de la dana por sus "juicios de valor lapidarios" y las injerencias de su marido

La defensa de la exconsellera de Interior Salomé Pradas ha presentado un nuevo escrito ante el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) para exigir el "impulso definitivo y efectivo" del expediente de queja que interpuso hace más de un año contra la jueza de la dana, Nuria Ruiz Tobarra. Es el sexto escrito posterior a la queja donde incorpora nuevas alegaciones que, a juicio de la defensa, agravan los motivos de la queja inicial y solicita al CGPJ la adopción de "medidas cautelares inmediatas" contra la magistrada.

El escrito denuncia que la instructora "persiste, de manera sistemática, en una línea de actuación dirigida únicamente a confirmar una tesis de culpabilidad preestablecida", dictando resoluciones con "juicios de valor lapidarios y conjeturas impropias de una fase" de instrucción, y omitiendo "deliberadamente el resultado de aquellas diligencias que exculpan de plano" a Pradas.

La defensa cita como ejemplos concretos la "denegación reiterada" de la transcripción literal de las declaraciones de su representada; el "bloqueo sistemático" de diligencias propuestas por la defensa, entre ellas la incorporación de los pliegos del Sistema Automático de Información Hidrológica (SAIH) de la Confederación Hidrográfica del Júcar (CHJ); y el dictado de un auto de julio de 2025 en el que la jueza calificó de "erróneo" el informe oficial de la Guardia Civil sobre la cronología de los desbordamientos de la dana. "Esta descalificación resulta inconcebible en el marco de una instrucción penal", expone el escrito, que considera que esa actuación evidenció "el claro sesgo que mantiene la instructora desde el inicio del proceso".

La alegación de mayor gravedad institucional se refiere a la presunta participación activa en la causa del magistrado Jorge Martínez Ribera, esposo de la jueza Ruiz Tobarra. La defensa afirma que existen "más que indicios" de que este magistrado, "carente de la legal y necesaria competencia", habría accedido a información reservada del sumario y habría llegado a tomar declaración a víctimas durante la fase de instrucción.

Cabe recordar que esta denuncia no es nueva en el procedimiento, si bien el escrito de este martes aporta nuevas peticiones de diligencias: que el CGPJ requiera al letrado y youtuber Rubén Gisbert para que aporte las grabaciones de audio donde presuntamente se acredita esa participación, que se cite a declarar al propio Gisbert y a sus representados, y que se requiera el contenido íntegro de un chat de WhatsApp de familiares de víctimas en el que diversas víctimas afirmarían haber sido interrogadas por "un magistrado que no correspondía al juzgado instructor" y que se adjuntó a una querella ante el Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana (TSJCV), que ya descartó cualquier responsabilidad penal por esta participación.

El abogado de Pradas invoca incluso los Principios de Bangalore de la ONU y los Principios de Ética Judicial del propio CGPJ para instar al órgano a que "no permanezca ajeno ni un día más" a un modo de conducir la instrucción que, a su juicio, "no puede sino calificarse como impropio del ejercicio de una función jurisdiccional imparcial".

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